El PSOE denuncia a la Junta de Castilla y León por la “grave negligencia” en la gestión de incendios forestales

El PSOE de Castilla y León ha presentado ya la denuncia en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad por la gestión de los incendios contra la Junta y que anunció el pasado miércoles en el Pleno de las Cortes. En el escrito, los socialistas hacen un relato de los hechos “considerando que pudieran tener relevancia penal”, y recogen todas las ocasiones, a lo largo de la legislatura anterior y la presente, en las que el gobierno autonómico se negó a tener un dispositivo de incendios todo el año.

A lo largo de este verano, en Castilla y León se han producido incendios forestales con resultados “catastróficos” para el medio ambiente y que han causado “daños humanos y materiales irreparables”. Así, recuerdan que el 15 de junio de 2022, como consecuencia de una tormenta seca, se inició un incendio que afectó a la Sierra de la Culebra que calcinó una superficie de más de 24.000 hectáreas. En los días anteriores, la Agencia Estatal de Meteorología, había lanzado una alerta por temperaturas extremas, con unas temperaturas máximas previstas de hasta 42 grados. Igualmente, lanzó un aviso un aviso especial de fenómenos adversos que incluía a la provincia de Zamora.

“Las altas temperaturas y los vientos en la zona provocaron una rápida evolución del incendio. Solo en las primeras 24 horas ardieron más de 10.000 hectáreas, según informaban los medios de comunicación. Al rápido desarrollo del fuego contribuyó la falta de medios de extinción. Este incendio se produjo quince días antes de la activación oficial del Plan contra incendios de la Comunidad Autónoma y el 75% de los efectivos al parecer no estaban disponibles para su despliegue. Y ello a pesar de las especiales condiciones meteorológicas anticipadas por la AEMET”, precisan en el escrito a la Fiscalía.

Autonomías que reaccionaron ante los avisos de la AEMET

El PSOE afirma que la reacción ante los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en las distintas Comunidades Autónomas o la consideración de la existencia de una situación climática nueva “llevaron a la mayoría de las Comunidades a anticipar la declaración del riesgo alto” y señala qué autonomías actuaron en consecuencia. “Mientras en Castilla La Mancha se declara el riesgo alto de incendio o en comunidades como como Extremadura se había adelantado el periodo de riesgo alto al 23 de mayo, o en casos como el Principado de Asturias en la que gran parte de su territorio ya se había declarado en la primera semana de mayo el riesgo alto, en la Comunidad de Castilla y León se mantuvo el nivel de riesgo medio”, lo que implicaba “tener operativos el 50% de los medios de extinción de incendios en la Comunidad Autónoma”. Sin embargo, apunta el PSOE “como recogen los medios de comunicación y manifiestan miembros de los equipos de extinción existentes, los medios de extinción de los que dispuso la Junta de Castilla y León no superaron el 25% de los existentes en la época de riesgo alto. Solo se declaró este nivel por orden de 22 de junio anticipándolo al 27 de junio. Cuatro días sobre el periodo normal y con graves incendios”.

El PSOE afirma que Castilla y León “no estaba en condiciones de afrontar un incendio como el que se inició en la Sierra de la Culebra el 15 de junio. Y ello pese a los precedentes”. En ese sentido recuerda los grandes incendios que sufrió la Comunidad en el verano de 2021: “uno en la misma Sierra de la Culebra, donde murió un bombero forestal y otro en Navalacruz en Ávila, donde se quemaron casi 22.000 hectáreas ante la insuficiencia de medios para controlar lo que empezó siendo un pequeño incendio ocasionado por un coche averiado”. Sobre este último, cita el atestado de la Guardia Civil, que “tras un minucioso trabajo de investigación” concluyó que se podía deducir “hipotéticamente” que “de haber tenido en cuenta todas las condiciones desfavorables de la jornada del día 14 de agosto, así como las advertencias de los alertantes en cuanto a la gravedad que suponía el incendio del vehículo y al riesgo existente de la propagación del fuego al monte, y de haberse alertado por ello también al CPM, este podría haber activado la aeronave antes citada, existiendo, visto el tiempo de reacción de la misma, posibilidades de que el incendio no hubiese llegado a producirse o su dimensión hubiera sido mínima.”

De acuerdo con el atestado, la Junta de Castilla y León ya había “comunicado mediante nota de prensa (comunicación.jcyl.es), en la que declara alarma de riesgo de incendios forestales 'por causas meteorológicas los días 14, 15 Y 16 del referido mes en toda la Comunidad Autónoma”. El PSOE destaca que se habla de “alarma” y no de “alerta” como “suele ser habitual en época estival o en algún otro periodo concreto, cuando las condiciones climatológicas son propicias para la generación de un incendio”. Por ello concluye que “No existió una adecuación entre el nivel de riesgo existente y las actuaciones preventivas y los medios disponibles para atender un eventual incendio. Esta situación se repite nuevamente en el incendio de la sierra de la Culebra”.

Insuficiencia de medios que se advirtió un año antes

La insuficiencia de medios en protección ambiental, asegura, era general, y estaba siendo puesta de manifiesto por los propios funcionarios de la Consejería. En un escrito firmado por todos los técnicos y Jefes de Sección de Protección Ambiental, firmado el 11 de junio de 2021, ya avisaban de que “con los medios actuales, no hay garantías suficientes para realizar de forma correcta la protección medio ambiental encomendada a las secciones de protección ambiental”. Esta situación se extiende también a las actuaciones de prevención y extinción de incendios, como se ha puesto de relieve por el propio personal que tiene atribuidas estas funciones.

 El PSOE ya pidió en la X legislatura de las Cortes (2019-2021), a través de una moción, que se declarase época de “peligro alto de incendios” cuando las condiciones climáticas lo determinasen “incluso antes del 1 de julio y si es necesario se amplíe hasta después del 30 de septiembre cuando las condiciones técnicamente estén justificadas”. Solicitaban también “planificar e incorporar desde el prier día de declaración de peligro alto de incendios todos los puestos de vigilancia, los camiones de incendios, las cuadrillas terrestres y helitransportadas” y nombrar en la época de “peligro alto de incendios” los técnicos y agentes medioambientales de guardia de incendios por Comarca necesarios para cada jornada. La propuesta se rechazó con los votos de PP y Ciudadanos, socios de gobierno en ese momento.

En esa misma legislatura el PSOE presentó otra moción en la que destacaba “la obstinación del Consejero de Medio Ambiente en desmantelar; año tras año, el operativo de extinción de incendios, con la privatización, además de precarizar las condiciones laborales y de seguridad de sus integrantes, hace que el dispositivo sea más ineficiente y menos eficaz”. Los socialistas volvieron a instar a la Junta a a ampliar la duración a todo el año natural del dispositivo de extinción y prevención de incendios y a adoptar “con carácter inmediato” las mismas medidas que intentó sacar adelante en la moción anterior además de otras relacionadas con la situación laboral de los integrantes de los operativos. Nuevamente, el Partido Popular y Ciudadanos la bloquearon con sus votos.

El PSOE también presentó en las Cortes una Proposición No de Ley (PNL) en el mismo sentido, y también fue rechazada. Lo mismo que otra PNL sobre el incendio de Navalacruz en la que advertían de los avisos por el cambio climático que había dado la ONU, que precisaba que las consecuencias del cambio “solo serán mitigables con hábitos, legislación y medidas que habrán de implementarse con absoluta inmediatez y en el marco de una declaración de alerta climática”.

En esta nueva legislatura, en la que son socios de Gobierno PP y Vox, el PSOE presentó otra moción, insistiendo en tomar medidas tras los incendios del verano de 2021 en Navalacruz y Cepeda de la Mora (Ávila), donde quedó “evidenciada de forma paradigmática la carencia de medios humanos y materiales, la falta de una óptima coordinación de los disponibles de la Junta de Castilla y León, cuya negligente actitud fue compensada por el extraordinario desempeño de profesionales y voluntarios del precario operativo autonómico y la cooperación institucional del resto de comunidades autónomas intervinientes junto a la Administración del Estado, y de manera singular la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, UME”.

Concluyen los socialistas que la Junta de Castilla y León “estaba siendo avisada de forma reiterada de la nueva situación que se estaba produciendo y de la necesidad de adoptar las medidas adecuadas para evitar incendios forestales mediante actuaciones preventivas y de disponer de medios adecuados para su extinción de la forma más rápida y segura posible. Para ello se insistía en la necesidad de tener activado el dispositivo de extinción de incendios durante todo el año natural, sin que en ningún momento llegase a adoptar medida alguna en este sentido a pesar de ser conocedora del grave incremento del riesgo que se había producido”. La actitud “gravemente negligente” de la Junta “ha supuesto que el medio ambiente de la Comunidad y sus habitantes hayan sufrido graves daños tanto económicos como personales, sin que por la Consejería de Medio Ambiente se haya adoptado medida alguna para hacer frente a esta nueva situación y los nuevos y mayores riesgos que, como está sobradamente demostrado, se han puesto de manifiesto”.

Un contrato de comunicación para la pareja de un funcionario

Así, subrayan que las actuaciones de la Junta de Castilla y León se han centrado en otros ámbitos como el de la comunicación y que el pasado mes de febrero la Consejería de Medio Ambiente adjudicó el servicio de comunicación del operativo de incendios por importe de 100.000 € a través de procedimiento negociado sin publicidad a la pareja de un Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, como publicó elDiario.es. “Lejos de atender las necesidades del operativo de extinción se atiende la imagen de la Consejería a través de los servicios de comunicación”, apuntan.

 Un mes después del incendio en la Sierra de la Culebra, el 15 de julio de 2022, “como consecuencia de una tormenta seca, nuevamente fenómenos meteorológicos asociados a la actual situación de emergencia climática”, se inició un nuevo incendio en la localidad de Losacio (Zamora), que afectó nuevamente a la Sierra de la Culebra. Este incendio arrasó 30.000 hectáreas de la Sierra de la Culebra, produjo tres muertes y miles de personas fueron desalojadas de sus casas, y en este caso, “nuevamente, se puso de manifiesto la insuficiencia de medios de los servicios de extinción, imposibilitando una actuación suficientemente rápida para evitar el rápido desarrollo del fuego”.

“Se deduce una grave negligencia de la Consejería de Medio Ambiente”

En todos estos casos, la consejería competente en la Junta de Castilla y León era la que ostentaba las competencias en materia de Medio Ambiente, actualmente la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, cuyo titular es Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández. El PSOE señala que de la descripción de los hechos “se deduce la existencia de una grave negligencia por parte de la Consejería de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio que, pese a conocer la existencia de un riesgo agravado de incendios en la Comunidad Autónoma, no adoptó medida alguna encaminada a prevenir estos y a disponer de los medios suficientes para que las tareas de extinción, en su caso, pudieran abordarse con rapidez y con eficacia, con el riesgo que ello suponía para las personas, para el medio ambiente y para los bienes”

El PSOE remarca que la existencia de ese riesgo se puso de manifiesto “de forma constante, en sede parlamentaria” y a través de la centrales sindicales, que han denunciado “la precarización de los servicios de extinción de incendios, la carencia de medios que padecen y la falta de adecuación de las campañas de prevención y extinción a la situación actual de emergencia climática con una acumulación de fenómenos meteorológicos extremos que incrementan las cotas de riesgo durante la totalidad del año”.