Dos detenidos y tres registros en sedes de la Generalitat en una operación por el censo del 1-O
La Policía Nacional ha registrado este martes las sedes de la conselleria de Economía y el centro de telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI). El operativo, ordenado por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum, está relacionado con el censo utilizado en la votación. En concreto, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer investiga si el Govern obtuvo de forma ilegal el censo del 1-O.
En el marco de la operación, los agentes han detenido al director Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat), y al jefe del gabinete técnico de la Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Daniel Gimeno. Se trata de arrestos para llevar a cabo los registros, pues el magistrado no ha ordenado ninguna detención. Ambos ya han quedado en libertad.
Los tres registros afectan a la sede del CTTI en L'Hospitalet de Llobregat; el despacho de Gimeno en la conselleria de Economía; y la sede de la Generalitat donde se controlan los certificados de envío de correos, que se encuentra alojada en la sede del grupo Mediapro en la Avenida Diagonal de Barcelona. Fuentes judiciales remarcan que las diligencias acordadas por el juez “en ningún caso” están vinculadas con el grupo Mediapro.
El Govern empleó para el 1-O un censo universal para minimizar los efectos de que uno o varios colegios se cerraran y para maximizar la participación. El censo universal implicó que una aplicación informática registrara de forma on-line el voto de los electores. La información fue accesible desde todas las mesas, que estuvieron conectadas con la base de datos universal.
Continuación de la operación de diciembre
La operación de este martes es una continuación de los registros del pasado mes de diciembre en la sede del instituto de estadística catalán (Idescat) en el marco de la investigación de un posible delito de revelación de secretos en la confección irregular del censo. La Fiscalía abrió diligencias para investigar el posible origen delictivo de los datos de la página web del censo del 1-O, que señalaba el local de votación asignado a cada elector cuando éste facilitaba su DNI o fecha de nacimiento. La Generalitat no podía usar para la votación el censo electoral, reservado en exclusiva al Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el último informe aportado al juzgado el pasado 29 de mayo, la Policía Nacional sostiene, a partir de los correos electrónicos del director y técnicos del Idescat incautados en la operación de diciembre, que el instituto de estadística habilitó a la conselleria de Economía “los medios técnicos y electrónicos necesarios para disponer de los ficheros con los datos personales del registro de población y del registro de catalanes en el extranjero”, claves para configurar el censo.
Los investigadores señalan un correo electrónico del mes de mayo de 2017 entre el director del Idescat, Frederic Udina, y el jefe del gabinete técnico de la conselleria de Economía, Daniel Gimeno, ambos detenidos este martes. En este correo, se entregaron a Economía los ficheros con los datos personales incluidos en el registro de población de Catalunya que controla el Idescat “sin que la cesión estuviera amparada por ningún marco legal”, sostiene la Policía.
Añaden los investigadores que sí existía un convenio entre el Idescat y distintos departamentos de la Generalitrat para usar los datos del registro de población para consultas populares no referendarias. Y aquí es donde se encuentra la clave de la posible infracción, ya que, recuerda la Policía, “el 1-O fue ejecutado como si de un acto referendario se tratara”. En otras palabras: la Generalitat podía usar los datos del Idescat siempre que no fuera para un referéndum.
Precisamente durante la operación de este martes los agentes el interés de los agentes se ha centrado en el ordenador de Gimeno ubicado en su despacho de la conselleria de Economía, han explicado fuentes conocedoras del caso. El registro ha sido practicado por agentes vestidos de paisano.
Además de los correos electrónicos, la Policía expone indicios de carácter político en su informe. Por ejemplo, la invitación que recibió Udina para participar en un acto de altos cargos de apoyo al referéndum en el Palau de la Generalitat el pasado mes de abril demuestra, según los agentes, “la sintonía y el compromiso del Idescat con la línea política marcada por el Govern de turno”.
El informe policial incluye una valoración de los datos del 1-O: en cualquier caso, remarca la Policía, los resultados del referéndum “están huérfanos de toda legitimidad” debido al uso del censo universal “burlando los requisitos establecidos por la ley”, la “contabilización dudosa de los votos” o la falta de un órgano independiente e imparcial para garantizar la objetividad del proceso electoral. “Se entregaron urnas precintadas y con papeletas dentro y no se supo el destino de las urnas ni de los votos, etc”., concluye el informe.
