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CATALUNYA

El Govern asume que habrá elecciones si el Supremo reafirma la inhabilitación de Quim Torra

La consellera portavoz recuerda que si el president es destituido en sentencia firme y el Parlament no inviste a otro diputado, las elecciones se convocan automáticamente

Torra pone la presión sobre Torrent y deja en manos del Parlament su posible destitución, aunque el Govern esquiva hablar de desobediencia

Budó ve en las citaciones del Tribunal de Cuentas una muestra de "represión"

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, junto al president Torra EFE

El Govern de Quim Torra ha comenzado a aceptar que podría haber unas nuevas elecciones catalanas en los próximos meses. Esta opción esta en buena parte en manos del Tribunal Supremo, que debe decidir si reafirma la condena de inhabilitación al president Torra, lo que le privaría de su escaño y eventualmente de la presidencia de la Generalitat. Si esto ocurre, ha admitido este miércoles la consellera portavoz Meritxell Budó, sería el Parlament quien debería de "pronunciarse" y, en caso de no investir a otro candidato, se convocarían elecciones automáticamente.

El propio Torra ha aceptado este miércoles en una entrevista en Ràdio 4 que la opción de unas elecciones anticipadas no puede descartarse. Ahora bien, en su caso ha preferido poner la presión sobre el Parlament y su presidente, Roger Torrent, asegurando que solo la Cámara podría cesarle. "Si el Parlament llegase al extremo de desautorizarme, estaríamos hablando de que seguramente estaríamos unos meses con un presidente en funciones y se convocarían elecciones", ha asegurado Torra.

La consellera Budó, en rueda de prensa tras la reunión del Govern, ha preferido sin embargo esquivar esta afirmación del president y ha manifestado que, ante una sentencia firme del Supremo, el Parlament deberá "pronunciarse" porque es a ese organismo a donde llegaría el requerimiento. "Será el Parlament quien deberá de pronunciarse, dar cumplimiento o pronunciarse, sobre esta cuestión", ha asegurado Budó, sin dar más detalles.

El procedimiento legal ante una sentencia firme del Supremo es que la Mesa del Parlament lo tramite llevándolo a la Comisión del Estatuto del Diputado, que debe ejecutar la sentencia. A preguntas de los periodistas, la consellera ha negado que el Ejecutivo esté pidiendo al Parlament que desobedezca a los tribunales.

Por la mañana el jefe del Govern sí se había referido a la desobediencia, en los términos en los que acostumbra a hacer y, de nuevo, para situar la presión sobre sus socios de ERC en la Cámara. "No se trata de si obedecemos o desobedecemos al Supremo, sino si obedecemos o desobedecemos al Parlament de Catalunya, que es donde reside la soberanía del pueblo de Catalunya", ha asegurado Torra durante su entrevista radiofónica.

Pero, por mucho que Torra desee inscribir su cese en una cuestión parlamentaria, su situación judicial en el caso de una sentencia firme del Supremo sería inequívoca. A diferencia de la orden de la Junta Electoral, que ha sembrado dudas jurídicas sobre su competencia para cesar presidents, tanto el Estatut como la ley de la Presidència y el reglamento del Paralement contemplan sin matices que el cese del president de la Generalitat pueda producirse mediante una sentencia firme que lo inhabilite. Por esta razón, aunque el Parlament volviese a ratificar a Torra mediante una votación simbólica, sus opciones de mantenerse en la presidencia de forma legal serían prácticamente nulas.

"Si se produce esta sentencia firme y el Supremo ratifica la inhabilitación, el Parlament debería posicionarse y lo que recoge la ley son 10 días de margen para que se proponga a un nuevo candidato y después los términos habituales para la investidura", ha recordado Budó. La portavoz, con todo, ha asegurado que prefiere no adelantar acontecimientos, puesto que aún están "en la fase de la defensa" y con un recurso de casación presentado ante el Supremo, por lo que el tribunal podría optar también por no ratificar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Otra de las opciones que están sobre la mesa es que el president pueda convocar elecciones antes de que el Supremo se pronuncie sobre la sentencia, haciendo uso de su prerrogativa única de disolver el Parlament cuando lo considere. Esta opción, sin embargo, no parece del gusto de un president que repite que dejará la decisión en manos del Parlament. 

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