Un año atrapados en el caos burocrático entre el Gobierno y Castilla y León por el ingreso mínimo vital

“Solo necesito un empujón para salir del agujero, pagar deudas y buscarme la vida”. Enrique, Aurora (nombres ficticios) y sus dos hijos pequeños (de cinco y dos años) llevan un año atrapados en el caos burocrático para pedir el ingreso mínimo vital (IMV) del Gobierno de España o su equivalente de Castilla y León, la renta garantizada de ciudadanía (RGC).

Enrique es técnico de informática en Burgos. Estaba cobrando la renta autonómica hasta que le ofrecieron un trabajo a media jornada en Cruz Roja asesorando a personas que acudían a la organización en 2019. En enero de 2020, se le acabó el contrato y poco después comenzó la pandemia, por lo que no le renovaron.

Empezó a cobrar un paro de unos 200 euros –de enero a abril– más una ayuda por tener hijos a cargo de otros 200 euros al mes. Esta ayuda sería reemplazada por el ingreso mínimo vital. “Dijeron en la televisión que nos darían el ingreso mínimo automáticamente al tener las ayudas por hijos a cargo. Como no nos la dieron, la pedimos en junio”, relata Enrique. Es en verano “cuando todo se desmorona”. Los pocos ahorros empiezan a mermar y las deudas se acumulan. “Mi casero me decía que tenía que pagar el alquiler y yo le iba pagando en cuanto me llegaba cualquier dinero. Hemos pedido ayuda, recibido alimentos, cheques, ayudas de urgente necesidad del Ayuntamiento”... enumera. “Eso es pan para hoy y hambre para mañana”, se entristece.

El casero ha pagado algunas facturas de la luz y el agua

Van pasando los meses y la espiral es cada vez más grande. El casero de Enrique y Aurora, explican, ha llegado a pagar las facturas de la luz y del agua para que no se quedaran en la calle. “Hay gente que lo entiende más o menos... pero tenemos deudas para pagar la casa o el seguro del coche. Algunos son más humanos y llegas a un acuerdo con ellos, que no tienen por qué entenderlo. Mi casero es la mejor persona del mundo y se ha portado muy bien”, destaca Enrique, quien afea a las administraciones públicas que “no atengan a razones”. “Su solución es meterte en cursos, orientaciones... yo los he hecho e impartido. Y en muchos te dicen que tienes que tener ánimo, que si la resiliencia, que tienes que renovarte... yo en el confinamiento me saqué un curso de formador de formadores, pero nada. Ni de peón de fábrica...”, lamenta emocionado este joven de 33 años.

Aurora, él y sus dos hijos viven en un piso de 45 metros cuadrados en las afueras de Burgos, con un salón cocina y una única habitación para los cuatro. “Hace siete años, cuando nos fuimos a vivir allí, era nuestro nidito de amor, pero ahora estamos hacinados”, valora.

En noviembre de 2020 el Gobierno desestima su petición porque en 2019, entre el contrato a media jornada y algunas ayudas como la de vivienda, la familia de Enrique y Aurora superó el límite de 10.000 euros de ingresos. En 2019 ingresaron 12.987 euros, pero en 2020 los ingresos fueron inferiores. “Pedimos la ayuda cuando la necesitamos, en 2020, no en 2019. A mí qué más me da qué cobrara en 2019, que ya estaba apuradillo, si ahora tengo todos los gastos... Pero claro, como tuvimos que pedir más ayudas para no morir de hambre...”, reprocha Enrique.

Entonces, deciden alegar y pedir a la Administración que tuviera en cuenta los datos de 2020 y piden la renta garantizada de ciudadanía, la renta mínima que gestiona el Gobierno autonómico de Castilla y León: de nuevo envío de documentación, más requerimientos y un largo etcétera.

Año nuevo, petición nueva

Llega 2021 y la familia de Enrique y Aurora siguen con una petición de mediados de 2020 que tiene en cuenta los ingresos de 2019. Mientras, las visitas a Cáritas son prácticamente diarias y el Ayuntamiento de Burgos ya ha tenido que inyectarles dos ayudas de urgente necesidad para pagar el alquiler y otras “necesidades básicas de subsistencia”. En enero de 2021, la reclamación del ingreso mínimo vital es desestimada porque Enrique está cobrando un complemento del subsidio de desempleo por tener hijos menores de edad: 200 euros al mes. “Mi declaración de la renta de 2020 es de 3.000 euros”, apunta.

Mientras, va avanzando la tramitación de la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León. Según relata Enrique, la Junta le insta a volver a pedir el ingreso mínimo vital porque, como ya es 2021, se tendrán en cuenta sus ingresos de 2020. “Después de cinco requerimientos y cuatro meses esperando, me dicen que tengo que esperar a que me contesten del IMV otra vez”, protesta.

En marzo de 2021, la Junta suspende el procedimiento hasta que el Gobierno decida qué sucede con el IMV. En unos correos electrónicos posteriores a esta resolución, la Junta plantea que el IMV fue “inadmitido”. “Como no es una denegación, lo ha vuelto a solicitar en febrero de 2021 y actualmente está todavía sin resolver. En el caso de que el INSS le denegara esta nueva solicitud, podrá solicitar la RGC [la renta autonómica] haciendo constar que se le ha denegado el IMV y se tramitará a la mayor brevedad posible”. “Todo este enredo burocrático no me ha servido de nada”, siente este burgalés.

Última actualización: 18 de mayo de 2021. Esta vez sí, les conceden el ingreso mínimo vital, pero es una alegría amarga. 308 euros al mes. “Tenemos dos hijos pequeños. Si el ingreso mínimo vital es de 10.700 euros al año (890 euros) y yo recibo esos 200 euros por hijos a cargo... ¿Cómo puede ser que no me den la diferencia?”, reprocha Enrique.

“Es una trampa. Ayudan más a los que no tenían nada cotizado”

Enrique siente rabia y decepción tras todos estos meses de lucha. “Yo he estudiado, me saqué el título mientras trabajaba en seguridad. He trabajado de carpintero, electricista... Soy huérfano, no tengo quién me ayude y mis suegros cobran una pensión muy baja. Pero como he trabajado y tengo un poco de paro, no me dan la ayuda. Han ayudado mucho más a los que no tenían nada cotizado, que me parece lógico, pero para mí lo normal es que me ayudes más o por lo menos igual que a los que no han cotizado”, reflexiona.

Enrique se pregunta qué hará si ahora encuentra otro trabajo a tiempo parcial. “Yo renuncié a la renta garantizada de 700 euros por trabajar por menos dinero porque lo vi como una oportunidad. Ahora si me ofrecen algo, ¿qué hago? Fomentan que te aproveches del sistema y de las ayudas. Hay que elegir entre sobrevivir y ser buena persona”, afea.

Este burgalés cree que, si no hubiera sido por el ingreso mínimo vital, hace meses habrían recibido la renta autonómica. “Para la renta garantizada te pedían la vida laboral, la tarjeta del paro y documentación que muestre que no recibes más ayudas o que no tienes patrimonio... Tardaban tres o cuatro meses y luego incluso te daban los atrasos. Pero esto es una trampa. Las personas que ya tenían ayudas anteriores y que cobran algo en B no han tenido problemas, pero los que nos hemos quedado sin trabajo en 2020 hemos quedado indefensos”, protesta Enrique, que cree que el “incoherente y loco” es él por pedir un “empujón” a las personas que “han demostrado que pueden valerse por sí mismas”.

La crítica de Enrique va más allá del ingreso mínimo vital o la renta garantizada: cuestiona el sistema de ayudas español. “Es como en las ayudas al alquiler de vivienda de la Junta. La pides en abril y necesitas demostrar que no tienes dinero para pagar el alquiler. Luego pasan siete u ocho meses en lo que lo tramitan y después te piden los recibos de que has pagado todo el año, y en otros meses te hacen el ingreso. Son ayudas para el que no lo necesita, porque el que lo necesita se ha quedado en la calle antes”, comenta. “Si alguien lo necesita ahora, lo que habría que hacer es enviarle el dinero y pedirle que te justifique ese gasto, que se verifique dónde va el dinero y no este lío burocrático”, protesta.

Enrique ha trabajado ayudando a familias con toda la burocracia administrativa, está acostumbrado a la jerga y conoce las nuevas tecnologías. Pero ¿qué pasa con los iletrados, los extranjeros o las personas mayores que no tienen quien les oriente? Caos burocrático.