En los últimos meses, estamos asistiendo a la proliferación de noticias muy preocupantes sobre À Punt. En primer lugar, destacamos el cierre del Consejo de Informativos de los medios de comunicación públicos valencianos, un órgano fundamental para garantizar la pluralidad informativa y proteger el trabajo de los periodistas. También, nos preocupa el desmantelamiento del servicio de documentación de À Punt, sin el cual es casi imposible ofrecer un servicio de calidad. Estamos constatando también el paulatino retroceso de la presencia del valenciano en la parrilla de programación de la radio y la televisión públicas, ya que los medios de comunicación públicos tienen como una de sus funciones esenciales la promoción del valenciano, tal y como se recoge en nuestro Estatuto de Autonomía de 1983. Estos cambios se producen en aplicación de la nueva Ley 2/2024, de 27 de junio, de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana S.A., que ha derogado la Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat Valenciana, del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico.
Creemos necesario recordar que la aprobación de la Ley 6/2016, que hizo posible la recuperación de los medios de comunicación públicos valencianos, À Punt Mèdia, tras el traumático e irracional cierre de RTVV el 29 de diciembre de 2013, fue posible sin ningún voto en contra de los partidos políticos que ocupaban entonces los asientos de las Cortes Valencianas. Es evidente que desde entonces han cambiado mucho las cosas. Para empezar, el sistema mediático es mucho más complejo que hace una década, con la expansión de las redes sociales y la multiplicación de pantallas, que han modificado profundamente las formas de consumo audiovisual y de información. Lenta, pero inexorablemente, hemos asistido a la configuración de un sistema mediático en el que las redes sociales han pasado a tener un papel protagonista, responsable del auge de la desinformación, de la multiplicación de los discursos de odio y de una creciente confusión entre información y opinión que parece haberse apoderado del periodismo. Recordemos, en este sentido, que algunas redes sociales como X (twitter) o Meta (facebook), con el empuje de sus propietarios Elon Musk y Mark Zuckerberg, han eliminado los fact-checkers con la excusa de proteger la mal llamada “libertad” de los ciudadanos en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, siguiendo el empuje del trumpismo. De este modo se han levantado las bases idóneas para la construcción de un ecosistema mediático polarizado.
Siguiendo la estela de instituciones como la UNESCO, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa llevan dos décadas dictando instrucciones, directivas y recomendaciones a los gobiernos europeos para combatir la desinformación, despolitizar la gobernanza de los medios públicos y promover la alfabetización mediática. Esta larga trayectoria de la Unión Europea ha culminado con la publicación del Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, también conocido como “Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación”, que entró en vigor el pasado 7 de mayo de 2024, casi dos meses antes de la aprobación de la Ley 2/2024 de la Corporación Audiovisual Valenciana S. A.
Debemos llamar la atención sobre el Artículo 5.2 del Reglamento Europeo, sobre “Salvaguardias del funcionamiento independiente de los prestadores del servicio público de medios de comunicación”, en el que se señala, con mucha claridad y rotundidad, que “... el responsable de la gestión y los miembros del consejo de administración de los prestadores del servicio público de medios de comunicación serán nombrados siguiendo procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios, y criterios transparentes, objetivos, no discriminatorios y proporcionados, establecidos de antemano a nivel nacional...”. En el mismo artículo se señala que “las decisiones de destitución del responsable de la gestión o de los miembros del consejo de administración de los prestadores del servicio público de medios de comunicación antes de que expiren sus mandatos estarán debidamente justificadas, únicamente podrán adoptarse con carácter excepcional cuando dejen de cumplir las condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones con arreglo a criterios establecidos de antemano a nivel nacional, estarán sujetas a notificación previa a las personas a las que afectan y preverán la posibilidad de control judicial.”
De este modo, el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación prohibe la interrupción de los mandatos de presidentes/as y consejeros/as de los medios de comunicación públicos, con el fin de impedir que sean los gobiernos de turno quienes cambien a los equipos directivos de las radiotelevisiones, con el fin de ejercer un control político sobre los mismos. También hay que destacar que el Reglamento Europeo fue aprobado con una mayoría cualificada del Parlamento Europeo, con los votos favorables de los socialdemócratas y del partido popular europeo. No obstante, la nueva Corporación Audiovisual Valenciana S.A., en virtud de la Ley 2/2024, tiene un nuevo Consejo de Administración, presidente y director general que han sido directamente designados por el Consejo de Gobierno de la Generalitat y por una mayoría simple del parlamento valenciano, sin atender las prescripciones de la normativa europea referida.
En este punto, conviene recordar que el nombramiento del presidente de la extinta Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Miquel Francés, en el marco de la Ley 6/2016, requirió la preparación de un proyecto de gestión para dirigir la Corporación, que tuvo que pasar un proceso de selección y de defensa pública, primero ante el Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana, y después ante la Comisión parlamentaria de RTVV y del Espacio Audiovisual valenciano. Asimismo, los miembros del Consejo Rector (equivalente al actual Consejo de Administración de CAVSA) tuvieron que defender su idoneidad curricular ante la citada Comisión, como es el caso de los dos consejeros del Consejo Rector, Lola Bañón y Javier Marzal, propuestos por el Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana. En marzo de 2023, ni el expresidente ni los dos consejeros propuestos recibieron votos en contra de ninguna formación política. En el momento de la extinción de la CVMC, el pasado 11 de marzo de 2025, estos directivos de À Punt no habían llegado a cumplir un tercio de unos mandatos en vigor para un periodo de seis años, hasta abril de 2029.
Así pues, la presentación de un escrito ante Presidencia de la Generalitat, al que se refiere el artículo de eldiario.es, tiene como objetivo denunciar ante la sociedad la politización de los medios de comunicación públicos valencianos, así como la vulneración del marco normativo europeo, al que se han de someter todas las administraciones y gobiernos, estatales o regionales. Aunque la Ley 2/2024 de creación de la CAVSA señale en su preámbulo que la nueva corporación nace para garantizar la pluralidad y la independencia de los medios de comunicación públicos, lo cierto es que todas las medidas que se han venido adoptando en las últimas semanas por la nueva dirección contradicen radicalmente esos principios.
Desde el mundo académico y desde los sectores profesionales de la comunicación –del periodismo, de la comunicación publicitaria y del sector audiovisual–, venimos señalando, desde hace años, la necesidad de proteger los medios de comunicación públicos del control de los partidos políticos, una tendencia que se está produciendo en muchos territorios de nuestro país, incluso a nivel estatal. Es imposible gestionar con profesionalidad los medios de comunicación públicos en estas condiciones. Y en este sentido, conviene recordar que los medios de comunicación públicos deben servir para garantizar la pluralidad, la independencia y el rigor de la información, así como un entretenimiento de calidad. Porque en cualquier sociedad desarrollada, los medios públicos son el motor de las industrias culturales y creativas del territorio, y una fuente de progreso y riqueza de primer orden.
En suma, se olvida con demasiada frecuencia que los medios de comunicación públicos son esenciales para la salvaguarda de nuestro sistema democrático y para la convivencia ciudadana. En estos momentos es más necesario que nunca buscar un clima de acuerdos y consensos, en el que los medios públicos no deben utilizarse como arma arrojadiza. Algo que deberíamos haber aprendido del cierre de RTVV en 2013, un episodio que no nos podemos permitir el lujo de repetir. Los valencianos y valencianas no nos lo merecemos.
*Miquel Francés, expresidente de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Lola Bañon y Javier Marzal, exconsejeros del Consejo Rector de la CVMC, a propuesta del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana