El juez escocés fija para el 11 de mayo la vista sobre la extradición de Ponsatí

El juez escocés ha fijado el inicio de la vista sobre la extradición a España de la exconsellera catalana de Enseñanza Clara Ponsatí para el próximo 11 de mayo en el Tribunal del Sheriff de Edimburgo. Con anterioridad al juicio, las partes han decidido una última vista preliminar el 5 de marzo, en que se abordarán cuestiones como las implicaciones que tiene el Brexit en el proceso de extradición -Ponsatí se convertirá en eurodiputada el 31 de enero- los testigos que serán citados a declarar.

En una vista preliminar que tuvo lugar hoy en la capital escocesa, el juez Nigel Ross decretó la fecha de inicio del proceso, que puede estar condicionado, como apuntó el abogado de Ponsatí, por el hecho de que la catalana se convertirá en eurodiputada tras el abandono del Reino Unido de la Unión Europea, el próximo día 31.

La defensa de Ponsatí ya ha avanzado su intención de pedir que en el juicio sobre la extradición declaren como testigos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el expresidente Mariano Rajoy o el líder de Vox, Santiago Abascal.

Respecto a las implicaciones en la causa de su futura condición de eurodiputada, la defensa ha considerado “improbable” que se suspenda la euroorden, como sí ha pasado en Bélgica con Carles Puigdemont y Toni Comín. Debido al Brexit, España ganará cinco escaños en el Parlamento Europeo, y uno de ellos será el de Ponsatí, que obtendrá así inmunidad.

Tras la sentencia del procés, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena cursó de nuevo euroórdenes contra el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers que permanecen en el extranjero –Toni Comín y Lluís Puig en Bélgica; Ponsatí en Escocia. Los jueces belgas dejaron en libertad a Puigdemont, Comín y Puig mientras deciden sobre su extradición, al igual que su homólogo escocés hizo con Ponsatí el pasado mes de noviembre.

A Ponsatí el juez Llarena la reclama únicamente por un delito de sedición en base a la sentencia del procés y no por rebelión ni malversación, delitos por los que procesó a la exconsellera en marzo de 2018. La malversación cayó de la nueva euroorden porque la sentencia del procés no ha considerado que el cálculo del alquiler de los colegios para celebrar el 1-O pueda sustentar este delito, tal y como sostenía la Fiscalía.