Joaquim Forn rechaza que los Mossos sean dirigidos desde el Ministerio del Interior
El conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha anunciado que la Generalitat ha rechazado la orden de que los Mossos d'Esquadra sean dirigidos desde el Ministerio del Interior, hecha este sábado por el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada. “El cuerpo de los Mossos no renunciará nunca a ejercer las competencias que le son propias”, ha asegurado Forn.
Por ello, el conseller ha anunciado que los servicios jurídicos de su departament están estudiando ahora la orden para poder responderla con argumentos jurídicos. “Denunciamos la voluntad de intervenir a los Mossos tal y como se ha hecho como las finanzas”, ha asegurado Forn, que ha calificado la orden del Fiscal de “injerencia” contra el autogobierno.
El fiscal Romero de Tejada ha comunicado este sábado su orden a los principales cuerpos policiales que actúan en Catalunya, como los Mossos, la Guardia Urbana de Barcelona, además de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Estas funciones se traspasarían según el artículo 46 de la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, asumiendo este mando único todas las funciones de los Mossos previstas en el artículo 38.2, según la nota enviada por el Ministerio.
A la reunión en la que se ha comunicado, además de representantes de los cuerpos concernidos y la Fiscalía, ha asistido Diego Pérez de los Cobos, el coronel de la benemérita elegido por el Ministerio para dirigir a la policía autonómica catalana hasta el 1-O.
“El Estado pretende dirigir a los Mossos desde un alto cargo del Ministerio”, ha explicado el conseller, considerándolo innecesario ya que “Catalunya dispone de organismos para coordinar a las fuerzas, como la Junta de Seguridad”.
Fuentes próximas a la organización del dispositivo han subrayado que con la orden no se asumen todas las competencias de los Mossos, sino únicamente su coordinación junto al resto de los cuerpos en el dispositivo por el referéndum del 1 de octubre. De facto, la orden retiraría al mayor Josep Lluís Trapero como máximo responsable policial del cuerpo catalán.
