El Govern se compromete ampliar la RMI incluso si no se aprueban nuevos presupuestos
El departament de Benestar, Afers Socials i Famílies, encargado de la reforma de la Renta Mínima de Inserción (RMI), quiere aumentar la partida para rentas mínimas incluso si el Govern no fuera capaz de aprobar unos nuevos presupuestos para 2016. Así lo ha explicado la consellera, Dolors Bassa, que se ha comprometido este miércoles a priorizar la RMI, incluso quitando recursos de otras partidas, en caso de que las cuentas deban prorrogarse.
El principal cambio que plantea la conselleria, tal como figuraba en el programa electoral de JxS, es convertir las RMI en un derecho subjetivo, es decir, no vinculado al agotamiento de la partida.
En el caso de que el conseller de Economía, Oriol Junqueras, encontrara suficiente apoyo parlamentario para aprobar su proyecto de presupuestos, el aumento de la partida de la RMI ya está decidido: 70 millones de euros, que se sumarían a los 200 actuales. El departament pretende además rebajar los requisitos de entrada introducidos en 2011, que expulsaron del sistema a cerca de 25.000 personas, entre expedientes extinguidos y denegados.
Con los nuevos criterios y el aumento de la partida, el Govern calcula que hasta 8.000 nuevos perceptores podrían acceder a la RMI. “En este momento hay unos 30.000 titulares de renta mínima, pero se calcula que los beneficiarios son 76.000, por lo que la entrada de nuevos titulares aumentaría en la misma proporción los beneficiarios totales”, explica el secretario general de Treball, Josep Ginesta. De los 70 millones que se ampliarían, el 80% iría directamente a perceptores, mientras que el 20% restante se dedicaría a programas de activación y apoyo.
Nuevos planes de activación
Esta parte, la de los planes de apoyo aparejados al cobro de RMI, es una de las áreas donde el nuevo departamento quiere poner el acento. Ginesta explica que la intención es reenfocar los planes de activación, para hacerlos “de una forma mucho más individualizada de lo que se venía haciendo”. “Hemos visto que cuantos más recursos dedicas a activar a la gente, más personas se activan laboralmente”, apunta. Así, se priorizará la adquisición de competencia lingüística, en catalán y castellano, o de escolarización de los menores al cargo de los perceptores, por delante de otros programas que se venían haciendo hasta ahora.
“Hay algunos colectivos para los que requisitos como planes de ocupación no tienen sentido, porque no tienen una integración social efectiva”, explica Ginesta, quien asegura que pretenden evitar “enviar a programas de activación laboral a gente con muchas dificultades lingüísticas o de conocimientos básicos”, ya que por muchos cursos que hagan no se podrán integrar nunca en el mercado laboral si no adquieren primero las competencias básicas. Además de eso, el responsable de Treball asegura que “contra lo que se suele pensar no hay una gran cronificación, sino un gran aumento de la demanda”.
Según sus datos, de los expedientes actuales, el 90% son de personas que los han generado desde el año 2009. Además, la mayoría de los expedientes que se extinguen lo hacen por aumento de las rentas. “Por tanto, son situaciones que provienen de la crisis, de gente que antes trabajaba y que dejó de hacerlo, pero que se puede reincorporar y de hecho se reincorpora al mercado laboral”, asegura.
Pese al reenfoque de los planes de activación, cuyo cumplimiento es obligatorio para cobrar las prestaciones, el departamento asegura que en ningún caso serán requisitos de entrada, ni ninguno de los perceptores actuales podría ser expulsado por el cambio en los requisitos. “El objetivo es rebajar los requisitos y admitir más expedientes”, insiste el secretario general.
Menor aumento de la RMI que la pobreza
La Mesa del Tercer Sector, entidad que agrupa a más de 3.000 entidades sociales, será uno de los agentes con los que el departamento contará para acabar de definir los criterios de la reforma. Su presidente, Oriol Illa, se reunirá con la consejera el próximo 3 de febrero para exponer las demandas de los agentes sociales, que básicamente se contienen en el informe “Nova pobresa i renda mínima d’inserció”, presentado en mayo de 2014.
Illa valora positivamente la dirección a la que se encamina la consellería, pero reclama “moderar el optimismo” respecto a lo que pueden conseguir los 70 millones de ampliación presupuestaria. “Hemos pasado de 25.000 a 225.000 personas que viven en hogares sin ingresos, ¿qué porcentaje de eso podemos aspirar a cubrir con el RMI?”, se pregunta, señalando que el aumento de la RMI iría en cualquier caso por detrás del de la pobreza.
Las entidades consideran que es el momento de acometer una reforma de la RMI “valiente e integral” y recuerdan que su objetivo es avanzar hacia un modelo de garantía de rentas. “Nosotros querríamos compactar todas las prestaciones y hablar de derechos más que de prestaciones subjetivas. Se ha de ir hacia la universalización”, explica Illa.
