El presidente de ERC y exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa han pedido recusar a dos de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. El objetivo de los políticos de ERC es que ambos se abstengan de participar en la sentencia que el tribunal de garantías todavía tiene que emitir sobre su recurso de amparo contra la condena que les impuso el Tribunal Supremo.
Antes de su renovación, el Tribunal Constitucional ya había resuelto los recursos de amparo sobre la sentencia del procés de nueve de los doce condenados por el Supremo. Restan pendientes de sentencia los casos de Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, todos ellos de ERC. La sentencia del Constitucional es indispensable para que puedan llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como han hecho los otros condenados.
En sus escritos, los políticos de ERC argumentan que Arnaldo y Espejel tiene una “clara predisposición o prejuicio favorable a las tesis defendidas por las acusaciones” que, según los dirigentes independentistas, muestran “tanto sus declaraciones públicas como sus relaciones personales y de afinidad ideológica”, en referencia a su cercanía al PP.
Para los políticos de ERC ambos magistrados adolecen de “falta de imparcialidad” para revisar el caso del procés. Tampoco cuentan, a su juicio, con los requisitos de no tener “ningún interés particular” en el desarrollo del pleito, ni “prejuzgar” de forma previa su resultado a partir de posturas personales.
Cabe mencionar que los políticos de ERC no han recusado al también recién elegido magistrado del Constituconal Ramón Sáez, ponente de la sentencia que absolvió al major Trapero en la Audiencia Nacional, en la que Espejel firmó un duro voto particular partidario de la condena por sedición.
Tanto Carles Puigdemont como los condenados por el Supremo y luego indultados ya habían promovido la recusación de dos magistrados del Constitucional que se habían pronunciado en actos públicos sobre el procés con el objetivo de que, en caso de rechazarse, sirviera de argumento para una condena del TEDH a España. Finalmente los magistrados Cándido Conde–Pumpido y Antonio Narváez se abstuvieron de las sentencias que avalaron la instrucción, el juicio y la condena del Supremo, con el voto particular de los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, que consideraron desproporcionadas las penas de cárcel.