Aprobado el decreto que reforzará la protección de los menores de edad en situación de riesgo o desamparo

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno este jueves al Decreto que modifica el texto de 13 de noviembre de 2003 para reforzar los protocolos de protección de los menores e “ir un paso más allá” de modo que ningún menor con sospechas o evidencias de maltrato abandone el hospital hasta que exista una resolución por parte de las autoridades competentes que hayan valorado el caso.

El principal objetivo de esta modificación normativa es aumentar los mecanismos de detección y potenciar las actuaciones de protección a la infancia en base a una labor coordinada de todos los profesionales implicados, uno de los retos de Legislatura que, según ha lamentado la consejera de Familia, Isabel Blanco, se ha visto aparcado hasta ahora por las consecuencias de la pandemia del coronavirs.

Según los datos aportados por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, durante 2020 se recibieron en Castilla y León 1.296 notificaciones por parte de personas o profesionales que detectaron posibles situaciones de maltrato a menores y que se tradujeron en 649 investigaciones. “Por eso entendemos que la norma aprobada hoy es importante”, ha reivindicado Blanco que se ha mostrado “orgullosa” tras haber podido sacar adelante finalmente este objetivo del Gobierno autonómico.

Para poder adoptar las medidas y actuaciones necesarias para proteger a los menores de edad se establecen los cauces y mecanismos administrativos de coordinación a través de la Red Centinela para que cualquier persona “y, en especial quien por su profesión, función o responsabilidad, detecte una situación de riesgo o posible desamparo de un menor”, lo ponga lo más rápidamente posible en conocimiento de la Entidad Pública de Protección, directamente o a través de quien pueda hacerle llegar esa información.

Blanco ha explicado que para evitar casos de maltrato y desprotección en menores es “imprescindible” un sistema coordinado de actuación interinstitucional e interadministrativa para facilitar la detección y comunicación por particulares (incluso menores de edad) o notificación por profesionales y autoridades, en general, o del ámbito sanitario y de los servicios sociales.

De este modo, cualquier persona que detecte una posible situación de riesgo o de desamparo de un menor de edad deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes o de sus agentes más próximos. Para facilitar el cumplimiento de la citada obligación, se ponen a disposición de los particulares “distintos mecanismos” en función de que la situación implique o no un riesgo o peligro actual o inminente para la vida o la integridad física del menor.

Cuando la situación detectada no implique un riesgo o peligro actual o inminente para la vida o la integridad física del menor de edad, la comunicación podrá realizarse a través de diversos medios: los centros de acción social dependientes de las corporaciones locales, bien por escrito, por teléfono, de forma presencial o electrónica; a través del servicio de atención al ciudadano 012 o electrónicamente, a través del formulario de notificación accesible desde la web de los Servicios Sociales de Castilla y León y desde la app 'Infancia CyL'.

Isabel Blanco ha insistido en que en el caso de que la situación detectada pueda implicar un riesgo o peligro actual o inminente para la vida o la integridad física del menor de edad, la comunicación podrá hacerse de forma urgente a través del teléfono de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

A esto ha añadido que cuando la comunicación de una posible situación de maltrato se realice de forma anónima, se aportará “información suficiente” para permitir la identificación y localización del menor.

La Entidad Pública de Protección informará a los órganos jurisdiccionales, al Ministerio Fiscal y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los centros de acogida existentes en cada provincia para facilitar la ejecución de las medidas adoptadas.

Además, los centros de acogida del sistema de protección a la infancia, que estarán disponibles todos los días del año durante las veinticuatro horas del día, realizarán la función de atención inmediata o de urgencia de menores de edad en situación de grave riesgo de desprotección, hasta que por la Entidad Pública de Protección se adopte la resolución que proceda.

Finalmente, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente decreto, los órganos competentes de los ámbitos educativo, sanitario y de servicios sociales actualizarán sus protocolos de actuación ante posibles situaciones de riesgo o desamparo de menores de edad, a fin de adecuar su contenido a las previsiones en él contenidas.

Asimismo, los Colegios Profesionales de Castilla y León impulsarán la sensibilización, información y formación de sus colegiados sobre la transcendencia de la detección de posibles situaciones de riesgo o desamparo que afecten a menores de edad y de las que conozcan en razón de su actividad, así como de la inmediata y adecuada comunicación y notificación de las mismas.