La ATLL privatizada registró beneficios de 35 millones en los dos primeros años de concesión
La privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) se encuentra discutida por los tribunales y el Parlament. Desde 2012, un consorcio liderado por Acciona gestiona la empresa de la que depende el abastecimiento de agua de 4,5 millones de catalanes. El resultado, según las cuentas depositadas en el registrado mercantil, es que la privatizada ATLL obtuvo beneficios por valor de 34,98 millones de euros en 2013 y 2014, los dos primeros años de la concesión. Los números de 2015 todavía no están disponibles.
Las cuentas de la privatizada ATLL indican que en 2013 la empresa registró un beneficio de 14,51 millones de euros, de los cuales 12,9 se dedicaron a repartir dividendos. El resto, un 11% de las ganancias, se destinó a una reserva legal de 1,45 millones, otra voluntaria de 149.000 euros, y a compensar el resultado negativo del ejercicio anterior, que apenas fue de 13.000 euros.
En 2014, la firma siguió el mismo esquema. De los 20,46 millones de ganancias, 18,41 se fueron a dividendos; el resto a reserva legal. Aquel año ATLL estaba controlada por Acciona, el banco brasileño BTG Pactual y los fondos de inversión de las familias Rodés y Godia-Torreblanca. La composición de la compañía cambió a finales de 2015, cuando Acciona compró la participación en ATLL de BTG Pactual, inmerso en un escándalo de corrupción en Brasil que ha incluido la detención del jefe del banco. Con esa compra, la compañía que preside José Manuel Entrecanales controla el 78% de la sociedad catalana.
En las cuentas entregadas al registro mercantil se refleja que en 2012, el último año en que ATLL fue pública, la empresa registró unas pérdidas de sólo 13.000 euros. Esta cifra supone reducir casi por completo los malos resultados que venía sufriendo la empresa pública debido a la crisis económica. Según la documentación publicada por la Generalitat cuando sacó a concurso la empresa, las pérdidas de ATLL fueron de 44 millones en 2010 y 34 en 2011.
Más que las pérdidas, la razón que los distintos responsables políticos –Andreu Mas-Colell y Lluís Recoder en 2012; Santi Vila en el último Govern y Josep Rull en el actual– han aducido siempre para justificar la privatización de ATLL ha sido su endeudamiento. No obstante, un informe de la Sindicatura de Cuentas certificó que la Generalitat se quedó, antes de venderla, con el endeudamiento bancario de ATLL, que a cierre de 2012 era de 623,85 millones, así como con el importe pendiente de pagar a proveedores (86,39 millones, que también incluía el saldo pendiente de pago a la Agencia Catalana del Agua, de 14,29 millones).
Los números de la privatizada ATLL reflejan que el endeudamiento de la compañía ha crecido desde su privatización. En concreto, en 2014 el pasivo financiero ascendía a 820,61 millones, 111 millones más que en 2013. La deuda con las administraciones públicas pasó de 33 millones hace tres años a 38 hace dos, mientras que la deuda con acreedores comerciales, según lo depositado en el registro mercantil, creció tres millones: de 49,72 millones en 2013 a 52,82 en 2014.
La concesión de ATLL se cifró en 996 millones de euros, de los cuales 298 fueron abonados justo antes de cerrar 2012, lo que permitió a la Generalitat salvar las cuentas de ese año. No obstante, Agbar, el otro licitador, recurrió, y los tribunales le han dado la razón. La anulación del concurso sentenciada por el TSJC en junio se encuentra recurrida antes el Supremo por la Generalitat y Acciona. La gestión en ATLL del consorcio liderado por Acciona está bajo el punto de mira de la Fiscalía, que ha abierto diligencias tras el informe de Antifraude que reseñó gastos millonarios sin justificar y sin la necesaria aprobación de la Generalitat entre ATLL y una filial de Acciona.
Para el ciudadano, la gestión privada del agua 'en alta' –que se capta en las cuencas hidrográficas y desaladoras y se lleva hasta los depósitos municipales para su posterior subministro a los hogares– ha traído incrementos de casi el 20%, ya que, para hacer más atractiva la venta de ATLL, la Generalitat aprobó un aumento extraordinario del precio de venta del agua del 70% que no estaba recogido en las tarifas de 2012. Por estos motivos las fuerzas de izquierda del Parlament, a partir de una propuesta del PSC, han impulsado un debate parlamentario para que ATLL vuelva a ser pública.
Cuatro directivos más que cuando era pública
Al margen de las cuentas, el día a día de la compañía también ha cambiado desde la concesión. La privatizada ATLL cuenta con 10 directivos, cuatro más que cuando era pública, han explicado fuentes sindicales de la CGT, el sindicato que presentó la denuncia a Antifraude. Entre ellos está la exsecretaria del Govern tripartit y exdiputada del PSC, Laia Bonet, que es directora adjunta a la presidencia para las relaciones institucionales desde febrero de 2015.
El sindicato, además, denuncia que la cúpula de la empresa no desvela el sueldo de sus directivos pese a que ostenta la concesión de un servicio público y que la Generalitat debe velar por el cumplimiento del contrato de concesión de la empresa. A día de hoy, ATLL cuenta con 233 trabajadores, después que hace dos años se subrogaran 18 trabajadores anteriormente subcontratados. El sindicato CGT denuncia además que las jubilaciones parciales o totales no se cubren con nuevas contrataciones.
Además, en 2012, el año en que ATLL se privatizó, la Generalitat intensificó los recortes que había aplicado a la empresa en ejercicios anteriores: se subrogaron 18 trabajadores a la desalinizadora de El Prat, y 15 trabajadores fueron traspasados al ACA, quedándose la empresa en 217 empleados en el momento de su concesión.
