Colau pide archivar la causa de las subvenciones sin tener que declarar ante el juez

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido el archivo de la causa abierta por las subvenciones que el consistorio otorgó a entidades sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y, en consecuencia, que el juez deje sin efecto su “precipitada” citación como investigada prevista para el próximo 4 de marzo.

En un escrito, adelantado por El País y al que ha tenido acceso este diario, la defensa de la alcaldesa fundamenta su petición de dar carpetazo a la causa en tres pilares: la ausencia de delito en las ayudas que la Fiscalía ya determinó en julio, la “absoluta falta de rigor” de la querella contra Colau de la opaca Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) y, en especial, la nula intervención de la alcaldesa en las subvenciones.

Destaca la defensa de Colau, que ejercen los letrados Olga Tubau y Àlex Sola, que la querella de la ATCD describe varias subvenciones “de forma carente de orden cronológico y sistemático” sin atribuir a Colau “ni un solo acto en la tramitación” de las ayudas. Para demostrarlo, la defensa aporta al juez media docena de informes de la intervención municipal que avalaron los pagos.

En suma, para la defensa la querella se dirige contra Colau en vez de las personas que podrían haber tenido una “participación efectiva” en la tramitación de las ayudas, lo que supone, a su juicio, abrir una investigación “prospectiva prohibida constitucionalmente” contra la alcadesa.

Recuerda además la defensa que la querella se centra en unas subvenciones que ya fueron investigadas por la Fiscalía y que el Ministerio Público descartó que fuesen delictivas. El archivo del caso en Fiscalía, sin embargo, fue obviado por la asociación ATCD en su querella.

No es el único olvido de la ATCD que la defensa de Colau rescata en su escrito. Las subvenciones, además de los informes de la intervención municipal, también se fiscalizan a través de una auditoría externa y otra que analiza específicamente la justificación y tramitación de cada expediente. Y después pasan el control del Tribunal y la Sindicatura de Cuentas. “La alcaldesa –subraya la defensa– no tiene ninguna intervención en la tramitación ni en la propuesta de resolución que el órgano gestor de la subvención realiza”.

La querella de la ATCD se centra en el intento de Barcelona para municipalizar el agua, las ayudas para garantizar el derecho a la vivienda y subvenciones para cooperación internacional. El documento incluye tanto subvenciones como críticas políticas al consistorio por “asesorar” a okupas, un extremo que ya descartó la Justicia al archivar otra querella contra la alcaldesa.

La entidad considera que las subvenciones concedidas responden “a la relación personal y profesional” entre la alcaldesa y los responsables de las entidades sociales, pese a que todas ellas ya recibían fondos durante el mandato de Xavier Trias (CiU). La defensa de Colau replica que que, además de no aportar pruebas de este extremo, la ATCD obvia que nada impide al consistorio subvencionar a entidades sociales aunque el gobierno municipal comparta con ellas “sensibilidad política hacia los graves problemas que generan la pobreza y la carencia de vivienda”.