“Me condenan a abonar 270 euros y a dejar el piso de Bankia en el que vivo para no estar en la calle con mis tres hijos”
“Vivimos nueve años en un piso alquilado en el barrio de la Fuensanta y pagábamos 300 euros, pero la dueña falleció y su hija decidió vender el piso; a partir de empezaron todos los problemas”.
Esta situación que puede resultar tan cotidiana ha llevado a Narcisa, vecina de València, a su marido y a sus tres hijos de 3, 4 y 7 años a una situación límite predominada por la angustia que les genera no saber si tendrán un techo para dormir el día de mañana.
Según relató este miércoles acompañada por miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) antes de reunirse con el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, cuando a finales del pasado mes de noviembre se produjo la venta de la que había sido su vivienda inmediatamente se pusieron a buscar opciones.
“Una vecina nos dijo que unos extranjeros alquilaban una vivienda muy cerca; nos dieron las llaves y les abonamos 200 euros del primer mes, pero al siguiente que se suponía que teníamos que firmar el contrato ya no aparecieron”, explicó.
A los pocos días, les dejaron una nota en la puerta de casa con un teléfono de contacto: “era la Policía, querían saber quiénes éramos los que estábamos en esa casa puesto que estaba embargada y era propiedad de Bankia”.
Lo siguiente que les llegó fue una denuncia por la que pasaron por el juzgado. La sentencia les condena a una multa de 3 euros al día durante tres meses (270 euros) y a abandonar el piso por un delito de usurpación: “propusimos que nos pusieron un alquiler social, pero se negaron”, lamentó.
Según Narcisa, ahora están a la espera de que les notifiquen la fecha de lanzamiento, es decir, del desahucio. El futuro es ciertamente desesperanzador. Tan solo cuentan con los 392 euros de pensión que cobra su marido, con una discapacidad del 75%, mientras ella también tiene reconocida una invalidez del 45%. Así, solo pueden hacer frente “a un alquiler social”.
El problema es que ni el Ayuntamiento de València ni la Generalitat cuentan con viviendas públicas disponibles. De hecho, actualmente unos 16.000 valencianos están a la espera de una vivienda social ante la burbuja del alquiler.
Pese a todo, Narcisa pide una solución: “hemos ido a servicios sociales pero no nos han dado una respuesta; necesitamos ayuda porque es una situación grave, es muy duro tener que explicar a mis hijos que no sabemos dónde vamos a dormir el día de mañana”.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el pasado año se registraron 59.671 desahucios en todo el Estado y 8.073 en la Comunitat Valenciana.
