El Ayuntamiento de Alicante liderado por Luis Barcala (PP) ha decidido inyectar 390.000 euros de dinero público para externalizar el servicio de su oficina de “Atención a la Maternidad”, o lo que es lo mismo, la oficina 'antiaborto', una medida impuesta por Vox e impuesta al gobierno municipal para garantizar los apoyos de la extrema derecha. Esta oficina, que comenzó a funcionar en noviembre de 2024, ha sido calificada por la oposición como un “chiringuito antiaborto”, ya que se percibe como un mecanismo para disuadir a las mujeres de interrumpir su embarazo.
El servicio, que ofrece orientación y apoyo a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, será ahora gestionado por una empresa externa, lo que ha disparado las críticas sobre el uso de recursos públicos para fines ideológicos. El presupuesto aprobado por la Junta Local asciende a 390.000 euros para los próximos dos años.
La creación de esta oficina fue una de las condiciones establecidas por Vox para aprobar los presupuestos municipales de 2024. La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Carmen Robledillo, ha celebrado la medida, destacando que es una “gran victoria” para su partido, ya que pone a las familias y la natalidad en el centro de las políticas municipales. Según Robledillo, “vamos a destinar los recursos de los alicantinos a lo que realmente necesitan los alicantinos, que es fomentar la natalidad y la maternidad”.
Externalización del servicio y críticas a la gestión
La externalización del servicio de atención a la maternidad ha sido otro de los puntos más controvertidos. En lugar de reforzar los equipos públicos, el Ayuntamiento de Alicante ha optado por externalizar la gestión, lo que ha generado críticas por el uso de fondos públicos en una empresa privada en lugar de invertir en servicios públicos de calidad. La oposición progresista denuncia que, con esta medida, el PP y Vox no solo están promoviendo una agenda ideológica, sino que están desviando recursos de áreas prioritarias para la ciudad.
La concejala del PSOE, Victoria Melgosa, ha criticado al alcalde Luis Barcala por “plegarse a las exigencias de la ultraderecha”, acusando al gobierno local de crear un servicio que pretende “tutelar las decisiones de las mujeres” y de no ofrecer soluciones reales a las necesidades sociales de la población. Melgosa ha señalado que el gasto de 390.000 euros podría haberse destinado a servicios esenciales como la atención a víctimas de violencia machista o la mejora de la educación pública.
Compromís también ha mostrado su desacuerdo con la medida. La edil Sara Llobell ha recordado que la Generalitat Valenciana ya proporciona los servicios que ofrece esta oficina, lo que hace innecesaria la duplicación de recursos. Llobell ha calificado de “vergüenza” que el PP destine tanto dinero a un proyecto “ideológico” mientras carece de fondos para otras necesidades más urgentes, como el mantenimiento de infraestructuras públicas.