El Parlamento Europeo investigará el ataque del gobierno de Castilla y León a las organizaciones sindicales y al Diálogo Social

El Comité de Peticiones de la Comisión Europea ha acordado mantener abierta la petición de los sindicatos de Castilla y León contra las políticas de la Junta con respecto al Diálogo Social y pedirá más información al Gobierno autonómico formado por PP y Vox, aunque ha matizado que no observa “infracción legislativa” en el funcionamiento del Diálogo Social en esta materia.

Los secretarios generales en Castilla y León de CCOO, Vicente Andrés, y de UGT, Faustino Temprano, han intervenido este martes en el Comité de Peticiones de la Comisión Europea para defender una petición sobre la supuesta aplicación incorrecta de la legislación de la Unión en el diálogo social en la comunidad castellanoleonesa, con denuncias como la “destrucción” del servicio de mediación laboral, Serla.

La petición, como ha explicado la presidente del Comité, la europarlamentaria del PP Dolors Montserrat, se mantiene abierta gracias a los votos de los grupos de izquierdas y de Renew (del que forma parte Ciudadanos), frente a los 12 de los 'populares' europeos más los Conservadores y Reformistas (Vox). Asimismo, se ha propuesto a la Comisión que, ya que todavía no ha remitido el informe escrito sobre este asunto, solicite más información a la Junta de Castilla y León.

Tras la intervención inicial de Andrés y Temprano para explicar su queja sobre el quiebre del funcionamiento del Diálogo Social “por la vía de los hechos” desde que el consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta y representante de Vox, Mariano Veganzones, está en el cargo, ha tomado la palabra la representante del departamento de Empleo de la Comisión, Diana Krumpana, que ha explicado que han “tomado nota” de la situación pero que las instituciones europeas, por el momento, no tienen responsabilidad sobre el Diálogo Social en los estados miembros.

“Cuando hablamos del Diálogo social a nivel nacional o regional, no se inscribe dentro de las competencias de la Comisión garantizar su buen funcionamiento, sino que recae sobre la responsabilidad de los estados miembros”, ha detallado la representante de la CE, que ha precisado que si bien la Carta de Derechos de la UE recoge el derecho al convenio colectivo, se entiende que su cumplimiento recae en las autoridades españolas.

Eso sí, ha apuntado que toman nota de la petición y consideran que “teniendo en cuenta las competencias regionales que se apliquen en cada país” consideran que las medidas que tome el Gobierno regional “deben atenerse a las reglas”. “Si se vulnera la legislación regional o nacional, son los estados miembro y sus autoridades judiciales, los que tienen que garantizar el cumplimiento de ese ordenamiento jurídico”, ha matizado.

De este modo, Krumpana ha considerado que los sindicatos castellanosyleoneses han “seguido los procedimientos correctos” al dirigirse a los tribunales regionales.

La Comisión, “desgraciadamente” no identifica infracción alguna de la legislación comunitaria en cuanto al diálogo social en Castilla y León, ha concluido la representante de este organismo europeo. Tampoco lo hace en cuanto a lo relativo al desarrollo de los fondos europeos FSE+.

Tras recordar una recomendación de la UE que reclama a los estados miembros que “garanticen y faciliten el diálogo social bilateral y tripartito en el ámbito público y privado a todos los niveles, incluyendo a nivel regional”, la representante de Empleo en la CE ha apuntado que España no tiene en vigor recomendación alguna para mejorar esta faceta “ni se ha hecho referencia tampoco a ningún funcionamiento incorrecto” en Castilla y León de manera específica.

Los representantes sindicales han relatado en el Comité la situación que critican en cuanto a las políticas del Gobierno autonómico desde la entrada de Vox en el mismo y pese a que han reconocido que durante los 30 años anteriores esta materia tuvo un funcionamiento “ejemplar” en la comunidad. De hecho, Faustino Temprano (UGT) se ha referido a Juan Vicente Herrera (PP) como “un gran presidente”.

Sin embargo, ahora, ha enfatizado Vicente Andrés, mientras se avanza en diálogo social con consejerías dirigidas por representantes del PP, con el consejero de Empleo, que recuerda que “es el que tiene que velar por el diálogo social según el Estatuto de Autonomía”, se lo está “saltando día sí, día no”.

Así, ha apostillado que “no es que no se avance en nuevos acuerdos, es que acuerdos firmados por el propio presidente de la Junta de Castilla y León que tiene que cumplir el consejero de Empleo, no cumple absolutamente nada”.

A continuación ha intervenido la jefa de la Delegación del Gobierno Autonómico en Bruselas, Clara San Damián, que ha defendido la vigencia de los acuerdos del Diálogo Social y ha explicado que, en el caso de la mediación laboral y de la obligación a establecer “un mecanismo previo de conciliación o mediación laboral” ha defendido que este servicio queda “garantizado” con las nueve oficinas territoriales de Trabajo.

“Castilla y León cumple le ley”, ha enfatizado San Damián, que ha considerado que el Serla funciona como “complemento” y “por la buena relación que siempre ha mantenido la Junta con los responsables sindicales”.

Las subvenciones

El secretario general de Empleo de la Junta, Alberto Díaz Pico, ha interpretado que los representantes sindicales de la comunidad estaban este martes en Bruselas “para solicitar la reclamación de la devolución de sus subvenciones en el marco del diálogo social”, las cuales critica que sirven “para financiar su estructura y no el servicio que se presta a los ciudadanos”.

Según Díaz Pico, la llegada de Vox al Gobierno de la comunidad “supuso una reducción de 20 millones de euros en el primer año” en dicha materia.

En el debate posterior entre los grupos políticos se ha intensificado el intercambio de opiniones a ese respecto, especialmente entre el europarlamentario de Vox Jorge Buxadé, que ha llegado a reclamar a los sindicatos que “devuelvan el dinero de las mariscadas” y ha sido llamado al orden por la presidenta del Comité después de que la representante de Izquierda Verde Esther Sanz Selva haya criticado su falta de respeto.

La socialista Cristina Maestre ha planteado una propuesta de resolución, en defensa del diálogo social en la Unión Europea como “valor esencial de los valores democráticos y de derecho” que, ha advertido, se ven “amenazados con el Gobierno de la ultraderecha, de PP y de Vox”, en Castilla y León.