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CATALUNYA

Más de 13.000 académicos de EE.UU y Reino Unido piden el archivo de la causa contra la Sindicatura Electoral del 1-O

La American Political Science Association (APSA) envía una carta a Pedro Sánchez en la que pide "poner fin a la intimidación" de los cinco exsíndicos

La Fiscalía pide dos años y 9 meses de cárcel para los síndicos electorales del 1-O

La Fiscalía pide dos años y 9 meses de cárcel para los síndicos electorales del 1-O EFE

Nueva muestra de apoyo internacional a encausados por el proceso soberanista, en este caso a los cinco exmiembros de la Sindicatura Electoral del 1-O a los que la Fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel. La American Political Science Association (APSA), que representa a más de 11.000 profesores de los EE.UU. y de otras universidades del mundo, ha enviado este viernes una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la pide el archivo de la causa contra los cinco politólogos y juristas catalanes encausados por haber formado la Sindicatura del 1-O.

La misiva de la APSA se suma al comunicado de la Political Science Association (PSA) del Reino Unido, asociación que engloba a más de 2.000 profesores de ciencia política, que el pasado miércoles apoyó a los exsíndicos Jordi Matas, Marc Marsal, Tània Verge, Marta Alsina y Josep Pagès y mostró su "una firme condena a la ilegalidad de encarcelar a alguien por sus convicciones políticas".

La carta de la APSA hecha público este viernes por los exsíndicos asegura que perseguir por la vía penal a los juristas y polítólogos "socava gravemente el compromiso del gobierno español con los procesos democráticos y el imperio de la ley, así como la libertad de expresión". Por ello la asociación insta al Gobierno a "poner fin a la intimidación" de los cinco académicos y que retire los cargos "de inmediato".

El ministerio público pide dos años y nueve meses de cárcel para los cinco académicosque conformaron la Sindicatura Electoral del 1-O, el órgano encargado de velar por el buen desarrollo de la votación pero que fue disuelto antes del referéndum ante la amenaza de multas por parte del Tribunal Constitucional a sus miembros. La Fiscalía califica las dos semanas que pasaron en el cargo los síndicos  como un delito de desobediencia grave a la autoridad y otro de usurpación de funciones, que castiga el ejercicio "ilegítimo" de actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial.

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