Los docentes de 2º de Bachillerato, “a los pies de los caballos” por el “boicot” de los servicios mínimos a su derecho a huelga

“Entiendo las reivindicaciones y por supuesto, el derecho a la huelga; pero hoy pienso en los 31.977 alumnos de 2º de Bachillerato que se juegan su futuro en pocas semanas. Y en sus familias. Este gobierno está de su lado. Siempre”. Esta publicación del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, acerca de la huelga indefinida en educación que ha comenzado este lunes deja a los profesores de segundo de Bachillerato en el centro de la diana.

Lo que debería ser un ejercicio de derecho constitucional se ha convertido, para muchos, en un “chantaje emocional” y un laberinto legal. El motivo: unos servicios mínimos que obligan a los docentes a garantizar la evaluación del alumnado a las puertas de la EBAU, lo que en la práctica anula su capacidad de protesta. Los profesores deben atender, tal y como ha validado el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), aquellos servicios “imprescindibles para la evaluación ordinaria y extraordinaria, calificación, firma de actas, publicación de resultados y tramitación de reclamaciones o documentación necesaria para el acceso a la EBAU”

Para Ferran Pinilla, profesor de Valenciano y tutor de segundo en el IES Altos Hornos de Puerto de Sagunto, la situación es de una complejidad extrema. “Los servicios mínimos nos obligan a una carga laboral que no nos permite hacer huelga”, lamenta, al tiempo que describe una fractura en los centros: “Nos han enfrentado al resto del profesorado. En las asambleas, somos 2º de Bachiller contra el resto del mundo”.

El docente critica que la Conselleria haya elegido estas fechas para “presionar” sabiendo que los profesores no dejarán desamparados a alumnos que “se juegan la vida” en el acceso a la universidad. “Si la Conselleria ha jugado con eso, ha ganado. Yo he hecho el examen hoy [el lunes] y desde que he acabado estoy de huelga indefinida hasta el próximo lunes, cuando me obligan a ir a la evaluación”, explica, subrayando que de no acudir, perdería su salario además de enfrentarse a sanciones.

Indefensión y ansiedad en los claustros

La falta de concreción en las instrucciones es el clamor generalizado. Chus Villar, del IES Rafelbunyol, denuncia una “ambigüedad jurídica” que genera vulnerabilidad. “No se especifican qué servicios tenemos que realizar. Si se nos notifica como persona en huelga y no asistimos a una evaluación, puede generar una sanción grave”, explica. Esta presión está derivando en “ansiedad generalizada” entre un profesorado concienciado que se siente “atado de pies y manos”.

En la misma línea se expresa Carmen Padilla, profesora de Matemáticas en el IES Carles Salvador de Aldaia: “Nos dejan vendidos, entre la espada y la pared”. Padilla denuncia que los servicios mínimos actuales obligan a realizar “horas extra no remuneradas”, ya que deben corregir exámenes en casa para luego asistir a las evaluaciones obligatorias. “Nos suprimen el derecho a huelga. Yo miro por todos mis alumnos, también por los de la ESO y 1º de Bachillerato, que sufren recortes y falta de recursos”, añade.

El apoyo de las familias y alumnos como bálsamo

Pese a la tensión, los docentes coinciden en un punto: el conflicto no es con las familias ni con los estudiantes. Silvia Millán, del IES Sorolla de València, asegura que están recibiendo mensajes de apoyo constantes. “La Conselleria está boicoteando la huelga atacando un derecho de los trabajadores, pero no estamos enfrentados con las familias. Con 29 alumnos por aula no se puede atender bien a nadie, y ellos lo saben”, afirma tajante.

Por su parte, Vicent Borràs, profesor de Geografía e Historia en Rafelbunyol, recalca que el alumnado está tranquilo porque sabe que será evaluado. “El derecho colectivo del alumnado prevalece y acataremos la sentencia del TSJ, pero la mejora de nuestras condiciones redunda en la mejora del sistema público valenciano”, explica. Borràs insiste en que la protesta va más allá de lo salarial, señalando carencias graves en infraestructuras o la falta de personal de administración que los propios docentes deben cubrir.

Un pulso sin fecha de caducidad

Mientras la Conselleria mantiene el pulso, el profesorado de Bachillerato intenta buscar un equilibrio imposible: cumplir con el acompañamiento vital a sus alumnos hacia la EBAU sin renunciar a la dignidad de sus reivindicaciones. “Estamos asqueados”, resume Millán, reflejando el sentir de un colectivo que se siente utilizado como escudo en una batalla política.

La huelga continúa, pero con la sensación de que, para quienes pilotan el curso clave de la etapa educativa no universitaria, el derecho a parar les ha sido arrebatado por el Gobierno valenciano por medio de los servicios mínimos.