La querella contra Colau se centra en la municipalización del agua y el derecho a la vivienda

Ada Colau, en una imagen de archivo.

El intento de Barcelona para municipalizar el agua, las ayudas para garantizar el derecho a la vivienda y subvenciones para cooperación internacional. Son las tres patas de la querella de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) contra la alcaldesa, Ada Colau. El documento, al que ha accedido elDiario.es, incluye tanto subvenciones como críticas políticas al consistorio por “asesorar” a okupas, un extremo que ya descartó la Justicia al archivar otra querella contra la alcaldesa.

Un juez imputa a Colau por las subvenciones que la Fiscalía no vio delictivas

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El texto de la querella, de 67 páginas, empieza con un repaso a la vida política reciente de la alcaldesa –activista en el observatorio DESC; portavoz de la PAH; primera edil de Barcelona– para justificar que las subvenciones concedidas responden “a la relación personal y profesional” entre la alcaldesa y los responsables de las entidades sociales, pese a que todas ellas ya recibían fondos durante el mandato de Xavier Trias (CiU).

La asociación querellante, que se caracteriza por su opacidad y ha rechazado concretar quién es su presidente y su presupuesto, cifra en “un importe aproximado de 80 millones de euros” las subvenciones supuestamente fraudulentas. Sin embargo, la suma de las subvenciones que la asociación detalla en el apartado de la querella dedicado a “concreción del hecho delictivo” se reduce a 2,1 millones.

De los 25 expedientes de subvenciones y expedientes detallados en la querella, el primero de ellos –una subvención de 120.000 euros al observatorio Desc– se otorgó cuatro días antes de que Colau fuera nombrada alcaldesa en 2015. Siete subvenciones a Enginyers Sense Fronteres, que ascienden a 287.000 euros, versan sobre la municipalización del agua que intentó el consistorio y frustró el Tribunal Supremo, además de un proyecto para “desmontar la impunidad” de las empresas de agua y energía.

La querella, firmada por una abogada de Granada, mantiene que el consistorio carecía de competencias para otorgar estas subvenciones, si bien el Tribunal de Cuentas ya resolvió, al archivar parte de una denuncia de Agbar, que el consistorio tenía “plena legitimidad” para plantear un régimen de gestión directa del agua “a nivel municipal barcelonés”.

No es la única resolución reciente que la ATCD obvia en su querella. El texto reitera expedientes que ya fueron incluidos en una denuncia el año pasado contra Colau que la Fiscalía investigó y archivó al no apreciar delito alguno. El abogado Àlex Solà, que ejerce la defensa de Colau junto a la penalista Olga Tubau, ha tildado de “acto de mala fe procesal importante” el hecho que la querella oculte el carpetazo fiscal del pasado mes de julio a la investigación de las subvenciones a entidades sociales.

Los convenios firmados con el el Observatorio DESC, Enginyers Sense Fronteres, la Alianza contra la Pobreza Energética y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para ayudar a personas vulnerables también forman parte de la querella. Se trata en realidad de un convenio bianual de 240.00 euros iniciado en 2014 por el Ayuntamiento de Xavier Trias (CiU) que Colau renovó en tres ocasiones –dos por 324.600 euros y una por 420.286 euros.

“Uno de los comunes denominadores de las entidades era la pretendida defensa de derechos y las remunicipalizaciones de servicios, entre otras”, mantiene la querella. Respecto a uno de estos convenios el texto resalta que la intervención municipal cuestionó cinco de sus aspectos, pero olvida que no informó en contra de la subvención.

Lo detalló el fiscal en el archivo de las pesquisas: la intervención puso de manifiesto “cinco motivos de irregularidad” en la subvención al Observatorio Desc que fueron “subsanados” por la entidad. “Se continuó la tramitación del expediente una vez comprobada la corrección de las modificaciones exigidas”, resolvió el fiscal, que apuntó a que las subvenciones podían contener irregularidades administrativas pero en ningún caso suponer delitos del Código Penal.

Tras citar parcialmente el contenido de los informes de intervención y obviar que no fueron negativos, la querella de la ATCD arremete con dureza contra los dictámenes de la intervención, que juzga “timoratos” además de considerar que “pecan de excesiva prudencia y no inciden en el presunto y posible carácter delictivo de la práctica”.

Otras de las subvenciones denunciadas por la ATCD tratan sobre un proyecto del Observatorio Desc sobre los fondos buitre y su impacto en el derecho a la vivienda, un informe sobre “derechos sociales en peligro” y otras dos iniciativas en defensa del derecho a la vivienda. Hay también tres subvenciones a Ecologistas en Acción y Enginyers Sense Fronteres por estudios del impacto de la emergencia climática en el puerto y el aeropuerto y sobre el cambio climático.

La okupación, en la querella

Los querellantes consideran irregular la concesión de subvenciones directas a entidades para proyectos en los que el consistorio tiene competencias compartidas con otras administraciones, como es el caso de la vivienda. Y en una crítica política a la alcaldesa, argumentan que mientras la Fiscalía persigue la okupación de viviendas, el consistorio destina dinero público “a asesorar a los autores de tales conductas de manera organizada”, algo que a su juicio vulnera la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El tercer bloque de subvenciones lo integran proyectos de cooperación internacional para los que el Ayuntamiento, según la ATCD, no tiene competencias, algo que en realidad sí contempla la Carta Municipal de Barcelona. Se trata, entre otros, de un proyecto de Enginyers Sense Fronteres en Maputo (Mozambique) –“que ni siquiera fue colonia española”, dice la querella– y de otro de la entidad Alternativa Internacional con Pueblos Indígenas sobre justicia de género en las comunidades peruanas.

Al margen de lograr la citación como investigada de la alcaldesa del próximo 4 de marzo, la querella también plantea al juez instructor un desfile de concejales y exediles de los comuns, que de momento el juez no ha acordado. La ACDT quiere que comparezcan ante el instructor, bien como testigos o bien como investigados, dos interventores municipales; las exconcejalas Gala Pin y Laia Ortiz; los actuales ediles Eloi Badia y Laura Pérez; la asesora en Vivienda Vanesa Valiño; y la directora del Observatori Desc, Irene Escorihuela.

El gobierno municipal ha avanzado este viernes que prestará toda la colaboración con la Justicia y ha confiado en un archivo del caso, en línea con lo ocurrido con la investigación de la Fiscalía. El concejal de derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha hecho hincapié en la opacidad de la ATCD y su actividad centrada en pleitos contra la gestión pública del agua en Barcelona y Valladolid. “Parece que a la ATCD no le preocupen las subvenciones sino el debate sobre la gestión pública del agua”, ha aseverado Serra. El letrado Solà ha concluido: “La querella es una acción legal con la que sencillamente se pretende la declaración como investigada de la alcaldesa”. Ocurrirá el próximo 4 de marzo.

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