Los gobiernos socialistas de Asturias y Catalunya y el del PP de Andalucía pactaron mejoras para docentes tras protestas del profesorado

Las movilizaciones del profesorado no son exclusivas en la Comunitat Valenciana ni contra gobiernos del PP. Recientemente ha habido otros casos y todas han acabado igual, es decir, con un acuerdo de mejora para el conjunto de la educación pública y también de las condiciones de los docentes.

Si bien es cierto que en los ocho años del Gobierno del Botánico no se dio una huelga general como la actual, también lo es que se negociaron avances en materia de infraestructuras con el Pla Edificant, de fomento del valenciano o de incremento de profesorado. Quedó pendiente la subida salarial que equiparara a los docentes valencianos, a la cola de España, con la media estatal.

En vistas de que no hay avances en esa línea y que a ese problema se suman otras deficiencias que lastran la enseñanza pública el pleno de los sindicatos (UGT, CCOO, STEPV, ANPE y CSIF) han iniciado una huelga general para forzar al Gobierno valenciano que preside Juan Francisco Pérez Llorca a poner en blanco sobre negro un plan con plazos concretos y dotación presupuestaria. Este jueves tendrá lugar una reunión entre los representantes sindicales y la consellera de Educación, Carmen Ortí, que podría resultar clave para el desenlace del conflicto. El jefe del Consell ha pedido sentido común y ha asegurado que se van a tratar todos las reivindicaciones (mejoras de las infraestructuras, climatización de los centros, descenso de ratios y mejoras salariales).

Los precedentes más recientes en otras comunidades autónomas se dieron en Andalucía, Asturias y Catalunya. En el primer territorio, el presidente del PP, Juanma Moreno Bonilla firmó un gran pacto con el colectivo de profesores en abril de 2022, es decir, meses antes de las elecciones, por el que se aprobó un importante incremento salarial que los docentes llevaban dos décadas reivindicando. El popular obtuvo después mayoría absoluta.

Conforme a las condiciones pactadas, los docentes andaluces quedaron equiparados a la media del Estado, con un incremento retributivo anual de 2.030 euros (145 euros en cada una de las 14 pagas) en el caso del cuerpo de maestros y demás cuerpos del grupo funcionarial A2, y de 2.310 euros (165 euros en cada paga) en el de profesores de enseñanza secundaria y resto de cuerpos docentes, pertenecientes al grupo funcionarial A1. Dicho incremento se aprobó para su aplicación de forma gradual, en septiembre de los tres siguientes cursos académicos, es decir, 2022/23, 2023/24 y 2024/25, con un incremento inicial en la nómina de septiembre de 2022 de 43,50 euros para las nóminas de los funcionarios docentes de grupo A2 y de 49,50 para los de grupo A1. Con ello se cumpliría la promesa realizada en su momento, por las fuerzas políticas de la actual coalición de gobierno autonómica.

Más recientemente, el 2 de julio del pasado año, el Gobierno del Principado de Asturias que preside el socialista Adrián Barbón y los sindicatos docentes firmaron el Pacto Asturias Educa, que recogió el preacuerdo alcanzado un mes antes, el 9 de junio, para poner fin a la huelga indefinida educativa a cambio de mejoras retributivas, de personal y reducción de burocracia, y que comprometió una inversión de 45 millones de euros anuales una vez que esté totalmente desplegado hasta 2028.

La situación de Catalunya es más compleja. Tras una huelga del profesorado, la Generalitat presidida por el también socialista Salvador Illa alcanzó el pasado mes de marzo un acuerdo con CCOO y UGT que ha calificó de “histórico”, aunque sin el aval de los otros tres sindicatos que se sienten a la mesa: Ustec, Professors de Secundària y CGT. Los dos primeros son, además, los que tienen mayor peso en la enseñanza pública. 

El pacto con CCOO y UGT incluyó un incremento del complemento salarial autonómico mayor del previsto hasta ahora, del 30%, además de 50 euros por noche para los que vayan de excursiones con pernoctación, una rebaja de ratios hasta los 20 alumnos por aula en Infantil y Primaria y 300 millones más para reforzar el modelo de escuela inclusiva.

Sin embargo, la ausencia de los sindicatos mayoritarios del pacto hizo que el conflicto se cerrara en falso y esta semana arrancó una tercera oleada de huelgas que ha sacado a la calle a miles de docentes y que ha puesto en aprietos al ejecutivo de Illa.

Las organizaciones sindicales reivindican mejoras adicionales a las obtenidas en el primer pacto con CCOO y UGT, principalmente aportar más financiación para sostener un modelo de escuela inclusiva que denuncian que desborda al profesorado. “La inclusión sin recursos es una ilusión, no se puede atender el nivel de diversidad que hay actualmente en las aulas, con todos los planes específicos e individuales, sin más ayuda que la que tenemos”, añadían Mireia y Gil, docentes de Badalona. 

En el caso de la Comunitat Valenciana, la falta de liquidez de las maltrechas arcas públicas parece el principal escollo para el Gobierno valenciano, un problema agravado por las continuas rebajas fiscales, en la mayoría de los casos a las rentas altas, aplicadas por el Consell del PP. A ello se suma el rechazo al nuevo modelo de financiación que aportaría 3.699 millones de euros adicionales a la Generalitat Valenciana.

En materia salarial, los sindicatos exigen “una recuperación progresiva del poder adquisitivo”, la revisión anual del IPC y la recuperación de la paga extra o el cobro del verano por parte de aquellos interinos que hayan trabajado un mínimo de 150 días durante el periodo lectivo. También plantean la reducción de la temporalidad, la remuneración de la participación en tribunales de oposiciones o la reducción de la carga lectiva en personas mayores de 55 años. 

Otras medidas solicitadas que tendrían un impacto para las arcas públicas son la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo, el refuerzo de profesionales que trabajan con alumnado con necesidades específicas y una bajada de ratios. En concreto, estas entidades plantean que Infantil y Primaria tengan aulas de 15 alumnos (10 menos que ahora) y que ESO y Bachillerato cuenten con 20 estudiantes (10 y 5 menos que actualmente). Entre otras medidas, cabe destacar un plan de adecuación climática, la culminación del Pla Edificant o la agilización de la reconstrucción de los centros afectados por la Dana.