El clúster cerámico de Castelló ha trasladado su batalla por la supervivencia al corazón de la Unión Europea. Eurodiputados valencianos de PSPV y Compromís han iniciado una ofensiva ante la Comisión Europea para blindar a la industria azulejera frente a lo que consideran una “tormenta perfecta”: el endurecimiento de la normativa climática y la amenaza de competencia desleal desde mercados externos como India.
Las eurodiputadas socialistas Leire Pajín y Sandra Gómez han dado el primer paso al exigir por escrito a la Comisión mecanismos de protección inmediata para el sector. El foco de la protesta es la actualización de las asignaciones gratuitas de CO2, que contempla recortes de hasta el 50%. Según Pajín y Gómez, esta reducción es “especialmente ambiciosa” y peligrosa para un sector que no dispone de alternativas tecnológicas reales ni de infraestructuras eléctricas suficientes en Castelló para electrificar su producción a corto plazo.
“La retirada de la asignación gratuita condena la competitividad y retira cualquier incentivo para permanecer en Europa”, han advertido las eurodiputadas, subrayando que están en juego los empleos de 200.000 familias europeas. Denuncian que, sin estas ayudas, la industria se verá empujada irremediablemente a la deslocalización.
El pulso por el acuerdo con India: no al azulejo como moneda de cambio
Por otro lado, el eurodiputado de Compromís-Sumar, Vicent Marzà, ha abierto un segundo frente de batalla centrado en la política comercial. Marzà mantendrá una reunión crucial el próximo 15 de enero con el negociador del acuerdo comercial entre la Unión Europea e India. Su objetivo es tajante: excluir las baldosas cerámicas del tratado.
Marzà alerta de que el acuerdo, tal y como se plantea, abriría la puerta a una competencia desleal masiva. El eurodiputado sostiene que no se puede permitir la entrada de productos indios que no cumplen con los estrictos estándares ambientales, laborales y de descarbonización que Europa sí exige a sus propias fábricas. “Defender la industria local es defender el empleo y una transición ecológica justa”, ha afirmado Marzà, insistiendo en que Castelló no puede pagar el precio de los acuerdos internacionales de la UE.
Un sector estratégico en pie de guerra
La postura de los representantes valencianos en Bruselas es unánime en el diagnóstico: la industria de Castelló está sufriendo una presión insostenible. Mientras países terceros compiten sin restricciones ni controles de emisiones, las azulejeras locales afrontan costes disparados y una regulación ambiental que, de no ir acompañada de salvaguardas, podría suponer el desmantelamiento del tejido industrial de la provincia.
Con la reunión del 15 de enero y la presión sobre el Ejecutivo comunitario, los eurodiputados buscan forzar a Bruselas a reconocer la excepcionalidad del sector cerámico y a garantizar que la descarbonización no se traduzca en el fin de la hegemonía mundial del azulejo de Castelló.