A los trabajadores del Hospital Sant Pau de Barcelona no les han gustado nada las declaraciones del conseller de Sanidad, Boi Ruiz, que dijo el lunes en Rac1 que “o los trabajadores se arremangan o el hospital cierra”. La presidenta del comité de empresa, Carmen Pérez, ha considerado este miércoles que se trata de una “amenaza” y que el comité está estudiando una posible acción judicial.
Ruiz estimó el déficit de la fundación del Sant Pau en 57 millones de euros y lo atribuyó al modelo de gestión, al conflicto laboral y a las “nebulosas más o menos claras”, es decir, a la supuesta malversación de fondos públicos por parte de algunos gestores -actualmente están imputadas 15 personas en este caso. Aún así, concentró sus críticas en el colectivo de los trabajadores y aseguró que si aceptaran los recortes de sueldo que se han aplicado a los empleados públicos, se solucionaría el déficit de la institución.
Los trabajadores no están de acuerdo con esta afirmación. “El déficit del hospital es crónico”, aseguró Carmen Pérez. “Los trabajadores no somos responsables de este déficit. El problema es que hay un infrafinanciación crónica”, añadió. En la opinión de Pérez, este acusación contra los trabajadores se debe a las imputaciones recientes. “Todos los imputados son cercanos a los partidos políticos: son exconsejeros, extenientes de alcalde o exdirectores generales”, remarcó.
Los acontecimientos en el hospital de Sant Pau se han acelerado durante las últimas semanas. El viernes pasado los miembros del Patronato de la Fundación del centro dimitieron en bloque. Según Carmen Pérez se debe a un desacuerdo con el Gobierno sobre los presupuestos. Pérez asegura que Xavier Corbella pidió una aportación de 290 millones de euros para 2013, 20 millones más que en 2012 pero que la Generalitat ofreció sólo 243 millones. Estas medidas del Gobierno fueron, según cree Pérez, las razones de las dimisiones.
Los trabajadores llevan meses reclamando que la Fundación Patrimonial del Sant Pau debería ayudar a financiar la Fundación de Gestión Sanitaria, de la que que se escindió en 1991. Según desveló El País últimamente, la patrimonial genera unos ingresos de 10 millones de euros al año que no benefician a la gestión sanitaria. El Arzobispado de Barcelona, que integra la Muy Ilustre Administración que gobierna la fundación patrimonial, junto con la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, se sumaron a esta petición de los trabajadores.
En cuanto al posible concurso de acreedores que ha pedido Boi Ruiz, Pérez lo ha calificado de “insólito”. “No existen las condiciones para presentar un concurso de acreedores y en todo caso no puede ser preventivo. Es un intento de confundir a la opinión pública”.
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