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Se ha celebrado la cumbre para el derecho a decidir convocada por el presidente del Govern. Asistieron a ella los partidos catalanes que representan todas las patas del catalanismo político, las diputaciones, los ayuntamientos y demás instituciones. Mientras, el propio Parlament va terminando la ley que debe permitir convocar la consulta, lo que permite afirmar que se están ejecutando los compromisos y las responsabilidades que se desprenden de las dos declaraciones de soberanía aprobadas en sede parlamentaria, que demandan hacer realidad el ejercicio del derecho a decidir. Paralelamente, el Govern ha dado a luz al Consejo para la Transición Nacional.
Ahora bien, la sociedad catalana que quiere decidir si su futuro está en el marco español o en el de una república independiente debe asumir que, además de enfrentarse al aparato estatal español que lo niega, tiene en contra a la oligarquía económica catalana (tan bien casada históricamente con la española). Y ésta tiene nombre: sabemos quiénes son los que quieren hacer descarrilar el proceso. Son los Fainé de La Caixa, que supeditó su catalanidad y sus principios fundacionales a ser el primer banco español; son los Godó, que alimentan la acción saboteadora de Duran i Lleida hacia el president Mas; es el Lara que amenaza con deslocalizar Planeta; es el Rosell de la CEOE y su Foment del Treball controlado por el Karanka Gay de Liébana, que trata de entorpecer la decantación progresiva del empresariado más dinámico catalán, proveniente de la pequeña y mediana empresa no ligada a los beneficios del BOE, hacia posicionamientos críticos con el autonomismo. Y son otros que ya se irán destapando a medida que nos vayamos acercando al momento 0.
Su hoja de ruta no esconde nada: hay que evitar la colisión democrática entre la legalidad española y la legitimidad catalana en las urnas el próximo año, haciendo posible una nueva operación (tal vez de la altura de la de los años 1976-1978) de pacto entre las clases dominantes y el aparato político estatal, bajo el amparo de la institución monárquica a la que hay que revitalizar, con una reforma profunda de la LOFCA y con compromisos de futura reforma constitucional.
Sin embargo, los hechos tenderán a precipitarse como consecuencia de la situación económica, del desguace del estado del bienestar, de la regresión de los derechos sociales y civiles, del expolio fiscal y del impago de las deudas por parte del Estado español, a los cuales cabe añadir la negativa de Rajoy de trasladar a Cataluña la tercera parte del techo de déficit que Europa permite a España. Pero de entrada contabilizamos una “victoria”: la negativa de la Generalitat a redactar unos presupuestos bajo el 'corsé Montoro'.
Y un objetivo prioritario: acumular fuerzas para hacer posible el big bang, la ruptura del statu quo posfranquista cuantos antes mejor, que ojalá fuera posible este año, tal y como declaró Marta Rovira, portavoz de ERC en el Parlament. Sabemos, pues, quienes son los que desde nuestra casa trabajan para negarle a la ciudadanía el derecho a decidir, pero desconocemos hasta qué punto serán capaces de intentar matar políticamente al president Mas si no pliega velas (tal y como el PNV liquidó el lehendakari Ibarretxe), de la misma manera que desconocemos si la izquierda española será capaz de aprovechar la primavera catalana para agudizar las contradicciones españolas o bien optará por ser cómplice (pasivo o activo) de la represión vía derogación de la autonomía o destitución del presidente.
En todo caso, de la misma manera que gracias a la altísima participación de las últimas elecciones pudimos contarnos, ahora sabemos a quién debemos denunciar, dónde están los poderes económicos que tenemos en contra. De ahí que, repetimos, a las izquierdas nos conviene llegar lo antes posible al punto de rotura (derecho a decidir), ganarlo y abrir un proceso constituyente republicano en el que, si logramos la hegemonía, será posible una Constitución avanzada y progresista para una República Catalana social.
Por ello, las izquierdas en esta coyuntura no deberíamos hacernos daño.
Se ha celebrado la cumbre para el derecho a decidir convocada por el presidente del Govern. Asistieron a ella los partidos catalanes que representan todas las patas del catalanismo político, las diputaciones, los ayuntamientos y demás instituciones. Mientras, el propio Parlament va terminando la ley que debe permitir convocar la consulta, lo que permite afirmar que se están ejecutando los compromisos y las responsabilidades que se desprenden de las dos declaraciones de soberanía aprobadas en sede parlamentaria, que demandan hacer realidad el ejercicio del derecho a decidir. Paralelamente, el Govern ha dado a luz al Consejo para la Transición Nacional.