El 20 de junio se ha conmemorado el Día de las Personas Refugiadas, las personas que se ven forzadas a dejar su país porque sufren penurias de todo tipo. Un día designado por las Naciones Unidas con el fin de que no olvidemos que nadie se autodestierra sin un grave motivo y que esas personas no buscan caridad sino la oportunidad de vivir dignamente.
Personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas, apátridas… lo cierto es que todas ellas se encuentran entre las más vulnerables del mundo.
Y ¿quién acoge a esas personas?
Los países con el PIB más alto son los que más blindan sus fronteras, aunque el acogimiento no depende únicamente de los recursos económicos del país sino de su modelo de política migratoria. Lo cierto es que los países europeos van endureciendo sus fronteras, pero según el origen de las personas refugiadas, baste recordar que tras la invasión de Ucrania la acogida fue calurosa y rápida, un doble rasero en políticas de acogimiento.
¿Qué soluciones utilizan? La externalización de fronteras, por ejemplo. Es decir, trasladar a otros países la gestión de los flujos migratorios antes de que lleguen a cruzar la frontera, mediante acuerdos bilaterales de interceptación de las personas migrantes y repatriación a sus países de origen.
Las consecuencias son nefastas: violaciones de derechos humanos, incumplimiento del derecho internacional de no devolución, ausencia de rendición de cuentas…
No queremos referirnos exclusivamente a los flujos migratorios producto de conflictos armados o dictaduras sangrientas, hay muchos más motivos por los que las personas dejan su país de origen: falta de empleo y condiciones de vida muy difíciles, por ejemplo.
Y en ambos casos nos podemos ver reflejados. Los hechos y las circunstancias se olvidan con frecuencia. Pero existieron.
¿O acaso no se produjo un gran flujo migratorio español tras la guerra civil?
Cientos de miles de personas cruzaron la frontera hacia Francia y fueron internadas en campos, como Argèles-sur-Mer, o emigraron a América Latina, o a la Unión Soviética o a los Estados Unidos.
¿O acaso posteriormente no se produjo en España una gran emigración económica, a partir sobre todo de 1950, hacia Alemania, Francia, Suiza, Reino Unido y América Latina?
¿Acaso no fuimos emigrantes?
¿Y en los países de destino no padecimos menosprecio, privaciones, injusticias?
Pero allí nos dejaron quedarnos. Y trabajamos; algunas personas emigrantes se quedaron para siempre, otras regresaron cuando consiguieron ahorrar para llevar una vida digna aquí.
¿Por qué se nos olvida? No llegamos en pateras, llegamos cruzando fronteras con los medios de transporte que pudimos utilizar, pero fuimos igualmente personas sin recursos que buscaban una oportunidad para vivir en mejores condiciones.
Y tampoco en la actualidad los españoles y españolas emigran en pateras, pero emigran.
La crisis financiera de 2008 tuvo un impacto especialmente profundo en España, tanto a nivel económico como social. Y miles de jóvenes cualificados y profesionales emigraron a otros países europeos, América y Australia. Se inició la conocida “fuga de cerebros”. Que no ha cesado, al contrario, aumenta cada año. Algunas estadísticas arrojan un incremento a inicios de 2025 de casi un 5% de personas de nacionalidad española residentes en el extranjero. Falta de oportunidades laborales (especialmente entre jóvenes y profesionales altamente cualificados), precariedad laboral (contratos temporales, bajos salarios), búsqueda de formación especializada, búsqueda de mejor calidad de vida (mejores servicios públicos, mejor conciliación laboral y familiar), problemas estructurales del mercado laboral español (elevado paro juvenil, dificultades para acceder a una vivienda). Y finalmente un nuevo fenómeno: descontento con la situación política (polarización política, corrupción).
Todos tenemos amigos y conocidos cuyos hijos e hijas ya no viven en España. Poco después de acabar sus estudios se fueron en vista del panorama y ya no regresaron. ¿Para qué si aquí no ven futuro y ni de lejos las condiciones que tienen donde se han asentado?
Constituyen una especie de emigrantes “premium”. Pero emigrantes al fin y al cabo. Han tenido que adaptarse, manejarse en la lengua del país, hacer amigos y padecer la añoranza del entorno familiar y afectivo. Y seguramente se han enfrentado al rechazo en algún momento y han agradecido el acogimiento cuando se les ha brindado.
Pero, aunque el flujo migratorio de personas españolas sobre todo hacia Europa es constante, cuantitativamente España pasó de ser un país emisor de emigrantes a ser receptor debido a la mejora de su economía y entrada en la Unión Europea (1986).
Y las barreras legales y administrativas para la recepción de esas personas son enormes: una regularización muy complicada puesto que llegan sin documentación y los trámites burocráticos son muy lentos.
Y no digamos las barreras discriminatorias: racismo estructural y perfiles racializados (las personas procedentes del continente africano, sobre todo).
Resultado:
Precariedad laboral (muchas personas emigrantes trabajan en condiciones precarias y muchas veces sin contrato).
En sectores con alta explotación (agricultura, construcción).
Sobreexplotación de mujeres migrantes (especialmente en trabajos del hogar y cuidados, con largas jornadas y escasa protección).
Los problemas que les atañen son graves:
Falta de redes de apoyo (no tienen familia ni amigos).
Barreras idiomáticas y culturales.
Estigmatización mediática (discursos políticos que asocian inmigración con delincuencia).
Enormes dificultades, gran sufrimiento por haber nacido en lugares donde la pobreza hace estragos y los conflictos destruyen a las personas.
Y esas personas son doblemente castigadas, por haber nacido en esos lugares y por llegar a otros lugares donde los derechos humanos no son respetados como debieran serlo.
Por ello, ¿no deberíamos brindar acogimiento adecuado a quien lo necesita? Facilitar la integración social y laboral, facilitar el acceso a servicios básicos (salud, educación, vivienda) y proteger los derechos humanos con políticas públicas e iniciativas ciudadanas.
Y solucionar de una vez por todas el problema de los CIESs, los Centros de Internamiento de Extranjeros destinados específicamente a inmigrantes en situación irregular, objeto de críticas por organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones de internamiento y la falta de garantías jurídicas. Porque no son centros penitenciarios, pero las personas allí están privadas de libertad y las condiciones son muy precarias: falta de atención médica adecuada, sobrepoblación, problemas de higiene. Organismos internacionales, como Amnistía Internacional, han señalado violaciones de derechos humanos. El debate sobre su cierre o reforma sigue muy vivo en la sociedad y la política española.
No lo olvidemos: la emigración nos concierne a todos.