El Govern descarta acciones judiciales contra Villarejo pero pide volver a investigar los atentados del 17A

Arturo Puente

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El Govern no emprenderá acciones legales contra el excomisario Villarejo ni en relación con las declaraciones en las que vinculaba al CNI con los atentados producidos en la Rambla de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017. Los servicios jurídicos han estudiado la posibilidad de acudir a los tribunales y finalmente han recomendado no hacerlo, según ha informado este martes la portavoz del Govern, Patricia Plaja. En vista de esto, el Ejecutivo catalán apuesta por las medidas políticas para “aclarar” y “disipar cualquier duda” sobre el caso, por lo que reclama reformar la Ley de Secretos Oficiales, así como que el Congreso abra una comisión de investigación.

“Las declaraciones de este personaje son absolutamente reprobables por la angustia y el dolor que nuevamente crean a las víctimas. Sin perder de vista el poco valor que tienen las palabras de Villarejo, también es cierto que no es bueno que haya ninguna sombra de duda sobre la participación del Estado en este caso”, ha asegurado Plaja. La portavoz ha asegurado también que el Govern reclamará al Gobierno central que le informe de las actuaciones emprendidas en este ámbito a través de la Comisión Bilateral, que debe reunirse en las próximas semanas. Todas estas peticiones han quedado registradas en un acuerdo del Ejecutivo catalán este martes.

Respecto a la reforma de la Ley de Secretos, Plaja ha asegurado que trámite de esta norma en el Congreso “no puede demorarse más”. “Es necesario que se introduzcan mejoras en relación al órgano competente, reducir los plazos y que se reconozca expresamente que el Congreso, Senado y tribunales puedan acceder a la información”, ha indicado. Hasta el momento los cambios reclamados por los grupos en la Ley de Secretos Oficiales iban encaminados a que se puedan desclasificar informaciones antiguas, como las que tienen que ver con intento del golpe de estado del 23F, pero no para asuntos actuales.

“Hay que encontrar una forma para tratar este tema en las conversaciones que tengan el president Aragonès y el presidente Sánchez”, ha aclarado la portavoz, que ha asegurado que el jefe del Govern quiere ser informado directamente de los pasos del Gobierno en este ámbito. “El Gobierno ha de ser el primer interesado en borrar cualquier sombra de duda”, ha dicho Plaja.

Preguntada por el hecho de que la teoría de la conspiración blandida por Villarejo haya sido descartada por la investigación judicial y, también, por los Mossos, Plaja ha considerado que ahora hay “una nueva información”, por lo que el Govern entiende que deben “despejarse las dudas”. “¿Cuál es la razón para no hacer una comisión de investigación en el Congreso?”, se ha preguntado.

El Govern reaccionó con contundencia la semana pasada, después de que el excomisario Villarejo declarara ante el tribunal que le juzga en el marco del caso Tándem que el entonces director CNI, Félix Sánz Roldán, había “cometido un error” al querer “dar un pequeño susto a Catalunya”. De esta forma, atribuyó veladamente a los servicios secretos la responsabilidad o connivencia con los atentados yihadistas que mataron a 16 personas e hirieron a un centenar. El president Pere Aragonès reclamó entonces a los servicios jurídicos del Govern que estudiaran la posibilidad de emprender acciones legales, algo que estos han acabado rechazando.

El Govern no emprenderá acciones legales contra el excomisario Villarejo ni en relación con las declaraciones en las que vinculaba al CNI con los atentados producidos en la Rambla de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017. Los servicios jurídicos han estudiado la posibilidad de acudir a los tribunales y finalmente han recomendado no hacerlo, según ha informado este martes la portavoz del Govern, Patricia Plaja. En vista de esto, el Ejecutivo catalán apuesta por las medidas políticas para “aclarar” y “disipar cualquier duda” sobre el caso, por lo que reclama reformar la Ley de Secretos Oficiales, así como que el Congreso abra una comisión de investigación.

“Las declaraciones de este personaje son absolutamente reprobables por la angustia y el dolor que nuevamente crean a las víctimas. Sin perder de vista el poco valor que tienen las palabras de Villarejo, también es cierto que no es bueno que haya ninguna sombra de duda sobre la participación del Estado en este caso”, ha asegurado Plaja. La portavoz ha asegurado también que el Govern reclamará al Gobierno central que le informe de las actuaciones emprendidas en este ámbito a través de la Comisión Bilateral, que debe reunirse en las próximas semanas. Todas estas peticiones han quedado registradas en un acuerdo del Ejecutivo catalán este martes.

Respecto a la reforma de la Ley de Secretos, Plaja ha asegurado que trámite de esta norma en el Congreso “no puede demorarse más”. “Es necesario que se introduzcan mejoras en relación al órgano competente, reducir los plazos y que se reconozca expresamente que el Congreso, Senado y tribunales puedan acceder a la información”, ha indicado. Hasta el momento los cambios reclamados por los grupos en la Ley de Secretos Oficiales iban encaminados a que se puedan desclasificar informaciones antiguas, como las que tienen que ver con intento del golpe de estado del 23F, pero no para asuntos actuales.

“Hay que encontrar una forma para tratar este tema en las conversaciones que tengan el president Aragonès y el presidente Sánchez”, ha aclarado la portavoz, que ha asegurado que el jefe del Govern quiere ser informado directamente de los pasos del Gobierno en este ámbito. “El Gobierno ha de ser el primer interesado en borrar cualquier sombra de duda”, ha dicho Plaja.

Preguntada por el hecho de que la teoría de la conspiración blandida por Villarejo haya sido descartada por la investigación judicial y, también, por los Mossos, Plaja ha considerado que ahora hay “una nueva información”, por lo que el Govern entiende que deben “despejarse las dudas”. “¿Cuál es la razón para no hacer una comisión de investigación en el Congreso?”, se ha preguntado.

El Govern reaccionó con contundencia la semana pasada, después de que el excomisario Villarejo declarara ante el tribunal que le juzga en el marco del caso Tándem que el entonces director CNI, Félix Sánz Roldán, había “cometido un error” al querer “dar un pequeño susto a Catalunya”. De esta forma, atribuyó veladamente a los servicios secretos la responsabilidad o connivencia con los atentados yihadistas que mataron a 16 personas e hirieron a un centenar. El president Pere Aragonès reclamó entonces a los servicios jurídicos del Govern que estudiaran la posibilidad de emprender acciones legales, algo que estos han acabado rechazando.

El Govern no emprenderá acciones legales contra el excomisario Villarejo ni en relación con las declaraciones en las que vinculaba al CNI con los atentados producidos en la Rambla de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017. Los servicios jurídicos han estudiado la posibilidad de acudir a los tribunales y finalmente han recomendado no hacerlo, según ha informado este martes la portavoz del Govern, Patricia Plaja. En vista de esto, el Ejecutivo catalán apuesta por las medidas políticas para “aclarar” y “disipar cualquier duda” sobre el caso, por lo que reclama reformar la Ley de Secretos Oficiales, así como que el Congreso abra una comisión de investigación.

“Las declaraciones de este personaje son absolutamente reprobables por la angustia y el dolor que nuevamente crean a las víctimas. Sin perder de vista el poco valor que tienen las palabras de Villarejo, también es cierto que no es bueno que haya ninguna sombra de duda sobre la participación del Estado en este caso”, ha asegurado Plaja. La portavoz ha asegurado también que el Govern reclamará al Gobierno central que le informe de las actuaciones emprendidas en este ámbito a través de la Comisión Bilateral, que debe reunirse en las próximas semanas. Todas estas peticiones han quedado registradas en un acuerdo del Ejecutivo catalán este martes.