El magistrado titular de la plaza número 3 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante ha instado al Ayuntamiento de Benidorm a que “dé cumplimiento voluntario” a la ejecución de la sentencia que le condena a abonar 283 millones de euros más intereses, lo que asciende a 350 millones de euros, a las empresas propietarias de terrenos en el sector APR-7 del parque natural de Serra Gelada.
En un auto con fecha de este martes y contra el que cabe interponer recurso de apelación, el juez deniega la solicitud del consistorio de suspender la fase de ejecución de dicha resolución judicial dictada en 2024 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).
El juez requiere a la corporación municipal a “realizar cuantas actuaciones sean necesarias para proceder al abono de la cuantía líquida contenida en el fallo” del TSJCV.
“La cuantía líquida impuesta como condena” al Ayuntamiento de Benidorm es “la más alta de todas las que ha conocido este órgano judicial desde su creación en el año 1998”, se indica en el auto.
El consistorio interpuso un recurso de casación contra el fallo del TSJCV, que fue inadmitido a trámite por providencia del Tribunal Supremo (TS) en abril de 2025. “Ello supuso jurídicamente la firmeza” de la sentencia del TSJCV, según sostiene el juez en el auto.
El pasado verano, la corporación local presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), que lo inadmitió por “no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional” que la ley fija como condición para su admisión.
En su razonamiento jurídico, el magistrado titular de la plaza número 3 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante expone que “la presentación de un recurso de amparo ante el TC no supone la suspensión de la fase de ejecución de una sentencia firme”.
“Y aunque este juzgado pueda tener conocimiento extrajurídico de la inadmisión por parte del TC del recurso de amparo promovido” por el consistorio “(lo hace estéril ya la pretensión planteada por el ayuntamiento), lo cierto es que la misma petición de suspensión hubiera sido rechazada por este órgano judicial, incluso aunque el recurso de amparo hubiese sido admitido el TC”, señala.
Reacción política
El grupo municipal socialista de Benidorm ha reclamado al alcalde de la localidad, Toni Pérez (PP), que comparezca de forma urgente para explicar cómo piensa afrontar el pago de la sentencia de Serra Gelada, que obliga al ayuntamiento a abonar alrededor de 350 millones de euros a las empresas propietarias de los terrenos afectados.
La petición del PSOE se produce después de que el magistrado titular de la plaza número 3 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante haya denegado la suspensión de la ejecución de la sentencia solicitada por el Ayuntamiento, lo que, según los socialistas, deja a la ciudad sin margen de maniobra y obliga a presentar un calendario de pagos ante el juzgado.
El concejal socialista Antonio Charco ha advertido del impacto económico que, a su juicio, supone la ausencia de un plan de pagos y ha señalado que los intereses de demora podrían alcanzar cerca de 50.000 euros diarios, una situación que ha atribuido a la gestión del actual equipo de gobierno.
Charco ha alertado además de que la deuda derivada de la sentencia compromete el futuro financiero del consistorio y ha pedido explicaciones sobre cómo se hará frente al pago sin que ello suponga recortes en los servicios públicos municipales.
El edil socialista ha cuestionado también el borrador de presupuestos municipales presentado por el gobierno local hace un mes, al considerar que ha quedado desfasado tras el último pronunciamiento judicial, y ha reclamado su revisión para que tenga en cuenta el impacto económico de la resolución.
Por su parte, el equipo de Gobierno ha señalado que, tras conocerse la resolución judicial, se ha convocado una Junta de Portavoces y se ha dado traslado de la información a todos los grupos políticos, y ha asegurado que el ayuntamiento continúa trabajando “con la máxima transparencia y rigor”, de acuerdo con las indicaciones de los servicios jurídicos.