La ley antihomofobia de Catalunya sigue sin desplegarse dieciocho meses después
El Observatorio contra la Homofobia (OCH) ha hecho público su estudio sobre el estado de la LGTBIfòbia en Catalunya el año 2015 con sensaciones contrapuestas. A pesar de la victoria que supuso la aprobación el 2 de octubre de 2014 en el Parlamento la ley 11/2014 (pionera en Europa para la lucha LGTBI), esta sigue sin desarrollarse por falta de voluntad política. Dieciocho meses de delay que el director de la OCH, Eugeni Rodríguez, ha atribuido al anterior Gobierno de CiU, que “a pesar de votar a favor no ha apostado políticamente para la implementación de la ley”. “CiU ha secuestrado la ley”, ha espetado Rodríguez.
La ley establece un régimen de infracciones y sanciones, como método coercitivo para poner fin a la impunidad de los agresores y para complementar la simple denuncia administrativa, pero en la práctica no ha quedado desarrollado: “Es una ley administrativa, no hay un juicio ni un juez... Por tanto, la ley 11/2014 implica hacer un reglamento”, ha matizado Rodríguez este mismo miércoles en comparecencia. Desde la OCH se reclama “de forma urgente” un decreto para la validación de un reglamento que desarrolle este régimen de infracciones y sanciones. Cabe destacar que un 31% de los casos registrados de homofobia acaba en agresiones físicas o verbales, por ello se necesita un régimen sancionador.
“Se debe destinar dinero, esto debe ser una prioridad. No podemos hacer esta tarea con menos de 10.000 euros”, se ha lamentado Eugeni Rodríguez sobre la financiación de la ley 11/2014. Además, según la organización, sigue habiendo una falta de comunicación y se debe seguir trabajando en un protocolo claro; están produciendo alianzas con ayuntamientos y contactos con los Mossos para que las denuncias se puedan realizar en cualquier institución pública, a pesar de ser un trámite de carácter administrativo.
Desde octubre de 2015, la OCH ofrece un servicio de atención psicológica a las víctimas de LGTBIfòbia, a cargo de dos psicólogas voluntarias, que intentan paliar las necesidades psicológicas y emocionales de las víctimas. Este servicio se encuentra en activo, con buena acogida según su coordinadora, Mireia Navarro, a pesar de la necesidad de dotarlo de más infraestructura.
Menos denuncias pero más rigurosas
Según el informe presentado este miércoles en la sede del OCH, en líneas generales se han producido menos denuncias que en años anteriores. En el año 2014 fueron cerca de 400 y este año han sido un total de 113, los casos denunciados; esto se explica por el cambio de procedimiento en la indexación de las denuncias. Hasta ahora cualquier caso era recogido como denuncia, se trataba de una recopilación de datos “activista” -así la ha tachado Rodríguez- y desde el 2015 se ha fortalecido el sistema con el objetivo de proporcionar datos de la máxima fiabilidad posible.
“Antes se quejaban de que nos inventábamos los casos, es por eso que ahora, para que una denuncia sea efectiva, se pide información como el nombre del agresor, la víctima o la localización... Además, para que sea admitida la denuncia, debe pasar por el consenso de todo el equipo de la OCH”, destaca Eugenio Rodríguez.
“Hay un porcentaje elevado de víctimas que quieren denunciar su caso a la OCH pero no a la administración. Sigue habiendo un miedo atávico”, ha agregado Rodríguez. Este hecho hace que muchas denuncias se queden por el camino; mucha gente simplemente quiere notificar la agresión por no dejar constancia por escrito. También hay quien simplemente se cansa del procedimiento: “Se necesita una fórmula más clara”, ha matizado el director de la OCH. Desde la misma organización se ha adoptado esta política de indexación para dar “garantía estadística internacional” a sus datos. La OCH ha añadido que Barcelona presenta una incidencia de denuncias por LGTBIfòbia del 51%, un dato similar a la recogida de antes de 2015, pero igualmente preocupante.
A pesar de las limitaciones para extraer conclusiones precisas, desde la OCH también se hace énfasis en el cambio de perfil de los denunciantes: si bien antes, cuando la recogida de datos no era tan específica, la mayoría de personas que se dirigían a la OCH eran hombres gays o bisexuales de mediana edad, ahora un 55% responde a este perfil. Además, el espectro se ha ampliado: hay más mujeres lesbianas y transexuales que denuncian. También se han diversificado los ámbitos de denuncia.
Por otra parte, por primera vez no se ha registrado ninguna denuncia relacionada con el cruising. En cambio han crecido las quejas por homofobia, transfobia o bifobia en Internet, sobre todo en el caso de redes sociales como Twitter, donde es complejo intervenir: las rogatorias deben realizarse al estado de California.
Buena sintonía con el actual gobierno
El derecho a la reproducción asistida para mujeres lesbianas y bisexuales es otro de los aspectos que marca la ley 11/2014 y que hasta ahora tampoco ha encontrado respuesta institucional. La situación con el actual gobierno parece que cambiará esta tendencia, sin embargo. “Tenemos el compromiso firme de Toni Comín que, antes de junio, los derechos sexuales y reproductivos no se recibirán como una agresión sino como un servicio”, ha dicho Rodríguez. Las deficiencias en el acceso a la salud de las personas LGTBI es uno de los aspectos más denunciados por la plataforma.
Una de estas reclamaciones en materia de salud es la insistencia en dejar de tratar a las personas transexuales como personas con disforia de género. Las personas transexuales siguen vulneradas en este aspecto, según el observatorio. “No puede ser que se hayan practicado 15 intervenciones de 200 que hay en lista de espera. [Información del Síndic de Greuges, con datos de 2014] Eso sí, por 14.000 euros te lo hacen... Lo sentimos, pero los derechos no pueden ser clasistas”, ha denunciado Eugeni Rodríguez.
No están habiendo las mismas facilidades con la Conselleria de Ensenyament, con quien no se han podido reunir, a pesar de la creciente preocupación por los casos de bullying (se han documentado ocho) y su tratamiento “deficiente” en el ámbito educativo: “No se está diagnosticando la persona LGTBI, se le está expulsando del instituto. Son personas que están sufriendo y cayendo en problemas. Debemos dar un servicio integral y hacer un acompañamiento en el centro y para las familias. Necesitamos un protocolo clarísimo para saber cómo funcionar”.
