Este ha sido un verano terrible. Terrible. De fuegos reales y cruzados, de episodios donde el odio ha protagonizado la narrativa, de masacres que ocurren con total impunidad alrededor del mundo, de la continuidad de un genocidio retransmitido en directo y de crisis permanentes sin foco de atención ni compromiso de resolución. En medio de todo ello, algo que se escapa de toda lógica:
En un contexto en que millones de personas sufren las consecuencias de los conflictos armados, los desastres naturales provocados por la crisis climática y los retrocesos en sus derechos más básicos, se multiplican las trabas al apoyo humanitario e incluso los ataques a quienes ejercen esta labor junto a organizaciones locales. Así lo corroboran los datos del Aid Worker Security Database: en lo que va de año, 265 personas trabajadoras humanitarias han sido asesinadas; 173 de ellas por el ejército israelí en Palestina. El año pasado la cifra total de muertes ascendió a 383; de ellas, 181 eran de Gaza. Nunca antes se habían alcanzado tales cifras.
Los países en conflicto, pero también otros muchos, están imponiendo leyes que limitan y persiguen la labor de las organizaciones que defienden los derechos humanos. Países como Nicaragua, Perú, El Salvador, Guatemala, Hungría o Kenia cuentan con normas que limitan el trabajo de las ONG internacionales que trabajan con organizaciones locales en defensa de procesos de paz, democracia, protección de los territorios y los bienes comunes, de la igualdad de género y la garantía general de derechos. El caso de las restricciones impuestas por Israel en el trabajo que se realiza en Palestina es uno de los más severos en este momento.
Resulta paradójico e inadmisible que en el momento en que más se necesita el trabajo en defensa de los derechos humanos, la paz y la cooperación para el desarrollo, más se está persiguiendo, atacando o menoscabando. Lo hemos visto también en nuestro territorio: por primera vez en 10 años, en 2025 se ha producido un recorte del 5% en las políticas públicas de cooperación de la Generalitat Valenciana, esto son, 3,6 millones de euros que se han dejado de invertir en apoyar a las personas que viven en crisis permanentes de pobreza, conflictos y catástrofes. Para apreciarlo con perspectiva, sepan que el presupuesto actual que dedica el gobierno autonómico a cooperación no supera los 14€ anuales por habitante. Vamos, lo que cuesta un esmorzar.
En el día de las personas cooperantes queremos recuperar esos sentidos comunes perdidos entre debates y discusiones virtuales donde el ruido manda. No podemos aceptar como normal que el personal cooperante y las organizaciones sociales sean perseguidas en distintos lugares del planeta por su papel en la defensa de los derechos humanos, ni tampoco que se debilite un sector que trabaja incansablemente por garantizar los recursos vitales que sustentan a millones de personas atrapadas en zonas de guerra y desastres, como es el de la cooperación internacional.
El trabajo que realizan las organizaciones de los países con el apoyo de la cooperación internacional y de las personas cooperantes en lugares que sufren graves conflictos, como Sudán del Sur, Ucrania, Siria, Yemen, Palestina, la región del Sahel o Centroamérica, es fundamental. La cooperación para el desarrollo fortalece la prevención de conflictos, contribuye a la reparación del tejido social, y promueve una paz duradera a través de la participación, la justicia, la cohesión social y la protección de derechos.
Si este nuevo orden de las cosas -basado en ataques, persecución y cuestionamientos- va en contra de la defensa firme de los derechos humanos, me declaro contrario a toda lógica.