Unos 200 empleados públicos se han concentrado este jueves ante la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León para reclamar avances en el proceso de reclasificación profesional de hasta 8.000 de ello, pendiente desde que se firmó el convenio en julio de 2023.
Los representantes sindicales se han quejado de que la “buena voluntad” expresada por ellos en las mesas negociadoras no ha tenido respuesta por parte de la Consejería de la Presidencia, según ha denunciado la representante de la UGT, Pichu Pombero, en declaraciones a EFE.
“Nosotros desde luego no tenemos mala fe negociadora, él no ha cumplido su palabra porque firmó un convenio donde la reclasificación estaba puesta y firmada para el 1 de enero del 2025 y seguimos a fecha de hoy sin reclasificación”, ha lamentado.
Por su parte, el coordinador del Sector Autonómico de CCOO, Juan Carlos Hernández, ha remarcado que aunque esta reclasificación afecta actualmente a unos 8.000 trabajadores, los más de 13.000 que forman parte del colectivo de personal laboral de la Junta se verán afectados por el desarrollo de mesas de negociación derivadas de las reclasificaciones.
Hernández ha lamentado que “se hizo un acto muy vistoso con todos los medios en los que se apuntaba el tanto de firmar un convenio que es importante y que todos estábamos satisfechos, pero dos años después” siguen “reclamando sentarnos a negociar”, lo que ve “totalmente kafkiano”.
Por último, el coordinador regional de Personal Laboral de CGT, Alberto García, ha lamentado que ni siquiera la Junta ha cuantificado el presupuesto que tendrá que destinar para este fin, pese a haber asumido su cumplimiento: “No hemos recibido un planteamiento por escrito ni una propuesta”, se ha quejado.
“Hay una mejora en la calidad, ese servicio se está dando, se está ofreciendo, pero lo que no se ha hecho y se ha producido es esa reclasificación”, ha criticado García.