El último informe presentado el 22 de octubre por Ecologistas en Acción sobre la calidad del aire que respiramos en el país confirma lo que ya sabíamos: las medidas realizadas el pasado año por las estaciones de control atmosférico de Catalunya y especialmente de Barcelona siguen superando –como en años anteriores—los límites de contaminación permitidos por la normativa europea, en particular de dióxido de nitrógeno derivado del tránsito. La particularidad de este año es que el gobierno de la Generalitat sigue sin elaborar el obligatorio plan de mejora de calidad del aire, destinado a cumplir con los requisitos europeos, pese a que la Unión Europea ha rechazado la demanda de prórroga del anterior, aprobado por el gobierno tripartito en 2007 y ya expirado (nunca mejor dicho).
Simultáneamente, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anunciaba el 17 de octubre que considera probada la relación de causa-efecto entre contaminación ambiental y cáncer, atribuyéndole 223.000 muertes anuales en el mundo, un 15 % de la cifra de muertes por cáncer de pulmón. En el mismo momento la Agencia Europea del Medio Ambiente estimaba que el 90 % de la población urbana de la Unión Europea respira aire perjudicial para la salud y el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnick, situaba en 400.000 por año las muertes prematuras de europeos por esta causa. “Diez veces más que por los accidentes de tránsito”, apostillaba.
Aunque las cifras estimativas y la legislación vigente no destaquen por su precisión, la tendencia es unánime. La Comisión Europea ya ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona, entre otras ciudades de países miembros, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo por los incumplimientos en valores límites de contaminación ambiental los años 2005 y 2006, igual como podría hacerlo por los siguientes. Pero resulta más fácil pagar las multas correspondientes que aplicar un plan de acción eficaz contra la contaminación mediante la reducció de las emisiones de los vehículos.
Las insistentes campañas de la administración pública contra el tabaco enmascaran otras contaminaciones derivadas del incumplimiento de la ley por las mismas autoridades. Centrar el foco en la contaminación de los fumadores es una forma de desviar la atención por parte de la administración, de eludir sus responsabilidades propias y directas. La consigna contra el humo debe aplicarse igualmente al parque automotor y los combustibles, estrechamente controlados en tantos otros aspectos por la administración y sobre los que percibe jugosos impuestos. Fumadores pasivos o inhaladores activos lo somos todos, y no siempre de tabaco. Los fumadores se han mostrado a menudo más respetuosos de la ley que el propio legislador.
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