Interior y sindicatos de Mossos plantean usar pistolas eléctricas en supuestos vetados por la ONU
El uso de las pistolas eléctricas o Taser por parte de los Mossos d'Esquadra se encuentra en suspenso hasta que el Parlament le dé su visto bueno. Expertos, especialistas en Derechos Humanos, cargos políticos de Interior y sindicatos policiales desfilan por la cámara para que haya un debate en profundidad sobre las Taser, tal y como pidió el Síndic de Greuges –el Defensor del Pueblo catalán. Los sindicatos de Mossos d'Esquadra pretenden que la cámara avale un uso amplio de este tipo de armamento. La conselleria de Interior, por su lado, plantea más restricciones que los sindicatos pero aun así pide usar pistolas eléctricas en situaciones vetadas por la ONU y el Consejo de Europa.
Las pistolas eléctricas o Taser (por el nombre de una de las empresas que las comercializa) son armas paralizantes que pueden emplearse en contacto directo sobre el cuerpo o mediante el lanzamiento a una distancia de 6-7 metros de dos dardos. El arma realiza una descarga de 50.000 voltios de bajo amperaje. Su objetivo es atacar el sistema neuromuscular central y causar un colapso general momentáneo, por lo que la persona que es atacada con una pistola eléctrica suele caer inmediatamente en el suelo. La descarga dura cinco segundos y se puede efectuar de forma consecutiva.
Interior remitió al Síndic de Greuges y al Parlament que prevé que la policía autonómica use pistolas Taser en situaciones de “riesgo alto” tales como los intentos de suicidio o cuando “personas alteradas o violentas, bajo los efectos del alcohol, estupefacientes, o enfermos mentales, etc” amenacen o agredan a los agentes “con un arma blanca u otros objetos contundentes”.
Si la normativa termina redactada así, la policía autonómica irá en contra de las recomendaciones del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que pide evitar el uso de las Taser en personas intoxicadas por el alcohol u otras drogas así como contra enfermos mentales, ya que pueden no entender los avisos previos al uso de este tipo de armamento. Tanto la ONU como el Consejo de Europa recomiendan una definición más concreta del uso de las Taser que la entregada por Interior al Síndic.
Los sindicatos policiales reconocieron abiertamente la semana pasada en el Parlament que están en desacuerdo con las principales autoridades internacionales en Derechos Humanos. Así, pidieron que la regulación de las Taser no sea “estricta”, ya que entienden que no se puede regular “cada situación”. “No se puede regular ni limitar el poder discrecional de la policía. Entendemos que es una cuestión de confianza en la policía. Les pido que confíen en la policía, porque estamos convencidos que las pistolas eléctricas son una buena herramienta”, aseveró ante los diputados el secretario general del SICME, Jordi Dalmau.
El caso de las enfermedades cardíacas
Esta visión policial choca con la postura contraria a las Taser de las organizaciones pro Derechos Humanos en Catalunya. Uno de los ejemplos que ponen para pedir su prohibición es el alto riesgo de muerte al que se expone una persona con problemas de corazón –enfermedades que no pueden ser detectadas a simple vista por un policía– al recibir un disparo eléctrico.
Según indicó al Síndic, Interior prevé dotar de pistolas eléctricas a los jefes de turno de cada comisaría, así como a cada unidad de área regional de recursos operativos, a la brigada móvil (los antidisturbios) y también al área de custodia de detenidos. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas remarca que “en ningún caso” hay que emplear las Taser en espacios de privación de libertad como cárceles y comisarías.
Por su lado, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa añade que “en ningún caso” la policía debe utilizar pistolas eléctricas para hacer cumplir una orden o efectuar una detención. En manifestaciones o situaciones de desordenes públicos, no se deben usar “salvo que impliquen riesgos reales e inminentes para la vida o la integridad física de las personas”.
Además, los sindicatos quieren ir más allá de las intenciones de la conselleria de Interior. A excepción del SICME, los representantes de las demás organizaciones sindicales pidieron que no se limite la distribución de las pistolas eléctricas a los jefes de turno de cada comisaría, sino que se distribuyan también a agentes vinculados a la seguridad ciudadana.
Por contra, la ONU dice que las Taser “no se pueden distribuir de forma generalizada entre los agentes” y sólo recomienda su uso en “agentes debidamente formados”. El Consejo de Europa añade que las pistolas eléctricas tienen que estar en manos de agentes “seleccionados para ser resistentes al estrés” y no por su rango jerárquico.
El debate parlamentario sobre las Taser está previsto que se alargue hasta el próximo mes de junio. El pasado mes de agosto, Interior anunció la adquisición de 130 pistolas eléctricas. En su presentación del informe sobre las pistolas eléctricas, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, contabilizó que los Mossos tienen siete Taser que nunca han utilizado. En cuanto a las Policías Locales, 31 de los 213 cuerpos que hay en Catalunya disponen de un total de 54 pistolas eléctricas.
Ribó recordó que en Catalunya las policías locales han hecho uso 8 veces de las pistolas eléctricas, sin ninguna “consecuencia grave” pero en algunos casos de forma contraria a las “exigencias” que pone el Consejo de Europa. El uso de este tipo de armas ha causado 269 muertes en EEUU entre 2001 y 2007, según el informe “Voltios sin control” de Amnistía Internacional.
