La crisis del gas desencadenada entre Rusia y Ucrania en enero de 2009, pero con importantes repercusiones en la UE, puso en el centro del debate la dependencia y la seguridad energética de Europa. Este es un debate que sigue vigente, y más ahora, que los diferentes estados de la UE buscan un mayor equilibrio presupuestario. Y es que la importación de productos energéticos, sólo en España, se sitúa en torno a los 45.000 millones de euros al año.
Con un vistazo al pasado vemos que, si bien la Unión se forma sobre tratados de índole energética (Carbón y Acero, Euroatom), los estados de la UE han considerado la energía un elemento “estratégico” y no han comenzado a ceder su soberanía hasta el tratado de Lisboa. Sin embargo, a partir de la aplicación del tratado de Lisboa abre una nueva etapa en la que la UE incide en el nudo de la soberanía energética histórica y actual: el suministro de gas, petróleo y electricidad. La UE es consciente de que si quiere mantener cierta autonomía debe diversificar abastecimientos, interconectarse, disponer reservas relevantes y establecer políticas de solidaridad. En este contexto, los países de la Europa meridional tienen un papel clave, ya que son la puerta de entrada de las reservas de gas del norte de África y de la zona del mar Caspio.
De forma paralela, hay la eficiencia energética y la producción renovable. Los países meridionales, por cuestiones climáticas, pueden aspirar a un consumo energético mucho menor en edificios y servicios. La generación renovable de origen solar y la eólica marina de aguas profundas también tienen un gran potencial en los países meridionales, aunque los principales referentes tecnológicos los localizan en los países centroeuropeos.
En esta tesitura, cada país ha desarrollado una política energética diferenciada en función de sus intereses internos y externos. En algunos casos, la política energética de un país ha sido en detrimento de la de otro, perjudicando en último término al conjunto de la UE. La energía ha sido un elemento tan estratégico de algunos estados europeos que aún hoy en día se aprecian reminiscencias proteccionistas en sus políticas energéticas. Es el caso de mayoría de las grandes empresas energéticas europeas, que todavía tienen participación pública. Por todo ello, es necesario profundizar en una política energética más compartida en el seno de la UE.
En este contexto, los países del sur de Europa han de tomar la iniciativa y proponer una política que promueva más interconexiones entre países meridionales y con Europa, que fomente proyectos pioneros de desarrollo tecnológico en materia de eficiencia energética y energías renovables. El sur de Europa puede ser la válvula de seguridad en el abastecimiento energético de toda Europa, tanto en lo referente a las energías renovables como las no renovables.
Esta nueva política energética debe basarse en un parque común, que no es nuevo en Europa: suficiencia, eficiencia y generación renovable. También hay que fijar unos objetivos claros para cada uno de estos parámetros, más allá del 20/20/20 actualmente previsto. Y sobre todo, hay que establecer amplios grados de libertad en las estrategias para el logro de estos objetivos, elemento clave para la consecución de los objetivos propuestos.
El establecimiento de amplios grados de libertad en las estrategias regionales, representará un cambio relevante en los procedimientos de la UE. Así, se considera mucho más eficiente que cada región adopte las medidas energéticas que más se adecuan a sus características energéticas, sociales y económicas, en vez de impulsar soluciones de eficiencia energética estandarizadas para el conjunto de la UE. En demasiadas ocasiones, estas soluciones de eficiencia energética estándar acaban siendo adaptaciones de las soluciones adoptadas en Europa Central, que no terminan alcanzando los resultados esperados en los países meridionales.
Cataluña es ahora mismo un elemento muy periférico en el mapa energético de la UE (al igual como lo es España y el sur de Francia). Han contribuido significativamente las políticas energéticas española y francesa de los últimos 60 años, pero también la propia oposición a algunos proyectos estratégicos. Para salir de esta situación hay una política energética propia, pero compartida con el resto de socios europeos, o al menos concertada.
Sin embargo, para definir una política energética propia primero hay que tener la posibilidad de hacerla, y eso actualmente no está al alcance de las instituciones catalanas. Así, el control de las empresas de transporte energético (REE, ENAGAS y CLH), y las competencias en política e infraestructura energética básica (regulación del mercado del gas y la electricidad, establecimiento de primas o impuestos, moratoria nuclear, conexiones internacionales, etc.) son de exclusividad estatal.
Cataluña debe emprender las acciones necesarias para poder decidir su propia política energética. Una vez alcanzado este hecho, será necesario establecer una ambiciosa política basada en los objetivos comunes de suficiencia, eficiencia y generación renovable, pero con estrategias y soluciones adaptadas a las características climáticas y socioeconómicas propias.
El próximo 12 de junio el Círculo de Economía (C / Provença 298) acoge la conferencia sobre el informe 'Elementos para una estrategia energética en Europa meridional'. Confirmaciones a: info@catalunyaeuropa.net o al 932388932. Acto gratuito
[if gte mso 9]>
Conun vistazo al pasado vemos que, si bien la Unión se forma sobre tratados deíndole energética (Carbón y Acero, Euroatom), los estados de la UE hanconsiderado la energía un elemento “estratégico” y no han comenzado a ceder susoberanía hasta el tratado de Lisboa. Sinembargo, a partir de la aplicación del tratado de Lisboa abre una nueva etapaen la que la UE incide en el nudo de la soberanía energética histórica yactual: el suministro de gas, petróleo y electricidad. LaUE es consciente de que si quiere mantener cierta autonomía debe diversificarabastecimientos, interconectarse, disponer reservas relevantes y establecerpolíticas de solidaridad. Eneste contexto, los países de la Europa meridional tienen un papel clave, ya queson la puerta de entrada de las reservas de gas del norte de África y de lazona del mar Caspio.
Deforma paralela, hay la eficiencia energética y la producción renovable. Lospaíses meridionales, por cuestiones climáticas, pueden aspirar a un consumoenergético mucho menor en edificios y servicios. Lageneración renovable de origen solar y la eólica marina de aguas profundastambién tienen un gran potencial en los países meridionales, aunque losprincipales referentes tecnológicos los localizan en los países centroeuropeos.
Enesta tesitura, cada país ha desarrollado una política energética diferenciadaen función de sus intereses internos y externos. Enalgunos casos, la política energética de un país ha sido en detrimento de la deotro, perjudicando en último término al conjunto de la UE. Laenergía ha sido un elemento tan estratégico de algunos estados europeos que aúnhoy en día se aprecian reminiscencias proteccionistas en sus políticasenergéticas. Esel caso de mayoría de las grandes empresas energéticas europeas, que todavíatienen participación pública. Portodo ello, es necesario profundizar en una política energética más compartidaen el seno de la UE.
Eneste contexto, los países del sur de Europa han de tomar la iniciativa yproponer una política que promueva más interconexiones entre paísesmeridionales y con Europa, que fomente proyectos pioneros de desarrollotecnológico en materia de eficiencia energética y energías renovables. Elsur de Europa puede ser la válvula de seguridad en el abastecimiento energéticode toda Europa, tanto en lo referente a las energías renovables como las norenovables.
Estanueva política energética debe basarse en un parque común, que no es nuevo enEuropa: suficiencia, eficiencia y generación renovable. Tambiénhay que fijar unos objetivos claros para cada uno de estos parámetros, más alládel 20/20/20 actualmente previsto. Ysobre todo, hay que establecer amplios grados de libertad en las estrategiaspara el logro de estos objetivos, elemento clave para la consecución de losobjetivos propuestos.
Elestablecimiento de amplios grados de libertad en las estrategias regionales,representará un cambio relevante en los procedimientos de la UE. Así,se considera mucho más eficiente que cada región adopte las medidas energéticasque más se adecuan a sus características energéticas, sociales y económicas, envez de impulsar soluciones de eficiencia energética estandarizadas para elconjunto de la UE. Endemasiadas ocasiones, estas soluciones de eficiencia energética estándar acabansiendo adaptaciones de las soluciones adoptadas en Europa Central, que noterminan alcanzando los resultados esperados en los países meridionales.
Cataluñaes ahora mismo un elemento muy periférico en el mapa energético de la UE (aligual como lo es España y el sur de Francia). Hancontribuido significativamente las políticas energéticas española y francesa delos últimos 60 años, pero también la propia oposición a algunos proyectosestratégicos. Parasalir de esta situación hay una política energética propia, pero compartida conel resto de socios europeos, o al menos concertada.
Sinembargo, para definir una política energética propia primero hay que tener laposibilidad de hacerla, y eso actualmente no está al alcance de lasinstituciones catalanas. Así,el control de las empresas de transporte energético (REE, ENAGAS y CLH), y lascompetencias en política e infraestructura energética básica (regulación delmercado del gas y la electricidad, establecimiento de primas o impuestos,moratoria nuclear, conexiones internacionales, etc.) son de exclusividad estatal.
Cataluñadebe emprender las acciones necesarias para poder decidir su propia políticaenergética. Unavez alcanzado este hecho, será necesario establecer una ambiciosa políticabasada en los objetivos comunes de suficiencia, eficiencia y generación renovable,pero con estrategias y soluciones adaptadas a las características climáticas ysocioeconómicas propias.
La crisis del gas desencadenada entre Rusia y Ucrania en enero de 2009, pero con importantes repercusiones en la UE, puso en el centro del debate la dependencia y la seguridad energética de Europa. Este es un debate que sigue vigente, y más ahora, que los diferentes estados de la UE buscan un mayor equilibrio presupuestario. Y es que la importación de productos energéticos, sólo en España, se sitúa en torno a los 45.000 millones de euros al año.
Con un vistazo al pasado vemos que, si bien la Unión se forma sobre tratados de índole energética (Carbón y Acero, Euroatom), los estados de la UE han considerado la energía un elemento “estratégico” y no han comenzado a ceder su soberanía hasta el tratado de Lisboa. Sin embargo, a partir de la aplicación del tratado de Lisboa abre una nueva etapa en la que la UE incide en el nudo de la soberanía energética histórica y actual: el suministro de gas, petróleo y electricidad. La UE es consciente de que si quiere mantener cierta autonomía debe diversificar abastecimientos, interconectarse, disponer reservas relevantes y establecer políticas de solidaridad. En este contexto, los países de la Europa meridional tienen un papel clave, ya que son la puerta de entrada de las reservas de gas del norte de África y de la zona del mar Caspio.
De forma paralela, hay la eficiencia energética y la producción renovable. Los países meridionales, por cuestiones climáticas, pueden aspirar a un consumo energético mucho menor en edificios y servicios. La generación renovable de origen solar y la eólica marina de aguas profundas también tienen un gran potencial en los países meridionales, aunque los principales referentes tecnológicos los localizan en los países centroeuropeos.
En esta tesitura, cada país ha desarrollado una política energética diferenciada en función de sus intereses internos y externos. En algunos casos, la política energética de un país ha sido en detrimento de la de otro, perjudicando en último término al conjunto de la UE. La energía ha sido un elemento tan estratégico de algunos estados europeos que aún hoy en día se aprecian reminiscencias proteccionistas en sus políticas energéticas. Es el caso de mayoría de las grandes empresas energéticas europeas, que todavía tienen participación pública. Por todo ello, es necesario profundizar en una política energética más compartida en el seno de la UE.
En este contexto, los países del sur de Europa han de tomar la iniciativa y proponer una política que promueva más interconexiones entre países meridionales y con Europa, que fomente proyectos pioneros de desarrollo tecnológico en materia de eficiencia energética y energías renovables. El sur de Europa puede ser la válvula de seguridad en el abastecimiento energético de toda Europa, tanto en lo referente a las energías renovables como las no renovables.
Esta nueva política energética debe basarse en un parque común, que no es nuevo en Europa: suficiencia, eficiencia y generación renovable. También hay que fijar unos objetivos claros para cada uno de estos parámetros, más allá del 20/20/20 actualmente previsto. Y sobre todo, hay que establecer amplios grados de libertad en las estrategias para el logro de estos objetivos, elemento clave para la consecución de los objetivos propuestos.
El establecimiento de amplios grados de libertad en las estrategias regionales, representará un cambio relevante en los procedimientos de la UE. Así, se considera mucho más eficiente que cada región adopte las medidas energéticas que más se adecuan a sus características energéticas, sociales y económicas, en vez de impulsar soluciones de eficiencia energética estandarizadas para el conjunto de la UE. En demasiadas ocasiones, estas soluciones de eficiencia energética estándar acaban siendo adaptaciones de las soluciones adoptadas en Europa Central, que no terminan alcanzando los resultados esperados en los países meridionales.
Cataluña es ahora mismo un elemento muy periférico en el mapa energético de la UE (al igual como lo es España y el sur de Francia). Han contribuido significativamente las políticas energéticas española y francesa de los últimos 60 años, pero también la propia oposición a algunos proyectos estratégicos. Para salir de esta situación hay una política energética propia, pero compartida con el resto de socios europeos, o al menos concertada.
Sin embargo, para definir una política energética propia primero hay que tener la posibilidad de hacerla, y eso actualmente no está al alcance de las instituciones catalanas. Así, el control de las empresas de transporte energético (REE, ENAGAS y CLH), y las competencias en política e infraestructura energética básica (regulación del mercado del gas y la electricidad, establecimiento de primas o impuestos, moratoria nuclear, conexiones internacionales, etc.) son de exclusividad estatal.
Cataluña debe emprender las acciones necesarias para poder decidir su propia política energética. Una vez alcanzado este hecho, será necesario establecer una ambiciosa política basada en los objetivos comunes de suficiencia, eficiencia y generación renovable, pero con estrategias y soluciones adaptadas a las características climáticas y socioeconómicas propias.
[if gte mso 9]>
Sobre este blog
La Fundación Catalunya Europa (FCE) es una fundación privada sin ánimo de lucro que tiene como objetivo hacer presente Catalunya en Europa y Europa en Cataluña a través del debate y la generación de conocimiento en economía, gobernanza, democracia, sociedad y cultura.
0