Ni un atisbo de contrición en el exlíder de PP Pablo Casado por haber difundido bulos sobre el catalán en la escuela. El expresidente del PP se ha reafirmado en sus palabras, si bien ha reconocido ante el juez que no contrastó personalmente la “información” de la prensa en la que se inspiró para afirmar que en las aulas catalanas se prohíbe ir al baño a los niños que hablan castellano. Es más, ha dicho que volvería a decir lo mismo, según han explicado fuentes jurídicas.
El exlíder del PP, desbancado el año pasado del mando del partido por Alberto Núñez Feijóo tras una batalla interna con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este lunes como investigado más de un año después de que la Generalitat se querellara contra él por injurias, calumnias e incitación al odio.
Los hechos se remontan a finales de 2021. La decisión judicial de imponer el 25% de castellano a toda un aula a petición de una sola familia de Canet de Mar (Barcelona) desembocó en una campaña de la derecha y la extrema derecha contra la inmersión lingüística en catalán. En este contexto, Casado alimentó los bulos sobre la escuela en catalán durante un acto político del PP.
El entonces líder del PP difundió dos bulos. El primero, que se prohíbe ir al baño a los menores que hablan castellano. El segundo, que hay niños a los que se les pone “piedras en la mochila” por hablar castellano en el patio, una referencia que se remonta a lo ocurrido en 1997 en el pueblo vizcaíno de Zeanuri, cuando un grupo de padres denunció que los monitores de un campamento cargaban a sus hijos con piedras por hablar castellano, algo que negó la directora. En cualquier caso, nada que ver con Catalunya.
Dos días después, Casado admitió que en realidad había leído “una noticia de hace diez años”, lo que, a su juicio, demostraba que el caso de la escuela de Canet “no es nuevo”. Por entonces el Govern y los partidos independentistas ya habían anunciado acciones legales contra Casado.
En su declaración como investigado este lunes, según fuentes jurídicas, Casado ha alegado que sus palabras provinieron de “información contrastada” y publicada por varios medios de comunicación, aunque ha admitido que después no corroboró personalmente lo que leyó en la prensa.
Lejos de reconocer que se pasó de frenada, Casado ha llegado a reprochar a la Generalitat que se querellara contra él y no hiciera lo mismo contra los medios de comunicación que reprodujeron los testimonios de los supuestos vetos a orinar por hablar en castellano o el episodio de las piedras en la mochila, han explicado las mismas fuentes.
También ha aprovechado la ocasión Casado para manifestar ante el juez que se siente víctima de un “trato diferencial” respecto a los diputados del Parlament, a quienes, en su opinión, no se persigue judicialmente por sus declaraciones políticas.
En el alegato más político de Casado ante el juez, el exlíder del PP ha justificado sus palabras como “una defensa” de la familia de Canet que pidió y consiguió el 25% y las ha enmarcado en una crítica política hacia ERC y Junts por la inmersión lingüística. Según el exdirigente conservador, la familia de Canet sufrió “odio” por parte de los parlamentarios independentistas.
Por si no fuera suficiente, Casado ha remarcado que sus palabras están amparadas por la inviolabilidad parlamentaria (el derecho que tienen los diputados a no sufrir una persecución penal por sus opiniones), pese a que los bulos sobre el catalán los dijo en un mitin del PP en A Coruña y no en el Congreso.
Casado no quiere a la Generalitat
La declaración de Casado como investigado se ha postergado varios meses después de que el juez no lo localizara en la sede del PP, donde no sabían el paradero de su exlíder. El líder del PP también intentó suspender su declaración con un recurso contra la admisión de la querella el pasado mes de febrero, por el que pidió el archivo del caso. El juez lo rechazó.
En su escrito, Casado alegó que sus bulos sobre el catalán estaban amparados por la libertad de expresión y la inviolabilidad parlamentaria, pero el magistrado recordó que sus palabras “no fueron realizadas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, sino como presidente del PP”. “Su intencionalidad política no excluye un añadido ánimo delictivo”, apostilló el instructor.
Además, Casado pidió expulsar a la Generalitat del caso argumentado que no tenía legitimidad para interponer la querella. Pero el juez rechazó también ese alegato al recordar que las palabras del exdirigente del PP podrían suponer “una descalificación a la educación pública en Catalunya”.
Alegando esa supuesta falta de legitimidad que el juez ha rechazado, Casado se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de la abogada del Govern, así como a la acusación popular que ejerce el letrado Josep Rosell, del Equip d'Advocats Independents. El fiscal del caso no ha acudido a la comparecencia.
Tras su declaración, en un comunicado, Casado ha considerado que la causa judicial “atenta contra las reglas procesales más elementales y ataca flagrantemente” sus derechos fundamentales. Según Casado, es “surrealista” que se le impute un delito de odio cuando él ha defendido a “víctimas del odio”, en referencia a la familia de Canet.
“Los constitucionalistas llevan demasiados años aguantando los insultos y amenazas de los independentistas en toda clase de formatos con total impunidad, mientras la administración pagada con los impuestos de todos los catalanes se gasta el dinero en querellas para intentar amedrentar a los que denuncian sus ataques a la ley, a la convivencia y las libertades”, ha apostillado Casado.