La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid ha dictado auto de transformación de procedimiento abreviado contra la familia Morchón y los trabajadores de la funeraria Castellana.
La instructora del caso del 'cambiazo' de los ataúdes sienta también en el banquillo al denunciante de la trama, Justo M.G, extrabajador de la funeraria que se ocupaba de las cremaciones en el cementerio privado de Santovenia y que chantajeó al propietario de la empresa de pompas fúnebres, recientemente fallecido y quien también fue investigado en esta causa, según la información avanzada por el Norte de Castilla y recogida por Europa Press.
La instructora del procedimiento judicial, abierto desde 2017 en el marco de la Operación Ignis, considera que hay indicios suficientes de un delito continuado de estafa agravada y/o apropiación indebida, blanqueo de capitales, profanación de cadáveres y pertenencia a organización criminal.
La magistrada encausa como responsables civiles a las entidades mercantiles Agencia Funeraria Castellana y Parque El Salvador y da traslado de las actuaciones al ministerio fiscal y a las acusaciones personadas, que representan a cerca de 6.000 fallecidos cuyos féretros destinados a la incineración, supuestamente, fueron cambiados por otros de menor valor para ser reutizados los más caros para obtener un beneficio ilícito.
En su auto, de 283 folios y que recogen hasta un total de 25.000 acontecimientos, la instructora da plazo de cincuenta días a los representantes legales de los damnificados para que presenten escrito de acusación.
El Juzgado de Instrucción 6 da así por finalizada la investigación iniciada a finales de enero de 2019 sobre la supuesta sustitución de féretros por otros de mucho menor precio antes del proceso de incineración por parte de un total de veinticinco personas, entre miembros de la familia Morchón, propietaria del negocio funerario, y empleados del grupo. El periodo analizado comprende entre 1995 y 2015 y habría cerca de 6.000 afectados.
El propietario del negocio, Ignacio Morchón Alonso, de 75 años, ya fallecido permaneció en la cárcel hasta que garantizó una fianza hipotecaria de 800.000 euros, mientras que sus hijos, que también llegaron a permanecer presos, recuperaron igualmente con anterioridad la libertad una vez abonadas fianzas hipotecarias por valor de otros 800.000 y 200.000 euros, respectivamente.