El TSJ catalán fija el 12 de julio el juicio contra Torrent por permitir reprobar a la monarquía

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fijado para el próximo 12 de julio el juicio contra el expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, y tres exmiembros de la Mesa por desobediencia al permitir la pasada legislatura la tramitación y votación de una moción sobre la autodeterminación y otra para reprobar a la monarquía, en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

El Parlament aprueba una moción de la CUP sobre autodeterminación minutos después de que el Constitucional ordenase pararla

Saber más

El alto tribunal catalán acuerda el juicio contra Torrent, el exvicepresidente del Parlament Josep Costa (Junts) y de los exsecretarios Eusebi Campdepadrós (Junts) y Adriana Delgado (ERC). La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación para Torrent y sus dos compañeros independentistas en la Mesa y considera un delito de desobediencia la tramitación de dos resoluciones en la pasada legislatura a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía pese a las advertencias de su ilegalidad por parte del secretario general del Parlament y a sabiendas de que el Constitucional se lo había prohibido.

A Adriana Delgado, que era miembro de la Mesa por ERC y participó solo en una de las tramitaciones de las resoluciones vetadas por el Constitucional, la Fiscalía le pide un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.

El TSJC acuerda que los acusados sean citados personalmente en sus domicilios para que se presenten al juicio, aunque invoca los artículos 775.1 y 781.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establecen que la ausencia “injustificada” de un acusado debidamente citado no será causa para suspender el juicio cuando la pena solicitada no supere los dos años de cárcel o más de seis años en peticiones de otra naturaleza, como sería la de inhabilitación.

En el marco de esta causa, los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 27 de octubre a Costa para que compareciera ante la jueza Alegret –ante la que ese mismo día se acogió a su derecho a no declarar, tras lo cual quedó en libertad–, después de que el 15 de septiembre hubiera plantado a la magistrada, que le había citado para tomarle declaración en fase de instrucción

Los debates por los que Torrent y el resto de exmiembros soberanistas de la Mesa se sentarán en el banquillo se celebraron en el pleno de respuesta a la sentencia del procés de finales de octubre de 2019. El Tribunal Constitucional había advertido a la Mesa de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera reiterar las mociones en favor de la autodeterminación del 2015 y otra de 2018 de reprobación de la monarquía.

El Constitucional había anulado la moción crítica con la monarquía, de mero valor simbólico, al considerar que la inviolabilidad de la que goza el rey reconocida por la Constitución no solo implica que está exento de responsabilidad penal, sino que también veta cualquier crítica política que realice una institución. “Cualquier decisión de un órgano del Estado, en este caso del Parlamento de Cataluña, que pretenda emitir un juicio de reprobación hacia la persona del rey resultará contraria al estatus constitucional del monarca”, sentenció el tribunal de garantías.

Según el Ministerio Público, los acusados actuaron siendo “plenamente conocedores del contenido” de las providencias del Tribunal Constitucional, a pesar de la “oposición” del resto de miembros de la Mesa y de “los expresos apercibimientos realizados por el Secretario General del Parlament y el Letrado Mayor”.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fijado para el próximo 12 de julio el juicio contra el expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, y tres exmiembros de la Mesa por desobediencia al permitir la pasada legislatura la tramitación y votación de una moción sobre la autodeterminación y otra para reprobar a la monarquía, en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

El Parlament aprueba una moción de la CUP sobre autodeterminación minutos después de que el Constitucional ordenase pararla

Saber más

El alto tribunal catalán acuerda el juicio contra Torrent, el exvicepresidente del Parlament Josep Costa (Junts) y de los exsecretarios Eusebi Campdepadrós (Junts) y Adriana Delgado (ERC). La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación para Torrent y sus dos compañeros independentistas en la Mesa y considera un delito de desobediencia la tramitación de dos resoluciones en la pasada legislatura a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía pese a las advertencias de su ilegalidad por parte del secretario general del Parlament y a sabiendas de que el Constitucional se lo había prohibido.

A Adriana Delgado, que era miembro de la Mesa por ERC y participó solo en una de las tramitaciones de las resoluciones vetadas por el Constitucional, la Fiscalía le pide un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.

El TSJC acuerda que los acusados sean citados personalmente en sus domicilios para que se presenten al juicio, aunque invoca los artículos 775.1 y 781.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establecen que la ausencia “injustificada” de un acusado debidamente citado no será causa para suspender el juicio cuando la pena solicitada no supere los dos años de cárcel o más de seis años en peticiones de otra naturaleza, como sería la de inhabilitación.

En el marco de esta causa, los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 27 de octubre a Costa para que compareciera ante la jueza Alegret –ante la que ese mismo día se acogió a su derecho a no declarar, tras lo cual quedó en libertad–, después de que el 15 de septiembre hubiera plantado a la magistrada, que le había citado para tomarle declaración en fase de instrucción

Los debates por los que Torrent y el resto de exmiembros soberanistas de la Mesa se sentarán en el banquillo se celebraron en el pleno de respuesta a la sentencia del procés de finales de octubre de 2019. El Tribunal Constitucional había advertido a la Mesa de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera reiterar las mociones en favor de la autodeterminación del 2015 y otra de 2018 de reprobación de la monarquía.

El Constitucional había anulado la moción crítica con la monarquía, de mero valor simbólico, al considerar que la inviolabilidad de la que goza el rey reconocida por la Constitución no solo implica que está exento de responsabilidad penal, sino que también veta cualquier crítica política que realice una institución. “Cualquier decisión de un órgano del Estado, en este caso del Parlamento de Cataluña, que pretenda emitir un juicio de reprobación hacia la persona del rey resultará contraria al estatus constitucional del monarca”, sentenció el tribunal de garantías.

Según el Ministerio Público, los acusados actuaron siendo “plenamente conocedores del contenido” de las providencias del Tribunal Constitucional, a pesar de la “oposición” del resto de miembros de la Mesa y de “los expresos apercibimientos realizados por el Secretario General del Parlament y el Letrado Mayor”.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fijado para el próximo 12 de julio el juicio contra el expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, y tres exmiembros de la Mesa por desobediencia al permitir la pasada legislatura la tramitación y votación de una moción sobre la autodeterminación y otra para reprobar a la monarquía, en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

El Parlament aprueba una moción de la CUP sobre autodeterminación minutos después de que el Constitucional ordenase pararla

Saber más

El alto tribunal catalán acuerda el juicio contra Torrent, el exvicepresidente del Parlament Josep Costa (Junts) y de los exsecretarios Eusebi Campdepadrós (Junts) y Adriana Delgado (ERC). La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación para Torrent y sus dos compañeros independentistas en la Mesa y considera un delito de desobediencia la tramitación de dos resoluciones en la pasada legislatura a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía pese a las advertencias de su ilegalidad por parte del secretario general del Parlament y a sabiendas de que el Constitucional se lo había prohibido.