El fiscal carga contra el juez por “legitimar un estado policial” al archivar el presunto espionaje de los Mossos
Duro reproche de la Fiscalía al juez de Barcelona que archivó la investigación sobre el presunto espionaje por motivos políticos de los Mossos d'Esquadra. En su recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona, el fiscal del caso acusa al instructor de “legitimar un estado policial” al dar carpetazo a la causa dando por buenos los alegatos “genéricos” del jefe de la Comisaría de Información de los Mossos, Manel Castellví.
El titular del juzgado de instrucción 22 de Barcelona, Juan Emilio Vila Mayo, archivó la causa relacionada con la tentativa de quema de documentos que los Mossos d'Esquadra realizaron el 26 de octubre de 2017, un día antes de la DUI. Según la Policía Nacional, estos documentos mostrarían que los Mossos llevaron a cabo tareas de investigación y seguimiento a destacados políticos y representantes del constitucionalismo precisamente por su posición contraria a la secesión, tesis que rechazó de plano el instructor.
El juez concluyó que la policía catalana sí mantuvo abiertas informaciones o investigaciones sobre algunas personas, pero descartó que fueran por motivos políticos, prohibidos por la legislación. El instructor dio veracidad total a lo aducido por Castellví, que en su declaración como testigo alegó que se recabaron datos abiertos sobre distintas personas “con el fin legítimo de garantizar el orden público frente a posibles alteraciones”, algo que el juez tildó de “necesario en una sociedad democrática”.
“No puede concluirse que las investigaciones no estuvieran guiadas por el propósito de salvaguardar el interés público y por lo tanto no son una desviación de poder”, zanjó el juez, que de esta forma restó credibilidad a los informes de la Policía Nacional, que habían alimentado la causa contra los exjefes de los Mossos, entre ellos el exmajor Trapero, en la Audiencia Nacional.
En su recurso, del que ha informado en primer lugar El Periódico y al que ha tenido acceso este diario, el fiscal cree que hace falta investigar más. “No basta con que la policía alegue de forma genérica que la invasión de la intimidad se realizó en el curso de una investigación y por lo tanto estaba justificada. Admitir tal explicación genérica sin exigir mayor concreción de los motivos [...] y la explicación de la forma en que se obtiene la información y el tiempo durante el cual las personas han sido seguidas y observadas sería tanto como legitimar un estado policial”, sostiene el fiscal en su escrito.
De hecho, esto es lo que precisamente hizo el instructor, a criterio del fiscal, cuando decidió archivar la causa sin haber acreditado “la necesidad de la invasión de la intimidad de los supuestos espiados” y sin haber excluido que el objetivo de la investigación de los Mossos “no tuviera fines espurios”.
Por todo ello, el fiscal pide a la Audiencia de Barcelona que obligue a los Mossos a presentar la autorización administrativa que avalara la quema de documentos en la incineradora, y que se tome declaración a todos los agentes de la policía catalana que aparecen en los papeles que rescató la Policía Nacional como autores de los seguimientos.
El objetivo del fiscal no es otro que determinar “las razones, causas y fines” de la investigación de los Mossos, así como “la forma en que se decidía a quién investigar y la forma y el tiempo durante el que se habría llevado a cabo el seguimiento si existió”, para acreditar, esta vez sí, que las pesquisas de la policía catalana “se ajustaban a los requisitos” legalmente establecidos para poder considerar legítima la intromisión policial en la vida privada de los supuestos espiados.
El recurso del fiscal se suma al presentado por los querellantes, entre ellos el abogado José María Fuster-Fabra, que representa al resto supuestos espiados: dos líderes sindicales de los Mossos, periodistas como Albert Castillón, así como el exdetective de Método 3 Julián Peribáñez, el exlíder de Sociedad Civil Catalana José Ramón Bosch y los políticos de Ciudadanos y el PP David Heredia y Sergio Santamaría. En total, la investigación del juzgado de instrucción 22 de la capital catalana acumuló 17 querellas o denuncias.
