El presidente del Consejo Consultivo defiende la “buena salud” de la institución ante las críticas por su mandato caducado

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, ha defendido este lunes la “buena salud” de esta institución, cuya renovación ha sido reivindicada por varios grupos de la oposición, al estar su mandato caducado desde hace más de dos años, al igual que ocurre con el resto de instituciones propias de la Comunidad -Procurador del Común, Consejo de Cuentas y Consejo Económico y Social-.

Este debate ha resurgido este lunes en la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León, donde Sánchez de Vega ha presentado la memoria anual de la actividad del Consultivo en 2024, cuando emitió 531 dictámenes, una cantidad similar a la de años anteriores, mientras que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales -bajo su control- atendió 190 recursos con 185 resoluciones, en su mayoría sin implicar un recurso posterior ante los Tribunales de Justicia.

En el caso del PSOE, el procurador Luis Briones ha cargado contra la “cerrazón” del PP a la hora de renovar el mandato de los integrantes de esta institución, en un bloqueo que, si bien es “legal”, en opinión de los socialistas atenta contra la institucionalidad y se acerca a lo que ya ocurrió a nivel nacional con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Briones ha considerado que esta situación se debe a los “avatares políticos” de los últimos años, al comenzar la legislatura con un pacto PP-Vox y posteriormente estar el PP en minoría, que ha dado “la callada por respuesta” hacia el PSOE a la hora de renovar estas instituciones: “No les gustan las instituciones de control”, ha resumido.

Por su parte, el procurador del Grupo Mixto y exvicepresidente, Francisco Igea, ha negado la “buena salud” de la institución, a cuyos integrantes ve “intubados” por la caducidad de su mandato, “prolongado su vida artificialmente, conectados a las máquinas de las Cortes”.

Igea se ha adelantado al argumento que suele utilizar el presidente del Consultivo al afirmar que puede ser “todo lo sujeto pasivo que quiera ser”, pero ha añadido que “existen otras alternativas” y ha ironizado con que espera que la renovación se produzca antes de que el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), se incorpore a esta institución como expresidente para aportar su “experiencia y saber en Derecho”, lo que ha considerado como un “luctuoso hecho”.

Ante estas críticas, el presidente del Consultivo ha reiterado que los integrantes de esta institución son “sujetos pasivos” de una elección que deben acometer los grupos parlamentarios, en concreto PP y PSOE para conseguir al menos una mayoría de tres quintos de la Cámara: “Lo contrario sería pretencioso”, ha insistido Sánchez de Vega.

El presidente ha defendido que, pese a esa cualidad de “sujetos pasivos”, la memoria acredita que han sido “muy activos en el ejercicio de las funciones”, mientras que la prórroga de sus mandatos está prevista en la ley: “Intentamos hacerlo lo mejor posible”, ha resumido.

En la misma línea, Sánchez de Vega ha recibido el respaldo del Grupo Popular por voz de su procurador Miguel Ángel García Nieto, quien ha negado que se esté produciendo una situación “ilegal” por la prórroga de los mandatos, ni sus integrantes estén “intubados”, ya que no dejan de cumplir con sus funciones con “absoluta normalidad”.

García Nieto ha asegurado que la renovación de las instituciones propias de la Comunidad se abordará ahora, una vez que el PSOE ha creado una nueva dirección autonómica, “con mayor naturalidad y facilidad”.

Por su parte, la procuradora de Vox María Luisa Calvo ha reclamado a la institución “canalizar bien los recursos” porque ve excesiva la actividad del Consultivo para resolver asuntos de recursos sobre responsabilidad patrimonial y ha puesto en duda que los dictámenes se lleven realmente a la práctica, por lo que ha pedido un “mayor impacto” en la vida real de los ciudadanos.

En el caso del procurador de Soria Ya Juan Antonio Palomar, se ha mostrado preocupado por el reparto territorial de la actividad del Consultivo, con una menor actividad en asuntos relacionados con la provincia de Soria en comparación al del resto de provincias de la Comunidad.