Entidades sociales reclaman que los antidisturbios de los Mossos luzcan su identificación en espalda, torso y casco

Los déficits en la identificación de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra persisten seis años después de la orden de la conselleria de Interior para obligar a llevar visible el número de operativo. Así lo han denunciado este martes Amnistía Internacional Catalunya y el centro Iridia para la defensa de los derechos humanos, que han han expuesto sus reclamaciones mientras ultiman con el Parlament reformas legislativas para endurecer la normativa en identificación policial.

Ambas entidades han afeado que agentes y en ocasiones dispositivos completos de los Mossos incumplen la obligación de llevar su identificación visible, y han reclamado que los agentes no solo la luzcan en la espalda, sino que también se reproduzca en el torso y el casco del uniforme. Esta petición afecta a los mossos las unidades antidisturbios –la 'Brimo'– y también a los de las unidades ARRO, que suelen participar en intervenciones de orden público.

En una rueda de prensa donde Iridia ha presentado su informe anual sobre violencia institucional, el codirector de la entidad, Andrés García Berrio, ha explicado que el Número de Operativo Policial (NOP) que lucen a día de hoy los agentes es demasiado largo como para memorizar –cuenta con nueve dígitos– y está impreso en una tipografía poco legible.

La propuesta de Irídia y Amnistía Internacional, que han trasladado a los grupos del Parlament, pasa por reproducir ese número también en la parte frontal del chaleco y en el casco. También que el NOP pase de nueve a cuatro o cinco dígitos alfanuméricos, y un cambio de la tipografía para que esta sea “más entendible”, en palabras de García Berrio.

Según Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional en Catalunya, es “fundamental” una correcta identificación de los operativos de los cuerpos policiales. De acuerdo con Ribas, “la ausencia de identificación es una de las principales causas de impunidad en las malas prácticas policiales”, ya que si no están correctamente identificados, los juzgados no pueden responsabilizar a un agente de eventuales lesiones contra manifestantes en operativos de orden público.

Pistolas Táser y proyectiles de 'foam'

En la presentación del informe sobre violencia institucional de 2018, el centro Irídia han repasado los principales casos de violencia institucional llevados a cabo en Catalunya. Marta Valldaura, coordinadora del área de litigios de Irídia, ha apuntado que “el 69,6% de las solicitudes recibidas por el centro son por violencia policial en protestas”.

De los 80 casos atendidos por Iridia por protestas, catorce de ellos son lesiones producidas por golpes en la cabeza con porras policiales. Según Valldaura, el uso vertical y de arriba a bajo de las porras policiales es antirreglamentaria, pues “los protocolos dictan que los golpes deben ser horizontales y desde una altura baja”.

Los miembros de Iridia también han mostrado preocupación por el uso de pistolas Táser y de proyectiles de 'foam' por parte de los Mossos el año pasado. Según Adriana Ribas, las pistolas Táser se incorporaron “en contra de las recomendaciones de las asociaciones de derechos humanos”.

Otra de las advertencias que han lanzado Iridia y Amnistia versa sobre los proyectiles de precisión, arma de dispersión que los Mossos d'Esquadra utilizan desde que se prohibieron las pelotas de goma y que, según el informe, en dos casos contabilizados el último año provocaron lesiones muy graves, con secuelas irreversibles. Además, en las protestas contra la celebración del Consejo de Ministros del 21 de diciembre del año pasado, se constató que algunos antidisturbios que llevaban escopetas de precisión –con balas de 'foam'– no iban debidamente identificados.