Los e-mails del cuñado de Rita Barberá con la trama: el objetivo prioritario de las defensas para tumbar el 'caso Azud'

Lucas Marco

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La jueza instructora del 'caso Azud', la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, mantiene bajo secreto de sumario cinco piezas que sumarían, al menos, ocho terabytes de información sobre la presunta trama de corrupción urbanística que pivota alrededor del letrado José María Corbín, cuñado de la fallecida alcaldesa Rita Barberá, y del presunto corruptor Jaime Febrer.

Rita Barberá se reunió en 21 ocasiones con el corruptor del 'caso Azud'

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En esa parte aún secreta, intuyen fuentes jurídicas, se encontrarían los e-mails de José María Corbín del dominio de su despacho que la instructora ordenó incorporar al procedimiento. La magistrada Pepa Tarodo, en un auto del 11 de abril del 2017, cuando la causa aún estaba bajo secreto de sumario, ordenó solicitar a Telefónica y a una empresa informática catalana la información albergada en servidores, las copias de seguridad y los servicios “tipo cloud” de Corbín (cuya contraseña era “Franco36”).

La jueza recuerda en el auto que los e-mails son “la fuente común de comunicación en la actualidad”. En la pieza principal del 'caso Azud' aparecen de refilón correos electrónicos del cuñado de Barberá, reenviados por otros investigados de la trama, pero el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no alude al grueso de las comunicaciones del abogado. Sin embargo, existen hasta media decena de piezas que aún permanecen bajo secreto.

Así, la defensa de uno de los principales investigados, el presunto corruptor Jaime Febrer, ha recurrido el auto de la jueza que ordenaba intervenir los correos electrónicos y, por ende, pide el sobreseimiento libre de las actuaciones y la anulación de las medidas cautelares y de los decomisos a los investigados. El letrado Manolo Mata, exportavoz del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, sostiene que el auto de la instructora contamina “en su integridad toda la causa” y supone una “grave vulneración de los derechos fundamentales de los investigados”.

Decisión “extravagante”

El recurso de la defensa de Febrer tilda la decisión de la jueza de “extravagante” solicitud, “inexplicablemente acordada por la instructora”. “Acceder al contenido íntegro de todos los correos electrónicos de una o varias personas durante décadas”, argumenta, “está expresamente prohibido”. 

La solicitud, agrega, pretende averiguar la actividad de Corbín “en dos décadas”. “Se quiere saber quienes son todas y cada una de las personas, todo lo que se han escrito mutuamente y todos los archivos intercambiados”, agrega. El penalista Manolo Mata cita una llamativa jurisprudencia: un auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el 'caso Naseiro', en el que la anulación de las escuchas libró a un joven Eduardo Zaplana de verse inmerso en su primer proceso judicial. 

“No se puede acceder a los correos electrónicos de una persona durante décadas, dedicar años a su análisis y lectura, seleccionar aquellos que se considera que merecen ser investigados y arrastrar a terceros perjudicados por la intervención invasiva”, abunda el recurso.

Además, el escrito subraya que los correos electrónicos sólo pueden ser conservados durante un periodo de un año, con una prórroga excepcional de otro año. La defensa de Jaime Febrer recuerda que los únicos datos que podría suministrar la compañía y la empresa informática son los nombres de los usuarios y los destinatarios, la fecha y la hora de la conexión del correo electrónico, así como el servicio de internet utilizado y los datos para identificar el equipo utilizado. En definitiva, sostiene Mata, el auto de la instructora “supone la invasión ilegítima, prospectiva y general a la búsqueda de hechos delictivos”.

La jueza instructora del 'caso Azud', la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, mantiene bajo secreto de sumario cinco piezas que sumarían, al menos, ocho terabytes de información sobre la presunta trama de corrupción urbanística que pivota alrededor del letrado José María Corbín, cuñado de la fallecida alcaldesa Rita Barberá, y del presunto corruptor Jaime Febrer.

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En esa parte aún secreta, intuyen fuentes jurídicas, se encontrarían los e-mails de José María Corbín del dominio de su despacho que la instructora ordenó incorporar al procedimiento. La magistrada Pepa Tarodo, en un auto del 11 de abril del 2017, cuando la causa aún estaba bajo secreto de sumario, ordenó solicitar a Telefónica y a una empresa informática catalana la información albergada en servidores, las copias de seguridad y los servicios “tipo cloud” de Corbín (cuya contraseña era “Franco36”).

La jueza recuerda en el auto que los e-mails son “la fuente común de comunicación en la actualidad”. En la pieza principal del 'caso Azud' aparecen de refilón correos electrónicos del cuñado de Barberá, reenviados por otros investigados de la trama, pero el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no alude al grueso de las comunicaciones del abogado. Sin embargo, existen hasta media decena de piezas que aún permanecen bajo secreto.

Así, la defensa de uno de los principales investigados, el presunto corruptor Jaime Febrer, ha recurrido el auto de la jueza que ordenaba intervenir los correos electrónicos y, por ende, pide el sobreseimiento libre de las actuaciones y la anulación de las medidas cautelares y de los decomisos a los investigados. El letrado Manolo Mata, exportavoz del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, sostiene que el auto de la instructora contamina “en su integridad toda la causa” y supone una “grave vulneración de los derechos fundamentales de los investigados”.

Decisión “extravagante”

El recurso de la defensa de Febrer tilda la decisión de la jueza de “extravagante” solicitud, “inexplicablemente acordada por la instructora”. “Acceder al contenido íntegro de todos los correos electrónicos de una o varias personas durante décadas”, argumenta, “está expresamente prohibido”. 

La solicitud, agrega, pretende averiguar la actividad de Corbín “en dos décadas”. “Se quiere saber quienes son todas y cada una de las personas, todo lo que se han escrito mutuamente y todos los archivos intercambiados”, agrega. El penalista Manolo Mata cita una llamativa jurisprudencia: un auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el 'caso Naseiro', en el que la anulación de las escuchas libró a un joven Eduardo Zaplana de verse inmerso en su primer proceso judicial. 

“No se puede acceder a los correos electrónicos de una persona durante décadas, dedicar años a su análisis y lectura, seleccionar aquellos que se considera que merecen ser investigados y arrastrar a terceros perjudicados por la intervención invasiva”, abunda el recurso.

Además, el escrito subraya que los correos electrónicos sólo pueden ser conservados durante un periodo de un año, con una prórroga excepcional de otro año. La defensa de Jaime Febrer recuerda que los únicos datos que podría suministrar la compañía y la empresa informática son los nombres de los usuarios y los destinatarios, la fecha y la hora de la conexión del correo electrónico, así como el servicio de internet utilizado y los datos para identificar el equipo utilizado. En definitiva, sostiene Mata, el auto de la instructora “supone la invasión ilegítima, prospectiva y general a la búsqueda de hechos delictivos”.

La jueza instructora del 'caso Azud', la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, mantiene bajo secreto de sumario cinco piezas que sumarían, al menos, ocho terabytes de información sobre la presunta trama de corrupción urbanística que pivota alrededor del letrado José María Corbín, cuñado de la fallecida alcaldesa Rita Barberá, y del presunto corruptor Jaime Febrer.

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