El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado tramitar la derogación de la ley de protección a la maternidad aprobada por el Consell del PP en 2009 a propuesta de Compromís, con el apoyo de PSPV y Podemos, la abstención de Ciudadanos y el rechazo del PP, que ha sido calificada de “ideológica” por sus detractores y que los 'populares' han defendido porque “no hace daño a nadie”.
El Consell ha manifestado su criterio favorable a esta proposición de ley para derogar la norma al tratarse de una ley “sin contenido” y recuerda que el Ejecutivo valenciano “considera la maternidad como un derecho que ha de plasmarse en decisiones libres y responsables”.
La diputada de Compromís Maria Josep Ortega ha asegurado que esta ley “no era de protección a la maternidad ni de protección de nada, era la 'ley Cotino' apoyada por el PP, una ley ideológica profundamente machista, reaccionaria y que atentaba contra la libertad de las mujeres”.
Ha lamentado que la ley surgió con “un planteamiento paternalista e ideológico” y trataba de “tutelar y vigilar la maternidad” como si las mujeres “no estuvieran capacitadas para hacerlo por sí mismas”. Además, ha subrayado que ha sido “totalmente inútil” porque no se ha desarrollado.
Según ha dicho, las leyes deben basarse en el “respeto a las decisiones de la madre, ayudando en su decisión y no interfiriendo” en las mismas, promoviendo la formación y la información para una maternidad “libre y responsables”, aspectos que esta norma no contemplaba, ha proseguido.
También ha recordado que el exconseller Juan Cotino comparaba a los defensores del aborto en su blog con Herodes y se quedaba “tan tranquilo” y se ha preguntado si los dius “son pequeñas espadas de Herodes que llevamos en el interior”. “¿Queremos volver loca a la gente?”, ha agregado, para dedicar esta iniciativa a las mujeres que han perdido su vida en abortos clandestinos.
Desde el PP su portavoz adjunta, María José Català, ha señalado que en esta ley no se habla del aborto o del diu y ha preguntado en qué parte de su articulado se vulnera la libertad de decidir de las mujeres. Además, ha criticado que pretendan derogar una ley que parte de una iniciativa legislatura popular pasando la “apisonadora” y “sin argumentos” cuando “no hace daño a nadie”.
Ha rechazado la denominación de 'ley Cotino' porque las leyes “son de las Corts” y ha insistido en cuestionar si les parece mal “la protección institucional de derechos de las madres, la colaboración y coordinación administrativa, las ayudas a mujeres gestantes o las ayudas sociales como el acceso directo a la renta garantizada para menores embarazadas y que libremente deciden continuar con su embarazo”.
En la réplica, la diputada de Compromís ha incidido en que la ley “fue un capricho personal de Cotino” y ha incidido en que en virtud de la norma se creó “una red clientelar” que subvencionó a algunas asociaciones antiabortistas.
Una ley “esperpéntica”
Por su parte, la diputada socialista Rosa Mustafá ha asegurado que esta ley “nunca debió haber existido” porque es “ideológica, inoportuna, esperpéntica y absurda” con propuestas como computar como nuevos miembros de la familia desde la fecundación. “Si no fuera por el respeto a las Corts haría unas cuantas bromas”, ha dicho.
Así, ha incidido en que el texto era “un despropósito de principio a fin” y “se atreve a entrar donde no tiene competencias” al tiempo que es “tremendamente peligrosa porque deja en manos de antiabortistas la red de asesoramiento a mujeres embarazadas”, financiando con dinero público a “grupos de presión para que las mujeres no interrumpan su embarazo”.
Ha recordado que la iniciativa popular provenía de la Red Madre y que “los encargados de esta tarea recibieron ayuda de 12.000 euros” de las Corts y ha considerado que esta norma fue la manera de hacer oposición al gobierno del PSOE que preparaba entonces la ley de salud sexual y reproductiva.
La diputada de Podemos Llum Quiñonero ha destacado que la ley no sirvió al objetivo de proteger la maternidad, ha defendido una legislación que “defienda los derechos de las mujeres” y una “maternidad deseada” porque no se trata de llevar a las mujeres “hacia un parto que no desean”.
Desde Ciudadanos Carmen Sánchez ha manifestado que su grupo comparte el fondo de la ley en lo que se refiere a “dar amparo socioeconómico a las mujeres embarazadas en riesgo de exclusión” pero ha destacado que en ningún caso ninguna legislación puede intervenir en “decisiones personales e íntimas” o “condicionar las decisiones de las mujeres”, en tanto que ha abogado por aumentar esfuerzos para evitar embarazos no deseados a través de la educación y el acceso a anticonceptivos.