ERC impone al PDECat firmeza contra la corrupción para cerrar la polémica sobre el caso Palau
La decisión tomada por este martes por el Govern, por la que la Generalitat ha permitido que el Consorcio del Palau acuse a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el caso Palau, ha resuelto el pulso que mantenían ERC y el PDECat sobre la cuestión en favor de los republicanos. Finalmente los de Oriol Junqueras han conseguido imponer esta semana el criterio favorable a la acusación, después de que la semana pasada el respaldo de Carles Puigdemont al conseller de Cultura, Santi Vila, hiciera converger la decisión del Govern con los intereses judiciales de los nacionalistas.
La presión constante desde hace semanas ejercida por el teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens (BComú), junto a las propuestas de resolución de la CUP y CSQP que triunfaron en el Parlament el pasado miércoles con votos a favor de ERC y la abstención del PDECat, han sido claves para que los republicanos hayan conseguido el cambio de posición del Govern.
ERC consideraba que la imagen del Ejecutivo salía muy perjudicada al utilizar su poder en el Consorcio del Palau para librar a Convergència de la acusación del Palau por las presuntas comisiones recibidas de Ferrovial a cambio de obra pública. Por su lado, el Ayuntamiento insistía en que el cambio no implicaba grandes complicaciones técnicas, sino tan solo la adhesión del Consorcio a la acusación que la Fiscalía y la Federación de Asociaciones de Vecinos sí hacían contra el partido.
Después de la primera reunión del Consorcio, el viernes 12 de mayo, en la que gracias a los votos contrarios de la Generalitat ganó la opción de no acusar contra la voluntad del Ayuntamiento de Barcelona, Esquerra se revolvió y mostró su malestar con la decisión tomada desde el departamento de Cultura y sin consultarles.
A partir de ahí, el siguiente martes los consellers republicanos llevaron el asunto ante el Consell Executiu, donde el Govern consensuó una serie de puntos en las que, si bien se hablaba de “ir hasta el final” en los casos de corrupción, no cambiaban el criterio de no acusar a Convergència.
Al día siguiente, cuando las acusaciones pasaban sus conclusiones de provisionales a definitivas ante el tribunal del caso Palau, en el Parlament la CUP y Catalunya Sí que es Pot presentaban sendas propuestas de resolución que instaban al Govern a permitir la acusación.
Ambas mociones fueron aprobadas gracias a la división que se produjo en Junts pel Sí. ERC votó a favor y el PDECat se abstuvo para intentar demostrar que no tiene vínculos con Convergència en lo que a corrupción se refiere. Tanto es así que este martes el conseller de Cultura, el neoconvergente Santi Vila –el mismo que hace una semana defendió a capa y espada no acusar a CDC– sacaba pecho del cambio de decisión en el Govern, asegurando que demostraba que el PDECat ha roto con la forma de hacer de su partido antecesor.
El pulso interno, sin embargo, se ha producido durante las últimas semanas. Por parte de ERC apuntan a que ha prevalecido su estilo “implacable” en la lucha contra la corrupción. Por su lado, fuentes del Partit Demòcrata relatan movimientos internos que han facilitado el reajuste de opiniones en el Govern.
Barrera contra el 3%
La de este martes se suma a las dos decisiones ortodoxas anticorrupción que ERC, desde que entró en el Govern de JxSí en enero del año pasado, ha impuesto al PDECat. Ambas están relacionadas con el caso del 3%, que investiga la presunta financiación ilegal de Convergència con comisiones de constructores a cambio de obra pública de los gobiernos de Artur Mas y del Ayuntamiento de Barcelona de Xavier Trias.
El primer golpe sobre la mesa de ERC fue la destitución de Núria Bassols, comisionada de Transparencia de los gobiernos de Mas y cesada en enero de 2016, a penas diez días después de que el nuevo Govern de JxSí tomara posesión. Su cese provocó un enfrentamiento entre ERC y el PDECat, que mantenía su confianza en la magistrada del TSJC pese a que estaba salpicada por el caso del 3%.
Según un informe que obra en el caso, el marido de la magistrada, el empresario Josep Manel Bassols (detenido dos veces en la causa), contactó con Mas y Germà Gordó para que la colocaran en el Govern. Cuando todavía era magistrada del TSJC, Bassols exculpó del caso Adigsa al exdiputado convergente, Ferran Falcó, en 2013. Pocos meses después, Bassols fue fichada por el Govern de Artur Mas como responsable de Transparencia.
Y en febrero de 2016, el Govern cesó al director de Infraestructures.cat, la empresa encargada de gestionar la obra pública de la Generalitat, Josep Antoni Rosell, también detenido en el caso del 3% y un histórico de los gobiernos de Pujol. Pese a que en un primer momento el PDECat maniobró para encontrarle otro cargo en la empresa, finalmente ERC se impuso y rescindió su contrato por “pérdida de confianza”. Un juzgado de lo social de Barcelona rechazó este mes de mayo el recurso de Rosell, que reclamaba a la Generalitat 300.000 euros por su despido.
