La Generalitat ha puesto en marcha un concurso específico para cubrir 118 puestos de trabajo en las oficinas judiciales de los partidos judiciales de la Comunitat Valenciana. Esta convocatoria llega en un momento clave, ya que el próximo 31 de diciembre se constituirán los Tribunales de Instancia, culminando así el despliegue de la nueva Oficina Judicial en todo el territorio autonómico, tal como establece la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, sobre eficiencia del Servicio Público de Justicia.
La reorganización judicial implica transformar los juzgados actuales en Secciones de los Tribunales de Instancia, que funcionarán con una estructura renovada y apoyados por Servicios Comunes destinados a mejorar la atención a la ciudadanía y la coordinación de los procedimientos. Estos servicios estarán liderados por un letrado o letrada de la Administración de Justicia y contarán con equipos de trabajo flexibles diseñados para optimizar la gestión diaria.
El concurso se dirige únicamente a funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial que ya estén destinados en los municipios donde se ofertan los puestos. Podrán participar solo una vez y deberán encontrarse en situación de servicio activo o disponer de reserva de puesto, según lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 19/2003.
La distribución de los 118 puestos abarca los diez partidos judiciales donde aún quedaba por implantarse la nueva Oficina Judicial. En la provincia de Alicante, se ofertan plazas en Alicante, Benidorm, Elche, Orihuela, Torrevieja y Villena, con un total de 52 vacantes, incluidas dos en la Oficina General del Registro Civil de la capital. En Castellón, los partidos judiciales de Castellón de la Plana y Vinaròs suman 14 puestos más. La provincia de Valencia concentra el mayor número de vacantes, con 52 en total, repartidas entre València —que incorpora tres plazas en el Registro Civil— y Gandia.
Con esta convocatoria, la Generalitat completa el proceso de adaptación de las plantillas y de la relación de puestos de trabajo a la nueva estructura organizativa, un paso decisivo para que los Tribunales de Instancia entren en funcionamiento con plenas garantías a final de año.