Los jesuitas expulsan el sacerdote pederasta Francesc Peris tras admitir que abusó de menores durante décadas
La Compañía de Jesús ha expulsado a Francesc Josep Peris por haber abusado sexualmente de menores de edad durante décadas, varios de ellos en el colegio Casp de Barcelona. Según ha informado la congregación en un comunicado, el Superior General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, ha decretado la expulsión de Peris del estado clerical y de la Compañía de Jesús.
La Compañía ha lamentado “profundamente” el mal causado y ha querido asumir su “responsabilidad moral e institucional por sus errores en el pasado”. Al mismo tiempo, la Compañía ha mostrado su “reconocimiento a las víctimas por haber tenido la valentía y el coraje de denunciar los abusos que sufrieron, lo que ha contribuido al esclarecimiento de la verdad”.
El proceso penal canónico ha sentenciado a Francesc Peris como culpable de varios delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo cometidos con menores (en este caso, abuso sexual) que ocurrieron al menos desde los años 70.
En consecuencia, la congregación ha decretado su expulsión del estado clerical, la pena más grave y de carácter permanente prevista por el Derecho Canónico para. La expulsión del estado clerical es competencia del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) del Vaticano que ha sido delegada, a través de un mandato, en el Superior General. Esta decisión supone que Francisco Peris pierde todos los derechos, responsabilidades y funciones propias del estado clerical y queda excluido del ejercicio del ministerio sacerdotal.
El procedimiento tiene su origen en las denuncias de las víctimas, lo que hizo que la Compañía de Jesús, en 2023, pusiera en marcha un proceso canónico de investigación previa para examinar estas acusaciones e impusiera a Francesc Peris una serie de medidas cautelares.
De forma simultánea, el Superior General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, ha firmado el decreto por el que Francisco Peris ha sido expulsado de los jesuitas. Esta segunda decisión afecta específicamente a su condición de miembro de la Compañía y es jurídicamente distinta a la expulsión del estado clerical.
Ambas resoluciones suponen, por tanto, y dada la gravedad de los hechos, las máximas consecuencias canónicas previstas en los dos ámbitos afectados: su condición de sacerdote y su pertenencia a la Compañía de Jesús.
La Compañía de Jesús ha admitido en un comunicado que la conclusión de estos procesos no repara por sí misma el mal causado ni pone fin a la responsabilidad moral e institucional de la Compañía para con las personas que sufrieron abusos sexuales por parte de uno de sus miembros.
La entidad, en su comunicado, “reconoce y condena los graves errores que cometió en el pasado en la forma de escuchar, proteger y responder a las víctimas ante los abusos y reitera su petición de perdón a las víctimas, a sus familias ya todas las personas que se han visto afectadas”.
La Compañía ha asegurado que mantiene su compromiso de atención integral a las víctimas, que incluye escucha, acompañamiento y reparación, además de facilitar y colaborar con la investigación de cualquier nueva información que se pueda conocer y continuar reforzando sus procedimientos de prevención, actuación y creación de entornos seguros.
Peris, de 84 años ha aceptado residir en una comunidad jesuita pese a no ser ya sacerdote para que permanezca en un entorno controlado. El acuerdo incluye unas normas de conducta y una serie de prohibiciones que Peris debe cumplir.
El exsacerdote no podrá tener ningún tipo de contacto con menores o adultos en situación de vulnerabilidad. Tampoco podrá ausentarse de la casa sin permiso expreso, ponerse en contacto con ninguna víctima ni recibir visitas sin permiso expreso.
Esta decisión responde, según la Compañía, a la voluntad de “compatibilizar la plena aplicación de las sanciones adoptadas con la responsabilidad de no desentenderse de una situación que requiere atención y seguimiento”. La Compañía de Jesús asegura que mantiene su “compromiso con la búsqueda de la verdad y la colaboración con la justicia en todos los ámbitos”.
La conclusión de los procedimientos canónicos, asegura la congregación, “no extingue su implicación en estas situaciones que nunca deberían haber pasado”. La entidad agrega que seguirá buscando “verdad, la justicia, la reparación y la creación de entornos seguros y saludables en todas sus instituciones y comunidades”.
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