Los Mossos d'Esquadra estrenan las pistolas eléctricas sin hacer pública la instrucción que regula su uso
Los Mossos d'Esquadra estrenan este lunes las pistolas eléctricas que compraron en enero de 2017. Varias unidades de Seguridad Ciudadana de las localidades de Girona, Figueres y Blanes dispondrán de este nuevo armamento, oficialmente denominado Dispositivo Conductor de Energía (DCE). Lo hacen con polémica, pues el departamento de Interior ha descartado hacer pública la instrucción que regula las pistolas eléctricas, tal y como le exigen colectivos de abogados y entidades pro derechos humanos.
La incorporación de las pistolas, en total 134 unidades Taser X-2 (14 reservadas para formación), será progresiva. Tras unas semanas de prueba en estos tres municipios, a partir del 9 de julio se desplegarán por toda la zona de Girona. Se prevé que la primera semana de septiembre ya estén en todo el territorio catalán, siempre que hayan llegado a tiempo los desfibriladores que deben estar en manos de quien las usa, y cuya adquisición está en parte en fase de licitación por parte de la Generalitat.
El jefe del Área Técnica y de Proximidad de Seguridad Ciudadana de los Mossos d'Esquadra, Albert Oliva, ha explicado que su uso será “muy excepcional”, además de “proporcional” y “transparente”, al quedar siempre registrado por una cámara incorporada al chaleco del agente. El objetivo de estas herramientas, que Oliva sitúa “entre una defensa reglamentaria (la porra) y un arma de fuego”, debe ser “reducir el tiempo de inmovilización” de las personas, “facilitar el uso mínimo de la fuerza” por parte de los agentes y “reducir el sufrimiento del afectado”, según ha detallado.
Su despliegue dentro del cuerpo de policía catalana va acompañado de dos instrucciones que regulan su uso y el de las cámaras, aunque los Mossos descartan hacerlas públicas porque “no se ha hecho nunca”, en palabras del intendente Josep Saumell, que precisa sin embargo que sí se ha remitido al Síndic de Greuges. Los supuestos de utilización de estas pistolas fue precisamente lo que marcó el debate en el Parlament -que finalmente dio luz verde a las pistolas- y lo que más preocupa a organismos internacionales como la ONU y el Consejo de Europa.
Saumell asegura que las instrucciones se ciñen al mandato emanado consensuado en el Parlament. En términos generales, los agentes podrán utilizarlo contra alguien que les haya agredido o les vaya a agredir, habiendo “agotado toda vía de diálogo” y siempre que el uso de la pistola sea “lo menos lesivo” para el sujeto. Por ejemplo, que en una inmovilización genere menos sufrimiento que los golpes de los agentes.
Una de las mayores polémicas se desató al conocerse, a partir de un informe enviado por Interior al Síndic de Greuges -defensor del Pueblo catalán- y al Parlament, que preveían utilizarlas en situaciones de “riesgo alto” como cuando “personas alteradas o violentas, bajo los efectos del alcohol, estupefacientes, o enfermos mentales, etc” amenazan o agreden a policías. Estos últimos ejemplos no quedan descritos en la instrucción final, según precisa el intendente Saumell.
Las entidades de la plataforma Stop Taser denuncian sin embargo que los agentes no sabrán si la persona a la que van a disparar está bajo los efectos del alcohol, si es menor, si está embarazada o si sufre problemas mentales o una cardiopatía. Todos estos supuestos irían en contra del criterio del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que también pide que no se utilice en contextos de privación de libertad.
En este sentido, los Mossos plantean, como recogen las conclusiones del Parlament, que no se puedan usar ni en centros penitenciarios ni en comisarías, pero con una excepción: sí se podrán emplear en escenarios de motines o toma de rehenes. También fue controvertido el debate sobre su uso en las unidades antidisturbios. Sobre ello, Saumell explica que estará prohibida como arma para garantizar el “orden público”, pero de nuevo con excepciones: se permitirá la pistola cuando los agentes se enfrenten a intentos de agresión individuales que puedan darse en una manifestación.
“Lo normal en países democráticos es que las instrucciones de uso de un arma sean públicas”, valora en abogado y portavoz de la plataforma Andrés García Berrio. Denuncian que sin la publicación de este reglamento no solo se desconoce exactamente cuándo y cómo se podrá utilizar.
Berrio también critica que las cámaras de grabación personal que deberán acompañar el uso de las Taser no vayan conectadas directamente a la pistola. Los dispositivos de grabación los acciona el agente, aunque cuando este lo hace la cámara mantiene registro de los dos minutos anteriores a su puesta en marcha.
Las pistolas eléctricas son armas paralizantes que se emplean tanto en contacto con el cuerpo como a una distancia de 6 o 7 metros, mediante el lanzamiento de dardos. La descarga que aplica es de 50.000 voltios de bajo amperaje, con el objetivo de atacar el sistema neuromuscular y causar un colapso general por unos momentos a la persona a la que se dispara. La descarga suele durar unos cinco segundos.
El arma estará de entrada en manos de los jefes de turno de las Unidades de Seguridad Ciudadana. Serán ellos los que paseen por la vía pública con la pistola enfundada y los que de momento la empezarán a utilizar. Para su “despliegue masivo” en los próximos meses, tal como lo ha calificado Oliva, ya han recibido la formación pertinente entre 1.500 y 1.600 mossos.
La decisión sobre la adquisición de estas pistolas se remonta a 2015, aunque los sindicatos llevan pidiéndolas desde mucho antes. Interior optó entonces por supeditar su compra a la aprobación del Parlament, un aval que se logró finalmente el 6 de julio de 2016 con los votos favorables de Junts pel Sí, PP y Ciudadanos. Durante los trabajos previos, que duraron cinco meses, lo que más se debatió fue precisamente en qué supuestos se debía usar el arma.
Los Mossos d'Esquadra serán el segundo cuerpo de policía que dispondrá de este arma en España después de la Ertzaintza. Hasta la fecha, el Ministerio del Interior ha mantenido el veto a su uso por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
