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CCOO pide al Gobierno de Cospedal que se siente a negociar “para dejar de sentarse en el banquillo”

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“El Gobierno de Castilla-La Mancha debe sentarse a negociar para dejar de sentarse en el banquillo”, ha declarado el secretario general de Comisiones Obreras en la región, José Luis Gil, en la asamblea de delegados de la Administración autonómica, que ha reunido en Toledo a un centenar de representantes sindicales de la Junta de Comunidades.

La asamblea pretendía poner en común los planes que tiene el sindicato de cara a la recuperación de los derechos que se han perdido en los últimos años como consecuencia de la política de recortes practicada por el Gobierno regional, que han afectado muy directamente a los empleados públicos.

“Vamos a hacer nuestro plan de trabajo pidiéndole al Gobierno recuperar los derechos perdidos, que son muchos, además de que en nuestra región los recortes y pérdida de derechos han sido muy superiores a los del resto del país”, ha dicho Carmen López, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, quien ha destacado entre los derechos perdidos por lo empleados de la Junta un 3% del salario, adicional al 5% del recorte que se aplicó en todo el país, las limitaciones impuestas en la incapacidad temporal y la pérdida de unos 15.000 puestos de trabajo en los dos últimos años.

Gil, por su parte, ha señalado que el gobierno regional tiene un hilo conductor en relación con los empleados públicos, “y es el maltrato y el desprecio absoluto a sus derechos, y eso significa despreciar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha.”

El secretario general de CCOO cree que la destrucción de más de 15.000 empleos públicos significa que la gente, sobre todo la más humilde, tiene servicios de menos calidad y, por tanto, menos posibilidades de darle salida a sus inquietudes y también a los servicios que nos merecemos como ciudadanos. “Este gobierno ha apostado por laminar los servicios públicos y también por laminar los derechos y buena parte del empleo en Castilla-La Mancha”, ha asegurado Gil, quien se ha ofrecido a discutir alternativas “que permitan consolidar el empleo público y dar servicios públicos de calidad al conjunto de los ciudadanos y evitar la deriva privatizadora que el gobierno ha emprendido, de una manera creo que suicida”.

José Luis Gil ha advertido que “nosotros vamos a persistir en los tribunales cuando no hay espacio para negociar, y también en la calle cuando no hay espacio para poder dar salida a nuestra reivindicaciones”.

Por último, Gil ha dicho que es necesario convencer a los empleados públicos de que la resignación no es una opción, que el sindicato tiene alternativas que son serias, viables y posibles, y que el gobierno tiene que entender que esta deriva es una barbaridad que tiene que corregir, y que, además, sale muy cara, no solo en derechos sino también desde el punto de vista económico.

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