Un juez admite una querella contra los Mossos y la Policía por la expulsión de cantantes de la Sagrada Família
Un juez de Barcelona ha admitido a trámite la querella del colectivo independentista Acció Cassandra y ha ordenado a la Policía Nacional y a los Mossos d'Esquadra “identificar” a los respectivos jefes de operativo que comandaron la expulsión de cantantes de la Sagrada Familia en la visita del Papa León XIV por llevar simbología independentista.
La Policía Nacional expulsó el 10 de junio a unos 600 cantantes que iban a protagonizar el cierre musical de la misa del papa en la Sagrada Família ante el temor de que algunos de sus miembros cantaran el himno de Catalunya, Els Segadors, y mostraran símbolos independentistas, algo que no estaba previsto en el programa acordado con el templo y los organizadores de la visita papal.
Según explicaron algunos cantantes del coro, diversos integrantes introdujeron dobladas entre sus partituras esteladas para exhibir en algún momento del acto. Junto a las enseñas que escondían algunos de estos cantantes, tenían un texto que proponía desplegarlas durante la interpretación del canto del Virolai y cantar a continuación Els Segadors.
En su auto, el juez Santiago García ordena tomar declaración a cuatro de los cantantes del coro como testigos e indagar en el operativo policial antes de investigar a cualquier mando.
El magistrado ha requerido a los Mossos y la Policía que identifiquen a los respectivos jefes de operativo (al ser un acto con presencia del rey Felipe, la segurida en el interior de la Sagrada Família correspondía a la Policía, mientras que en el exterior recaía en los Mossos) así como la “cadena de mando que ordenó el encapsulamiento exterior y confinamiento de la cantoria” tras su expulsión de la basílica.
El presidente de Acció Cassandra y abogado, Lluís Gibert, ha destacado la importancia de la admisión a trámite de su querella porque confirma que los hechos denunciados “no son una exageración política, ni una simple polémica organizativa, sino unos hechos lo suficientemente graves para merecer una investigación penal con todas las garantías”.