Entre el delito y la decencia

La estrategia que están siguiendo las autoridades políticas frente a los delitos de corrupción ralla en la más obscena pornografía. La trampa que efectúan los tramposos consiste en desnudar la legalidad democrática mediante el control de los órganos judiciales y la fiscalía. De ese modo se dominan los puntos clave para controlar la persecución de la delincuencia política y los desmanes de los delincuentes honorables o de guante blanco. Eso sí, hay que preservar las formas: el puro cumplimiento de las formalidades judiciales.

Controlados los órganos y los juristas encargados de interpretar las leyes y dictar las sentencias, el objetivo es preservar, en la medida de lo posible, la impunidad y el privilegio, de acuerdo con los intereses de la élite. Esta estrategia exhibe una forma impúdica de proteger la corrupción y, por tanto, es una forma de corrupción en sí misma. Genera procedimientos mafiosos de chantaje y extorsión y devalúa hasta la inexistencia la predicada separación de poderes, que es el fundamento de las garantías de cualquier sistema democrático. Se diseña así un modelo que puede funcionar para el conjunto de la ciudadanía, pero permite situaciones especiales para las élites. La tolerancia que estamos observando ante los puentes entre la política y el capital, las llamadas puertas giratorias, los ceses de fiscales, el nombramiento de jueces entre los incondicionales, las últimas sentencias vergonzantes, indican un sistema democrático débil y manipulable. La corrupción política también consiste en pervertir el sistema democrático reduciéndolo al cumplimiento de formalidades previamente interpretadas según intereses inconfesables que regulan la frontera del delito. La sobreabundancia de juicios por corrupción a políticos, financieros y empresarios, el relevo y sustitución de fiscales y las últimas sentencias en los casos más mediáticos muestran claramente que algo está siendo violentado en el sistema judicial español. La interpretación y la aplicación de la ley no es igual para todos los ciudadanos. Y en esta coyuntura de manipulación jurídica y mediática, de auge de la postverdad, una de las formas más terroríficas de destrozar la moralidad pública de una sociedad es identificar la absolución frente delito con la decencia. Eso es terrorismo moral, y en este país cada vez hay más indecentes absueltos.