Barcelona ha presentado una nueva estrategia para descongestionar los Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU), el servicio pensado para personas o familias vulnerables que han sufrido un desahucio y que no disponen de red ni de alternativa habitacional.
Se trata de habitaciones en pensiones u hostales que acogen a unas 2.770 personas y que, aunque están pensados para ser una ayuda que no dure más de seis meses, actualmente el 63% de los usuarios supera este máximo. Para evitarlo, el Ayuntamiento ha decidido cambiar el enfoque y priorizar las prestaciones económicas para que las familias afectadas “recuperen su autonomía” y puedan encontrar un lugar propio en el que vivir.
A este efecto, el consistorio ha creado una nueva ayuda que arrancará este julio como prueba piloto con 400 casos. Equivale a un ingreso mensual durante un año de 800€ para personas solas o parejas y de 1.500 para familias con uno o más hijos. “Queremos ofrecer oportunidades para que desarrollen un itinerario propio”, ha expresado la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento, Sonia Fuertes.
Los beneficiarios serán las personas que lleven más de seis meses en un ATU, que sean solicitantes de una Vivienda de Protección Oficial y acepten un acompañamiento por parte de los Servicios Sociales. Esta última parte es clave para el Ayuntamiento porque, aseguran, para que esta “empancipación” funcione, se deben tener en cuenta las especificidades de cada perfil. “Hay gente que sí puede mantener una vivienda propia, pero necesitan un pequeño empujón para encontrar un buen lugar y saber gestionar los ingresos”, añade Fuertes.
De hecho, el acompañamiento es tan central que no acabará cuando se agote la prestación, de tal manera que la familia seguirá contando con ayuda de Servicios Sociales para poder organizarse y seguir pagando el alquiler una vez deje de recibir el insumo. Además, se contempla que tanto la prestación como la asistencia profesional sigan aunque la persona beneficiaria encuentre una vivienda fuera de la ciudad de Barcelona.
Ahora bien, el Ayuntamiento reconoce que no todas las personas que viven en alojamientos de urgencia son capaces de gestionar una ayuda económica que les permita ser autónomos. Para esos casos, se priorizará la derivación a los Centros de Estancias Breves. Se trata de equipamientos con equipos socioeducativos especializados y acompañamiento continuado.
“Están pensados para personas solas o parejas sin hijos que tienen riesgo de caer en situaciones de soledad no deseada o dificultades sociales. Para ellas, estar temporalmente en un centro, con espacios comunes y profesionales, pueda ayudarles a ganar autonomía”, aseguran desde el consistorio.
Servicio “colapsado” y listas de espera
Estas medidas se suman al presupuesto de 38 millones con el que está dotado el servicio de urgencia habitacional del Ayuntamiento de Barcelona, que desde hace dos años ha aumentado en un 50% el monto dedicado a ayudas y prestaciones. Con este cambio se busca descongestionar la vía de los ATU, un servicio “básico” pero “colapsado”, según reconocen fuentes municipales.
Los alojamientos de urgencia actualmente acogen a 2.770 personas y cada mes tienen una lista de espera de unas 48 nombres. A ellas habría que sumar otros colectivos que viven en situación de calle o infravivienda, así como personas que han sido desahuciadas pero, a pesar de estar en situación de vulnerabilidad, no cumplen los requisitos de los ATU. En total, el Síndic de Greuges (Defensor del pueblo) de Barcelona calcula que son 2.860 personas. Es decir, más de las que actualmente acceden a este servicio.
A medidados de junio, este organismo publicó un informe en el que apuntaba a la necesidad revistar este servicio de urgencia y de crear más plazas. Para ello, proponía usar parte de los pisos turísticos que en 2028 se quedarán sin licencia, así como invertir la tasa turística para aumentar su financiación y mejorar sus instalaciones.
En esta línea, aseguraba que su estado es “deficiente, con costes elevados y baja calidad”. Esta es una de las mayores quejas de los usuarios de ATU, que remiten a que los alojamientos son, en realidad, habitaciones de pensiones u hostales que, en la mayoría de casos, no tienen cocina e, incluso, a veces ni baño privado.
Esto, según el Síndic, es “especialmente grave” si se atiende a la composición de los usuarios de ATU: en el 64% de ellos hay presencia de menores, en el 33% hay casos de discapacidad o dependencia moderada y en el 16% problemas de salud mental.
Además, el Síndic también critica su gestión que, ahora mismo, depende de operadores turísticos que tienen la propiedad de las pensiones u hostales. Y estos, a su vez, se deben coordinar con el Ayuntamiento o las entidades del tercer sector que hacen el seguimiento de los usuarios. Con todo, el Defenso del Pueblo asegura que la situación no cumple los requisitos mínimos indispensables.
Desde el Ayuntamiento coinciden en parte con ese diagnóstico y reconocen que el servicio tiene un “tensionamiento alto” y que, ante la falta de alternativas habitacionales efectivas, hay familias que están en alojamientos de urgencia desde hace más de 4 años. Aseguran que estos plazos “vulneran los principios de temporalidad, dignidad, promoción y autonomía que debería inspirar cuaquier servicio de alojamiento público”.
Pero, a la vez, alertan de que la “intensificación sin precedentes de la crisis de la vivienda”, que el año pasado acabó provocando 1.331 desahucios en Barcelona, el número de personas que necesitan este servicio “no se van a reducir” en el corto plazo.
Es por eso que, en lugar de apostar por abrir más plazas, el consistorio va a apostar por la “autonomía de los usuarios” otorgándoles prestaciones económicas. Una vía que, aseguran, “genera mejoras substanciales en el bienestar y en la reducción de la dependencia institucional” y, además, “son más económicas que una plaza de urgencia”.