“Hijo de puta, así quieres tú finalizar esto. No tienes miedo por tu hija, ¿verdad? Te vamos a joder la vida si no quieres finalizar esto de modo voluntario. Hijo de la gran puta, peruano de mierda”. Estos son los mensajes que recibió el marido de A., una de las familias que ha sufrido a la empresa Antiokupa Tarraco, que acumula al menos dos causas judiciales abiertas por sus desalojos violentos e ilegales.
La desarticulación el pasado fin de semana de Antiokupa Tarraco, definida por el juez de Reus (Tarragona) Diego Álvarez como una “organización criminal” dedicada a los desalojos ilegales, ha dejado al descubierto un reguero de violencia y racismo en decenas de actuaciones de la empresa a lo largo y ancho de Catalunya. Dos de sus líderes permanecen en prisión preventiva. Los investigadores sospechan que existen más víctimas de los métodos brutales de Antiokupa Tarraco, pero que no denuncian por miedo a las represalias y por su condición de vulnerables.
Una de las personas que sí denunció fue A., vecina de Barcelona a la que representa el abogado Carlos Hurtado. Su caso, al que ha tenido acceso elDiario.es, se investiga en solitario en un juzgado de la capital catalana, mientras que la causa obtenida en Reus abarca hasta 60 hechos delictivos protagonizados por Antiokupa Tarraco en varios municipios. Esta macroinvestigación ha permitido obtener una imagen a gran escala de las prácticas de la empresa, que A. sufrió en sus propias carnes.
El caso de A., además, presenta una particularidad. El sumario desvela que la propiedad del piso de Barcelona se puso en contacto con Antiokupa Tarraco, un extremo que no siempre se logra acreditar. Incluso consta un audio de la hija de la dueña en el que informa a una vecina que “entrarán dos tíos para sacar a la 'pava' esta”. La hija de la dueña declarará como investigada el próximo 11 de junio.
A. era la cuidadora –24 horas al día, siete días a la semana– de una anciana y vivía en el piso de renta antigua que compartía con su empleadora. No solo la cuidaba, sino que era casi su única compañía, pues la mujer apenas tenía relación con su familia. Al morir la anciana a principios de 2023, A. intentó, según su denuncia, contactar con la propiedad –que tiene otros pisos en la misma finca– y negociar un alquiler, pero se encontró con los empleados de Antiokupa Tarraco a las pocas semanas. Durante el mes de abril, expone, sufrió varias amenazas y coacciones tanto en persona como a través del teléfono por parte de la empresa.
La propiedad del piso, por contra, acusa a A. de okupar ilegalmente el piso de la anciana que cuidaba tras su fallecimiento. Pero, en un hecho inusual, ha reconocido que contactó con Antiokupa Tarraco. Lo ha hecho la defensa de la dueña del piso en la demanda de desahucio que interpuso a principios de 2024 –ocho meses después de la irrupción de Antiokupa Tarraco– contra A. En su demanda, la propiedad admite que, debido a un “mal asesoramiento”, en un primer momento no acudió a las vías legales, sino que intentó “la mediación” de Antiokupa Tarraco, pero que la empresa “no dio solución al problema e incluso agravó la situación”.
Pese a haberse tramitado en paralelo por dos juzgados distintos, la descripción que hace el juez de Reus del 'modus operandi' de Antiokupa Tarraco encaja a la perfección con la investigación del caso de A. en Barcelona: una primera fase de “mediación” para conseguir, en tono intimidatorio, un compromiso del inquilino para abandonar la vivienda. Después se pasa a la “vigilancia y acoso” del piso, fase en la que las amenazas son más explícitas, para seguir con los daños físicos a la vivienda o la inutilización de las cerraduras. Si todo esto no tiene éxito, la empresa. según expone el juez, ha llegado a quemar vehículos o apalear a inquilinos, extremos a los que no se llegó en el caso de A.
La situación empezó con mensajes amenazantes en el teléfono de A. y de su marido, que ahora el juez coteja con los números de los empleados de Antiokupa Tarraco. “Hija de puta, así no quieres finalizar con esto, no tienes miedo por tu hija”, “si no te vamos a joder la vida”, “día y noche te vamos a vigilar”, fueron algunos de los mensajes que recibió la víctima por Telegram y Whatsapp entre marzo y abril.
Antiokupa Tarraco pasó de las palabras a los hechos. El 27 de marzo, A. se encontró en el descansillo a tres hombres con las camisetas de la empresa. Al bajar del ascensor, denuncia A., los hombres le dijeron que venían de parte de la propiedad y la conminaron a abandonar el piso y firmar un documento de compromiso. “Eres una simple cuidadora”, habrían apostillado.
Tras ver varios días a miembros de la empresa alrededor del edificio, a principios de abril, de madrugada, A. empezó a escuchar golpes en su puerta, que se encontró después rota, al igual que un cristal que tiene al lado. Los vecinos llamaron a los Mossos d'Esquadra, que constataron los daños.
La defensa de los dos empleados de Antiokupa Tarraco –uno de ellos, considerado líder de la banda, permanece encarcelado por orden del juez de Reus– ha pedido archivar el caso. Según exponen en su escrito, ambos “siempre van a cara descubierta y con el uniforme de Antiokupa Tarraco”, por lo que, argumentan, los “encapuchados” que destrozaron la puerta de A. no pueden ser ellos. Sin embargo, en su declaración como investigados sí admitieron haber acudido en otras ocasiones al domicilio de A., han explicado fuentes jurídicas.
Se da la circunstancia que la petición de archivo del caso la firma el abogado que también está investigado por el juez de Reus que lidera la macrocausa sobre Antiokupa Tarraco por haber fundado la empresa y haber prestado supuestamente su despacho para desarrollar su actividad delictiva.
La irrupción de Antiokupa Tarraco ha generado pánico no solo en A. y su familia, sino también entre otros vecinos de la finca. El acoso al que la empresa somete a las víctimas, destaca el juez de Reus en uno de sus autos, genera en ellas numerosos problemas de salud física y psicológica, como trastornos del sueño, estrés continuado y estados de hipervigilancia excesivos y constantes. “Todos los miedos están relacionados con el hecho de que los miembros de Antiokupa Tarraco habrían amenazado de muerte o con causar daños físicos a algunas víctimas”, agrega el juez.
El abogado de A. ha pedido incorporar al caso de Barcelona la macrocausa de Reus –que incluye decenas de pinchazos telefónicos y una minuciosa investigación de los Mossos d'Esquadra– para intentar hallar más pruebas de la implicación de Antiokupa Tarraco en las amenazas a la mujer y a su familia. En las próximas semanas, el juez de Barcelona tomará declaración a la hija de la dueña del piso que envió el mensaje avisando de que acudirían los empleados de la empresa de desalojos ilegales a la finca. También declarará como testigo el marido de A. por las amenazas recibidas. Los problemas legales de Antiokupa Tarrraco no terminan en Reus.