La patronal de pisos turísticos de Barcelona exige 1.000 millones de compensación por la nueva regulación

Las empresas de apartamentos turísticos han presentado reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el decreto que las limita que ascienden a 1.000 millones de euros, según su patronal.

El presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, lo ha explicado en una rueda de prensa junto a la directora general, Marian Muro, en la que ha añadido que hasta el momento han presentado las reclamaciones alrededor de 1.500 pisos turísticos y 25 empresas gestoras ubicadas en Barcelona.

El decreto Ley 3/2023 de la Generalitat fija un máximo de apartamentos turísticos en los municipios que obligará a algunos ayuntamientos a eliminar licencias. En el caso del de Barcelona, Jaume Collboni anunció que directamente no las renovaría cuando venzan en 2028.

Alcántara ha explicado que el plazo para presentarlas termina el próximo 8 de noviembre y ha previsto que se alcanzarán reclamaciones por valor de 3.000 millones en Barcelona y de 7.000 millones en el conjunto de Catalunya. Ha añadido que la extinción de las licencias de apartamentos turísticos conlleva una “responsabilidad patrimonial” que debe ser asumida por las administraciones públicas.

El presidente de la entidad ha apuntado que los propietarios de los inmuebles entienden que “hay un perjuicio claro sobre su patrimonio”. En este sentido, ha señalado que la cantidad reclamada comprende tanto el valor de las viviendas como la diferencia de beneficios entre el alquiler turístico y los que tendrían si los pisos se destinan a alquiler tradicional.

Muro ha lamentado que es “una expropiación encubierta de un derecho y esto da pie a una indemnización” a los propietarios que tienen este derecho. Ha criticado que esta situación provoca “inseguridad jurídica y vulnerabilidad importante” a cualquier sector que ejerce una actividad con una licencia.

Preguntados por la relación con el Govern liderado por Salvador Illa, Alcántara ha explicado que ya han pedido una reunión y que les consta que la podrán hacer “pronto”.

Ha lamentado que este Govern tenga que hacer frente a las consecuencias de un decreto aprobado por el anterior Ejecutivo catalán y ha pedido una “reflexión profunda sobre el efecto negativo” que la extinción de estas licencias puede tener sobre la economía catalana y los propietarios.

El presidente de la asociación ha lamentado que el Ayuntamiento de Barcelona “no tiene” la mano tendida para dialogar y que, según él, hace más de un año que pidieron reunirse con el alcalde, Jaume Collboni, y que aún no lo han hecho