Los derechos humanos machacados

Como cada año, Amnistía Internacional publica por estas fechas su informe sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo. Como cada año, nos quedamos atónitos por la magnitud del desastre.

A lo largo de 2025, estos derechos han sido angustiosamente saqueados y este año tres figuras políticas sobresalen en esta embestida: Trump, Putin y Netanyahu, que se han lanzado a la conquista del dominio económico y político sin medida matando, silenciando a la disidencia, reprimiendo las protestas y fomentando los delitos de odio. Y esa represión propicia el miedo a alzar la voz contra el poder inclemente.

Convendría aclarar antes de proseguir que los derechos humanos son universales e inalienables. Son los derechos civiles y políticos (que incluyen el derecho a la vida, igualdad ante la ley, libertad de expresión, no tortura y derecho a un juicio justo). Derechos económicos, sociales y culturales - relacionados con las condiciones de vida y bienestar (derecho a la educación, trabajo, salud, vivienda digna y alimentación). Derechos de solidaridad, enfocados a la cooperación entre naciones y el entorno colectivo e incluyen el derecho a la paz, a un medio ambiente sano y al desarrollo. Finalmente, los derechos que incumben a la era digital, relacionados con el acceso a la tecnología e incluyen la privacidad de datos.

Desgraciadamente, las prácticas autoritarias se han intensificado en todo el mundo y la discriminación de toda índole campa a sus anchas, racial, de género, de etnia… Las crisis económicas, provocadas por los conflictos, agravan la situación de vulnerabilidad de las personas más desfavorecidas. La inflación vacía los bolsillos de las personas y de los Estados.

Deficiente protección contra los malos tratos, inseguridad jurídica, servicios médicos deficientes, restricciones de libertad de expresión… 

Y aquí en casa, ¿cómo están los derechos humanos?

Veamos algunos casos deficientes.

Se han seguido ejecutando miles de desalojos, La vivienda ha sido un derecho históricamente desprotegido en España y se ha considerado un bien de consumo e inversión en lugar de un derecho humano. El parque de vivienda social apenas supone un 3,4% del total y los precios de la vivienda se sitúan en máximos históricos, y aunque la Ley Estatal de Vivienda introdujo herramientas como la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, su aplicación sigue siendo limitada, lo que reduce su impacto real frente a la subida de precios y la precariedad residencial. Lo cierto es que desde 2023 el Gobierno ha anunciado la construcción de 267.000 viviendas… pero no.  

¿Y qué decir de la violencia de género? 46 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas y 15 de otros individuos durante el año. Dos niñas y un niño fueron víctimas de homicidio en el contexto de la violencia de género. Todos los centros de crisis NO funcionan las 24 horas por lo que No pueden ofrecer apoyo integral ni garantizar acceso efectivo a las víctimas. Abordar la violencia de género como problema estructural implica adoptar políticas públicas integrales que actúen sobre sus causas profundas, transformando los patrones socioculturales y los estereotipos de género. 

Duele recordar el desgraciado episodio del cribado de cáncer de mama en Andalucía. Un fallo en el sistema de cribado de cáncer de mama en Andalucía (2024-2025) provocó que unas 2.000 mujeres con mamografías dudosas no fueran avisadas a tiempo para pruebas de seguimiento, provocando retrasos diagnósticos y tratamientos más agresivos. La Junta admitió el error. La falta de seguimiento oportuno causó que algunas pacientes desarrollaran cáncer en estadios más avanzados, necesitando tratamientos más agresivos y empeorando el pronóstico. La Fiscalía Superior de Andalucía dictó el archivo de las denuncias presentadas contra altos cargos de la Junta por presuntas deficiencias en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Tras practicar las diligencias previas, el decreto concluyó que no existen indicios penales contra las personas aforadas señaladas. La Fiscalía decidió remitir las actuaciones a las fiscalías provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería. Un total de 22 mujeres a las que no se les comunicó que tenían lesiones sospechosas han desarrollado cáncer de mama. El sistema público de sanidad sigue sin ser una prioridad y no garantiza todavía de manera inequívoca el derecho a la salud para todas las personas, sin permitir ninguna forma de discriminación.

Otro tema doloroso. En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resolvió que fue ilegal la devolución a Marruecos de migrantes interceptados en el mar en torno al enclave de Ceuta sin garantías o sin el debido proceso. En cuanto a los derechos de los menores refugiados y migrantes se han visto amenazados en Canarias y Ceuta. En lo concerniente a la migración y refugio falta información sobre sus derechos, incluido el derecho a solicitar asilo y es notoria la ausencia de asistencia letrada y de interpretación de calidad. 

Seguimos.

Tras las inundaciones que causaron la muerte de 238 personas en octubre de 2024, principalmente en la Comunidad Valenciana, ni el gobierno de la Comunidad Valenciana ni el gobierno central cumplieron ciertos compromisos expuestos en los planes de reconstrucción elaborados tras el desastre:  un plan local de prevención del riesgo de inundaciones y la reforma de la normativa nacional sobre la gestión del riesgo de inundaciones. La crisis climática tiene un impacto cada vez mayor en el ejercicio de los derechos humanos en España, especialmente cuando se producen fenómenos meteorológicos extremos que afectan especialmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Estamos todavía a vueltas con la “ley mordaza”, esperando su modificación. Amnistía Internacional mantiene su exigencia de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 en España pues vulnera derechos. Desde su entrada en vigor se han impuesto cientos de miles de sanciones por infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana, la mayoría por desobediencia o faltas de respeto a la autoridad, lo que puede tener un efecto disuasorio sobre la protesta. Pero no queda ahí la cosa: se han abierto procesos penales contra activistas climáticos, defensores/as del derecho a la vivienda o artistas por expresiones críticas. 

Debemos tener presente que demasiados Estados han intensificado los conflictos armados, no han impedido las injusticias económicas y han disminuido las ayudas humanitarias. El autoritarismo aumenta y se echa en falta una voluntad internacional para frenar abusos. 2025 confirma una tendencia preocupante a la persistencia de conflictos y a la creación de nuevos. La intensidad bélica global fomenta un gasto militar récord. Estados Unidos sigue en el número uno, pero Europa ha experimentado un fuerte incremento y España entra en el ránking de los quince países con más gasto militar mundial, en el puesto 15. Por el contexto geopolítico las ventas de las 100 mayores empresas de armas del mundo crecen de manera vertiginosa. El rearme europeo abre una época de esplendor para el negocio de armas y crea un mercado multimillonario alrededor de la defensa. ¿Y qué consecuencias tienen estas inversiones? Gastar el dinero público para armamento en detrimento de las necesidades básicas de los países porque la industria de defensa depende de decisiones gubernamentales: la inseguridad pasa a ser un argumento político y una oportunidad de ganancias industriales millonarias en equipamientos, en software, IA, datos… Y ¿cómo se decide ese gasto, quién lo fiscaliza, cuántas empresas se ponen las botas?

Finalmente, ¿qué pasa con la tecnología, la vigilancia y los derechos digitales? La falta transparencia, la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y la ausencia de controles independientes plantean serias dudas sobre cómo se sitúan los derechos humanos en España en relación con los estándares internacionales. La Ley de Secretos Oficiales impide investigar violaciones de derechos humanos, oculta información de manera discrecional y no se ajusta a los estándares democráticos. Aunque se han aprobado normativas como la Ley de Información Clasificada en 2025 para intentar actualizar el marco, las críticas sobre la falta de transparencia persistían en 2026.

Nos falta un buen trecho por recorrer en el camino hacia los derechos humanos.

Protestan los docentes en huelga para conseguir mejoras salariales, bajada de ratios, más recursos, reducción de carga de trabajo burocrático, seguridad… Protestan los médicos para conseguir un Estatuto Marco exclusivo para la profesión médica que regule sus peculiaridades laborales, reforma de las guardias, límites horarios, protección frente a agresiones… Protestan policías y guardias civilesexigiendo ser reconocidos como profesión de riesgo, equiparación salarial con las autonomías y aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación, dotación de material como chalecos antibalaje, protección jurídica y física frente a agresiones…

Mucho falta, sí, y en tantos frentes. De los docentes depende la educación de las nuevas generaciones. De los médicos depende nuestra vida. De las fuerzas y cuerpos de seguridad depende, exactamente, nuestra seguridad.

En España existe un plan Nacional de Derechos Humanos - en realidad es el segundo (2023-2027), que da continuidad al primero (2008-2012) – y cuenta con cuatro ejes de actuación, 16 objetivos generales y un total de 421 medidas concretas con el objetivo de garantizar derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, combatir los delitos y discursos de odio, luchar contra la trata y la explotación sexual y cuidar la salud también ante el cambio climático. 

Sin embargo, los desafíos estructurales son significativos. 

No todo es hacer planes sino cumplirlos. 

¿Qué pasa con las promesas? 

La realidad es tozuda y una cosa es prometer y otra cumplir con los derechos humanos.